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La responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital ante la injerencia de la junta general en la gestión social

La responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital ante la injerencia de la junta general en la gestión social

por Gerard Correig Partner de Cuatrecasas

Guido S. Adlaoui. Abogado de Cuatrecasas

 

 

SUMARIO

 

-Introducción: la intervención de la Junta General en asuntos de gestión social

-El sistema de responsabilidad por daños del órgano de administración: actuaciones y mecanismos de protección

-Las instrucciones de la matriz a los administradores de una sociedad filial en el contexto de un grupo de sociedades

 

 Contrariamente a cuanto ocurre en otros ordenamientos jurídicos, en España el grado de injerencia de la junta general en los asuntos de gestión social es más laxo, aunque los administradores de las sociedades de capital pueden quedar sometidos a las instrucciones o decisiones de la junta general en materia de gestión social en determinadas circunstancias

1.- Introducción: la intervención de la Junta General en asuntos de gestión social

 

En efecto, el artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital (la “LSC”), en su redacción dada por la Ley 31/2014 de mejora del gobierno corporativo, posibilita que, salvo disposición contraria de los estatutos sociales, la junta general de las sociedades de capital pueda impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la adopción de acuerdos o decisiones sobre asuntos de gestión. Ello obliga a preguntarse sobre el régimen de responsabilidad por daños que se pueda derivar para los administradores, que, en ejecución de instrucciones dictadas por la junta general, generen un daño o un perjuicio a la sociedad que administran, sobre todo si se tiene en cuenta que las instrucciones impartidas por la junta son, en principio, de obligado cumplimiento para el órgano de administración[1].

 

Mientras que ante el mismo supuesto de hecho algunos ordenamientos jurídicos optan por una exoneración de responsabilidad del órgano de administración, la LSC en su artículo 236.2 prevé que en ningún caso se exonere de responsabilidad a los administradores, debiendo responder éstos frente a la sociedad por decisiones dañinas, aunque haya habido instrucciones, autorización o ratificación por la junta general. La aplicación de este artículo ha dado pie a diferentes interpretaciones o posicionamientos y no queda claro todavía si existe un régimen de responsabilidad solidaria junto con los socios que han impartido las instrucciones que han derivado en la adopción de un acuerdo lesivo para la sociedad (siendo discutible en este sentido la consideración de los socios que imparten instrucciones como administradores de hecho u ocultos en los términos del artículo 236.3 de la LSC). El Profesor Cándido Paz- Ares se hacía eco del posicionamiento doctrinal que defendía una derogación del régimen previsto en el antecedente del artículo 236.2 de la LSC, el artículo 133.3 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, proponiendo, inspirándose en el modelo alemán, que la responsabilidad de los administradores quedara excluida cuando el acto dañino se realizara en ejecución de un acuerdo firme de la junta general, a menos que el administrador, actuando en contra de sus deberes, contribuyera a la adopción del acuerdo o dejase transcurrir el plazo para su impugnación[2]. Por otra parte, el Código civil italiano, en consonancia con el modelo seguido por la LSC, no excluye la responsabilidad del órgano de administración, pero prevé expresamente, en sede de sociedad limitada, una responsabilidad solidaria de los socios que intencionalmente han decidido o autorizado el cumplimiento de los actos dañinos.

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