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La responsabilidad solidaria de la persona física representante del administrador persona jurídica: extensión al ámbito concursal

La responsabilidad solidaria de la persona física representante del administrador persona jurídica: extensión al ámbito concursal

Manuel García-Villarrubia. Socio de Uría Menéndez

Adrián Jareño. Abogado de Uría Menéndez

 

La introducción en nuestro ordenamiento de la responsabilidad solidaria de la persona física representante del administrador persona jurídica planteó, de inicio, una serie de debates, en su mayoría superados. Sigue abierto, no obstante, el relativo a su extensión al ámbito concursal y si puede considerarse a tal sujeto persona afectada por la calificación. La respuesta a esta cuestión es incierta, como se refleja en la división existente en nuestra doctrina científica y en la práctica judicial.

 

Sumario

1          Introducción: alcance de la reforma

2          Fundamento de la extensión del régimen de responsabilidad

3          La persona física representante del administrador persona jurídica y la sección de calificación del concurso

 

 

 

1.            Introducción: alcance de la reforma

 

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (“Ley 31/2014”), introdujo un apartado 5 en el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) con el siguiente tenor literal: “La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador”.

Por primera vez nuestro Derecho positivo daba así respuesta expresa a la cuestión relativa a la responsabilidad de la persona física designada representante de una persona jurídica administradora. La Ley 31/2014 no fue el primer intento del legislador sobre este particular. Ya el Proyecto de Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas (“Ley 25/2011”), incluía esa previsión en el apartado 2º del artículo 212 bis de la LSC. Sin embargo, dicho apartado 2º fue suprimido al acogerse la enmienda nº 16 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió[1]. Enmienda, por cierto, cuya justificación no difería a grandes rasgos de la que tan solo tres años después formularía el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia al apartado 5 del artículo 236 y que, en cambio, fue rechazada.

La Ley 31/2014, ajustándose a la propuesta contenida en el Estudio de la Comisión de Expertos en Materia de Gobierno Corporativo de 14 de octubre de 2013, opta por introducir la responsabilidad solidaria de la persona física dentro del capítulo V (“la responsabilidad de los administradores”) del título VI (“la administración de la sociedad”) de la LSC. Se aparta así de la opción elegida por el Proyecto de la Ley 25/2011, que incluía la responsabilidad solidaria de la persona física dentro del Capítulo II, de “los Administradores”[2], y que no era irrazonable en atención al contenido del precepto.

2.            Fundamento de la extensión del régimen de responsabilidad

A través del apartado 5 del artículo 236 LSC se equipara a la persona física designada representante con la persona jurídica administradora a la que representa en el plano de los deberes y la responsabilidad derivada de su incumplimiento.

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