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Las medidas cautelares en el orden civil

Las medidas cautelares en el orden civil

Por Andrea Aragall Servitje, Cristina Ramon Garcia y Almudena Carneros Ruíz. Abogadas del Área de Litigación y Arbitraje, Cuatrecasas

 

 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) no es ajena a la prolongada e inevitable duración de todo procedimiento judicial, lo que puede poner en riesgo, incluso llegar a mermar por completo, el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución Española. La LEC dedica el Título VI del Libro III (arts. 721 a 747 LEC) a regular el procedimiento de medidas cautelares mediante el que se pretende garantizar que la eficacia de una sentencia estimatoria no se vea frustrada por la duración del procedimiento, y en concreto, por las situaciones que se puedan producir durante la pendencia del mismo. En las páginas siguientes abordaremos brevemente las principales características y las cuestiones de mayor relevancia e interés sobre la regulación de las medidas cautelares. Por último, presentaremos un sencillo formulario que pueda servir de base para su solicitud.

 

 

ÍNDICE:

  1. Características
  2. Tipos
  3. Procedimiento de solicitud
  4. Alzamiento en caso de sentencia absolutoria

 

 


  1. CARACTERÍSTICAS

Las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria, «de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente» (art. 726.1.1ª LEC). La medida cautelar es, así, accesoria al procedimiento principal y, por consiguiente, sólo tendrá sentido mientras que el mismo esté pendiente y deberá alzarse una vez este finalice[1]. Según la doctrina, ello no significa que la medida cautelar tenga una «permanencia indiscriminada» y que necesariamente deba mantenerse hasta la terminación del proceso. Del mismo modo, tal y como expondremos más adelante, es posible que una medida cautelar concedida inicialmente sea revocada, o que una medida cautelar rechazada inicialmente sea posteriormente aceptada. Todo ello dependerá de las circunstancias que concurran en cada momento durante la tramitación del procedimiento, lo que se debe al carácter instrumental de la medida cautelar (arts. 743 a 745 LEC)[2].

 

Asimismo, las medidas cautelares deben ser idóneas y proporcionales. En otras palabras, la medida cautelar que se pretenda debe ser la adecuada para garantizar la efectividad de la tutela judicial pretendida, y no puede ser susceptible de sustitución por otra medida igual de eficaz pero menos gravosa para el demandado (art. 726.1.2ª LEC). Esta cuestión no es baladí puesto que la falta de idoneidad es una causa habitual de desestimación de las medidas cautelares.

 

  • TIPOS

 

El legislador ha optado por un sistema abierto de medidas cautelares, de manera que el juzgador podrá acordar cualquier medida cautelar que sea adecuada para asegurar la tutela judicial que se pretende (art. 726.1 LEC). Así se desprende de la propia exposición de motivos de la LEC (apartado XVIII) dónde se indica que se opta por un «régimen abierto de medidas cautelares y no un sistema de número limitado o cerrado», lo que ha sido expresamente reconocido por nuestros tribunales[3].

 

Dicho lo anterior, la LEC distingue las medidas cautelares «genéricas» o «conservativas», que persiguen la efectividad de la tutela judicial que se acuerde en una eventual sentencia estimatoria (art. 726.1.1ª LEC), de las medidas denominadas «anticipatorias», que van más allá y permiten «órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte» (art. 726.2 LEC). Según la jurisprudencia, las medidas anticipatorias «deben perseguir el aseguramiento ad limine de que la sentencia resultante de un juicio ordinario será ejecutable, [lo] que va más allá del mantenimiento del status quo que existía al iniciarse la demanda»[4]. Asimismo, «garantiza[n] la efectividad del derecho accionado, no tanto porque faciliten que en su día pueda asegurarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, ‘prima facie’, se presenta como antijurídica, y que por tanto se agrave el daño que se está causando»[5].

 

La LEC prevé también un catálogo de medidas cautelares específicas que podrán acordarse, «entre otras» (art. 727 LEC). Dicho catálogo no limita al juzgado o tribunal en cuanto al tipo de medida que podrá acordarse, sino que según nuestra doctrina tiene el «objeto de guiar a los tribunales y evitar que la indeterminación les produzca el denominado miedo al vacío»[6].

 

  • PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

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