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Las medidas cautelares en el orden social

Las medidas cautelares en el orden social

Por Isabel Moya. Blanca Liñan. Abogadas de Laboral de Pérez-Llorca

 

 Las medidas cautelares en sede social, al igual que en las restantes jurisdicciones, no son sino una herramienta creada para asegurar la efectividad de la tutela judicial. Así, se caracterizan por ser medidas instrumentales y de naturaleza provisional que no constituyen un fin en sí mismas, sino que están intrínsecamente ligadas a una resolución judicial cuya práctica fructífera tratan de asegurar.

El Tribunal Constitucional[1] ha venido explicando con claridad dicha finalidad estableciendo que “todas las medidas cautelares responden a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial, esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede (contra lo dispuesto en el artículo 24.1 CE) desprovisto de eficacia”. En el ámbito social, esta finalidad sigue siendo el elemento clave a la hora de solicitar, y que un juez acuerde, una determinada medida cautelar.

 

Sumario

Características

Tipos

Procedimiento de solicitud

Alzamiento en caso de sentencia absolutoria

 

 

  • Características

A estos efectos, la LRJS viene a establecer que pueden interesarse, tanto por el trabajador como por la empresa, pero siempre de forma motivada, la adopción de cualesquiera de las mediadas ahí previstas, en un momento previo a dictarse sentencia y siempre que concurran razones de urgencia o que la espera hasta la celebración del acto del juicio oral pueda comprometer el buen fin de la medida cautelar.

Así, no debemos olvidar que los principios característicos a los que ha de responder la solicitud de medidas cautelares para que esta puede prosperar son: (i) la apreciación de un peligro por la mora procesal (periculum in mora) –que responde a eventualidades que podrían perjudicar al derecho material discutido en la Litis, convirtiendo en ilusoria una posible resolución estimatoria de esta–, (ii) apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) –que necesariamente implica que, sin prejuzgar el fondo del asunto, se pueda establecer un juicio provisional indiciario favorable a la pretensión que se pretende proteger a través de la tutela cautelar–; y (iii) caución –aspecto que en sede social es completamente accesorio y, como veremos, no exigible en todos los casos–.

La escasa regulación que existe sobre esta materia en el ámbito laboral se encuentra recogida en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (“LRJS”[2]) que, como primera aproximación, se remite a lo preceptuado en los artículos 721 a 742 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (“LEC”[3]), si bien adaptándose a las particularidades propias del proceso social.

TiposExisten a su vez particularidades concernientes a la impugnación de actos de Administraciones Públicas en materia laboral y de Seguridad Social, en los cuales se estará a lo dispuesto en los artículos 129 a 136 de la ley rectora de la jurisdicción contenciosa-administrativa (“LJCA”[4]).

Embargo preventivoLa aceptación del embargo queda supeditada al hecho de que el demandado realice actos de los que pudiera presumirse su voluntad de provocar su situación de insolvencia o impedir el cumplimiento de la sentencia. El solicitante en una audiencia previa convocada al efecto, deberá aportar soporte probatorio suficiente del citado periculum in mora.

A diferencia de lo estipulado en la LEC, el embargo preventivo además de solicitarse a instancia de parte –principalmente por el demandante, si bien, en caso de reconvención podrá requerirse por el demandado–, podrá acordarse de oficio por el órgano judicial, estando asimismo legitimado para su solicitud el Fondo de Garantía Salarial (“FOGASA”) –cuando pudiera derivarse su responsabilidad subsidiaria en términos dispuestos por el artículo 33 de Estatuto de los Trabajadores (“ET”[5])–.

En este contexto normativo, destaca como principal medida cautelar el embargo preventivo, si bien, como veremos, le acompañan otras medidas como son el embargo de bienes en supuestos de reclamaciones en materia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, la paralización de trabajos de existir riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, así como, otras tantas de naturaleza especial acordes a las particularidades de la jurisdicción social.

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