Publicidad
Inicio » Artículos destacados » ¿Qué debe hacer un abogado que quiere dilatar la ejecución de una sentencia laboral?
¿Qué debe hacer un abogado que quiere dilatar la ejecución de una sentencia laboral?

¿Qué debe hacer un abogado que quiere dilatar la ejecución de una sentencia laboral?

Por Emma Vicente y August Torà. Abogados del departamento laboral de JAUSAS.

No siempre la lentitud de la justicia hay que imputarla en el debe de los juzgados. A veces son las propias partes litigantes las que, conocedoras del atasco judicial, provocan que el proceso se dilate aún más, aprovechando resquicios legales que permiten un alargamiento “artificioso” del proceso.

1.    Introducción

“Una justicia lenta no es justicia”. En no pocas ocasiones hemos oído esta frase, incluso en boca de los ministros del ramo. En efecto, de nada sirve tener una sentencia condenatoria al pago de una cantidad si cuando la vamos a ejecutar han desaparecido los bienes del condenado. Pero esta lentitud no es sólo patrimonio de la justicia española, sino que también afecta a otros países de nuestro entorno; incluso instancias supraestatales y de alto prestigio se han visto afectadas negativamente por esta lentitud. A título de ejemplo podríamos citar el juicio por crímenes contra la humanidad del expresidente serbio Slovodan Milosevic, juzgado por el Tribunal Penal Internacional de la Haya. Milosevic fue detenido en junio de 2001 y falleció en La Haya en 2006, antes de la finalización del proceso. En este caso no se llegaron a establecer las responsabilidades penales de lo sucedido en la antigua Yugoslavia por fallecimiento del procesado.

Para evitar esta lentitud, es necesario dotar de los suficientes recursos económicos a la administración de justicia, a fin de que los procesos no se eternicen. Según las leyes procesales, los procedimientos judiciales deberían ir a velocidad de crucero, pero la realidad dista mucho de la teoría. Los plazos previstos tan sólo afectan a los que acuden a la justicia, pero no a los encargados de aplicarla. No hay sentencia que no diga, más o menos, “en el presente procedimiento se han respetado los plazos legales, excepto el de dictar sentencia por acumulación de expedientes”.

Pero no siempre la lentitud de la justicia hay que imputarla en el debe de los juzgados. A veces son las propias partes litigantes las que, conocedoras del atasco judicial, provocan que el proceso se dilate aún más, aprovechando resquicios legales que permiten un alargamiento “artificioso” del proceso. Pero este alargamiento no es tan sólo propio de la fase previa a la celebración del juicio; también es posible demorar la ejecución de la sentencia. El condenado rara vez cumple lo sentenciado de manera voluntaria, por lo que se ha de acudir a la vía ejecutiva para restablecer el derecho violado; y es en esta fase en donde el obligado al pago, gracias a la paralización endémica que sufren los juzgados, encuentra terreno abonado para retrasar el cumplimiento de las obligaciones que le impone el fallo de una sentencia. 

2.    Medios de dilación en la jurisdicción social

La jurisdicción social (o laboral dicho en términos más coloquiales) no es ajena a esta realidad. Cuántas veces hemos asistido a una suspensión de la vista oral (juicio), con la excusa de estar negociando un acuerdo conciliatorio. Si esto es así en la fase previa, con más razón las empresas condenadas tratan de que las sentencias se ejecuten lo más tarde posible. No obstante, y por las razones que se dirán, la peculiaridad del procedimiento laboral hace mucho más complicado y complejo este alargamiento.

A grandes rasgos podríamos decir que hay dos tipos de sentencias: las que condenan a “hacer” y las que condenan a pagar. A título de ejemplo entre las primeras, se encontrarían las relacionadas con vacaciones, movilidad funcional o geográfica, declaración de derechos, etc. Entre las segundas se encontrarían aquellas en las que se condena al empresario a abonar unas cantidades en concepto de salarios, o de indemnización por despido. Nos vamos a referir a estas segundas por cuanto afectan directamente al patrimonio del empresario y son, en general, aquellas cuya ejecutividad se pretende retrasar. No obstante, hemos de advertir que en la jurisdicción social las dilaciones no son fáciles de conseguir, por cuanto la condena dineraria incide directamente en algo tan esencial para el trabajador como son los recursos económicos para hacer frente a los aspectos más vitales de su vida y la de su familia. Por lo tanto, a medida que transcurre el tiempo, la necesidad de percibir ingresos se va transformando en urgente. Las leyes laborales, conscientes de este problema, también han instaurado sus propios mecanismos de defensa para evitar un pago tardío, o que un retraso en la ejecución pueda convertirse en papel mojado si la empresa entra en insolvencia. 

Una de las singularidades del proceso laboral es que cuando hay una sentencia condenatoria dineraria, si se pretende recurrir, es necesario avalar o depositar el importe de la condena ante el mismo juzgado que ha dictado la sentencia. El plazo para realizar este depósito es de tan solo cinco días hábiles. En no pocas ocasiones, el empresario se encuentra frente a una auténtica carrera de obstáculos si ha de cumplir con este perentorio plazo. En condenas económicas de cierta entidad, pueden presentarse problemas puntuales de tesorería que pueden afectar al propio proyecto empresarial, como el pago a proveedores, pago de salarios, etc. Una manera de alargar este período es solicitar una aclaración de la sentencia. Los juzgados suelen resolver esta aclaración en un plazo de entre tres y cuatro semanas, tiempo en el que la empresa condenada puede demorar el depósito de este importe. La aclaración de sentencia es una argucia legal utilizada muchas veces por empresas con dificultades de tesorería, con la finalidad de disponer de un plazo adicional para encontrar los suficientes recursos económicos para depositar el importe de la condena y poder recurrir la sentencia.

La interposición de los recursos denominados devolutivos (aquellos que deben ser resueltos por un órgano judicial superior) también tiene como efecto retrasar la ejecución. La interposición de un recurso de suplicación frente a la sentencia de instancia que debe ser resuelta por el Tribunal Superior de Justicia puede duplicar el tiempo de duración del proceso judicial. Así, la parte que ha resultado vencedora en la primera instancia debe esperar a que el Tribunal Superior se pronuncie antes de ver satisfechas sus expectativas. 

El resto del contenido es exclusivo para suscriptores

Inicie sesión si usted ya es suscriptor o  si aún no lo es Suscríbase aquí .

Contenidos relacionados

Ver Todos >>

¿Puede mi expareja prohibirme hacer planes con mis hijos este verano?

¿Puede mi expareja prohibirme hacer planes con mis hijos este verano?

Anna Salort, especialista en Derecho de Familia en ABA Abogadas. Al llegar las vacaciones, muchos padres separados organizan diferentes planes con sus hijos. Esto, que normalmente no trae problemas, sí puede llegar a tenerlos si el otro progenitor se opone a ese plan. Pero, ¿puede tu expareja prohibirte hacer tus propios planes con tus hijos? Desde ABA Abogadas, la letrada ... Leer Más »

La economía colaborativa y el derecho del trabajo

La economía colaborativa y el derecho del trabajo

Por  Manel Hernàndez Montuenga. Socio y Director de Oficina de Barcelona de Sagardoy Abogados   EN BREVE: Bajo el concepto de economía colaborativa se incardinan nuevos modelos de organizaciones cuyo objetivo general es conectar diferentes tipos de demandas de servicios directamente con el proveedor de los mismos. El origen de este modelo está ligado a dos hitos muy concretos: la ... Leer Más »

A vueltas con el despido en situación de incapacidad temporal

A vueltas con el despido en situación de incapacidad temporal

Por Àlex Santacana i Folgueroles – Socio Departamento Derecho Laboral de Roca Junyent Hace pocos meses, el Juzgado Social 33 de Barcelona, sacudió al mundo laboral son su ya conocida sentencia de 23 de diciembre de 2016, en la que declaraba el despido de un trabajador en situación de incapacidad temporal (IT) como nulo, modificando con ello el criterio consolidado, salvo en ... Leer Más »

Las sociedades inactivas con deudas pueden cancelarse en el Registro Mercantil

Las sociedades inactivas con deudas pueden cancelarse en el Registro Mercantil

Fernando J. García –Socio Área Mercantil en AGM Abogados – Barcelona La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN Resoluciones de 29/4/2011 y 1/8/2016) tiene declarado que en el ámbito estrictamente registral no existe norma alguna que supedite la cancelación de los asientos registrales de una sociedad a que carezca de activo o a que haya sido previamente ... Leer Más »

El TS confirma la posibilidad de aplicación analógica de algunos pactos del contrato de agencia al contrato de distribución

El TS confirma la posibilidad de aplicación analógica de algunos pactos del contrato de agencia al contrato de distribución

Por Fernando J. García Socio Área Mercantil AGM Abogados – Barcelona Comentario a propósito de la TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 317/2017 de 19 mayo.   En nuestro sistema de Derecho español, los contratos de agencia disponen de una regulación específica en la Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre contrato de agencia. Sin embargo los contratos ... Leer Más »

Ver más contenidos en esta categoría >>

Logo Header Menu
Right Menu Icon