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¿Qué responsabilidad civil se puede pedir en internet?

¿Qué responsabilidad civil se puede pedir en internet?

Por Javier López, socio de ECIJA y Librado Loriente, asociado de ECIJA
 

 

Son múltiples las causas que pueden provocar que se genere responsabilidad civil, muchas de ellas con base en el Derecho privado y otras por mor de normativa administrativa o como consecuencia de la comisión de un delito. Por ello, vamos a analizar aquellas que se producen con más frecuencia en Internet, redes sociales, aplicaciones, etc., con independencia de que se haga en un ordenador o a través de dispositivos móviles.

 

 

1. Comercio electrónico

 

El comercio electrónico, como proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de dispositivos conectados a Internet, tiene una importancia creciente en nuestros días, lo que genera conflictos y, por tanto, la necesidad de una regulación adecuada que, por la propia naturaleza de Internet, excede las fronteras de cada país y, por tanto, debe existir armonización entre las diferentes normativas internacionales.

 

En España, las disposiciones aplicables son el derecho general de obligaciones y contratos del Código Civil (CC), el Código de Comercio (CCO), la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (LGCU), la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (LCSF) y la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (en adelante, LCGC).

 

En gran medida, estas disposiciones son una transposición de la normativa comunitaria en la materia, que, esencialmente, son la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DCE) y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores (DCU).

 

La validez y eficacia de los contratos electrónicos tiene su apoyo en los artículos 23-1 LSSI, 1262 CC y 54 CCO, que prevén que los mismos dispondrán de todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez, estableciéndose que en los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación; y que se regirán por dichas normas y, en especial, por las de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.

 

Aunque se aplica el principio de libertad de forma a los contratos celebrados por medios electrónicos, pueden surgir dudas en relación a su valor probatorio, a las exigencias legales para la válida celebración de contratos que precisen de una determinada forma y a las decisiones de las partes contratantes cuando por razones de seguridad jurídica se establecen previsiones sobre el soporte documental del contrato. Para resolver esta cuestión, el artículo 23-3 LSSI establece que siempre que la ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contienen en un soporte electrónico.

 

Este criterio vendría confirmado por otras normas, como la LCSF, que en materia de servicios bancarios, de crédito o de pago, servicios de inversión, operaciones de seguros privados y planes de pensiones, impone la obligación de que quede constancia de las ofertas y la celebración de los contratos en un soporte duradero (instrumento que permita al consumidor almacenar la información dirigida personalmente a él y que pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adecuado para los fines para los que la información está destinada y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada).

 

En consecuencia, a los contratos electrónicos se les aplica el régimen general de responsabilidad civil igual que se aplicaría a un contrato offline, tomando la prevención de que habrán de aplicarse también la LGCU, la LCSF y la LCGC (en particular, el derecho de desistimiento de los artículos 68 y siguientes) en el caso de que una de las partes tenga la condición de consumidor (contratos “B2C” o “Business-to-Consumer”), a diferencia de lo que ocurriría si la contratación es entre empresas (contratos “B2B” o “Business-to- Business”).

 

2. Prestadores de servicio

 

Si pretendemos abordar la responsabilidad civil aplicable a los prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información, debemos atender a lo dispuesto en los artículos 13 a 16 LSSI. Bajo la genérica expresión de “Servicios de la Sociedad de la Información” se engloba un amplio espectro de actividades por vía electrónica (contratación de bienes y servicios, suministro de información o la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios), que tienen como denominador común, la transmisión de información a través de las redes de telecomunicaciones.

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