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Reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información

Reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información

por Eulàlia Puig Fusté. Abogada Molins&Silva

 

En España, así como en el resto de países del primer mundo, el uso de las Tecnologías de la Comunicación e Información se ha generalizado. En la práctica totalidad de los hogares existen no sólo ordenadores, sino también teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos, cuyas aplicaciones y capacidad de almacenamiento superan o igualan a las de los primeros.

 

Asimismo, en el ámbito de las comunicaciones, es de destacar cómo la evolución de los dispositivos electrónicos ha propiciado la diversidad de tipologías de los mensajes. Ya no se trata únicamente de mensajes de texto SMS y correos electrónicos. Las distintas aplicaciones de mensajería instantánea permiten incluso el envío de notas de voz o de vídeos a uno o varios destinatarios simultáneamente.

 

En idéntico sentido, la “informática de bolsillo” se usa en numerosos ámbitos de la esfera privada de las personas: personal, familiar, de ocio, profesional, etc. A modo de ejemplo, podemos pensar en aplicaciones de ocio que registran actividades deportivas y, al mismo tiempo, determinan la posición exacta de una persona en un momento determinado mediante geolocalización. De este modo, un examen superficial de un smartphone ajeno permite conocer las páginas de internet que se han visitado, los productos que se han comprado online, las preferencias musicales de su usuario, etc. Además, la incorporación de cámaras de fotografía y video de alta resolución en los propios dispositivos electrónicos y la facilidad de su difusión contribuyen al almacenamiento masivo de todo tipo de imágenes y clips por parte de sus titulares.

 

SUMARIO:

 

-Introducción

 

-Contenido de la reforma. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información

 

-Propuesta para salvaguardar las garantías procesales: búsqueda ciega por palabras clave. Uso en otras jurisdicciones

 

 

 

 

I.              Introducción

 

Todo lo anterior ilustra que, en prácticamente todos los ámbitos, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en adelante, TIC), han cobrado la misma importancia o incluso más que el formato impreso. Se trata de una cuestión relevante, pues cuestiona la exclusividad y relevancia del soporte papel de las comunicaciones y documentos como objetivo principal de las entradas y registros.

 

La compleja naturaleza de toda la información almacenada en los dispositivos electrónicos ha motivado que el Tribunal Constitucional afirme que dicho contenido está dentro del ámbito de la intimidad constitucionalmente protegido. Así se recoge, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Constitucional número 173/2011, de 7 de noviembre: “Quizás, estos datos que se reflejan en el ordenador personal pueden tacharse de irrelevantes o livianos si se consideran aisladamente, pero si se analizan en su conjunto, una vez convenientemente entremezclados, no cabe duda que configuran todos ellos un perfil altamente descriptivo de la personalidad de su titular, que es preciso proteger frente a la intromisión de terceros o de poderes públicos, por cuanto atañen, en definitiva, a la misma peculiaridad o individualidad de la persona.”

 

A nadie escapa que la revolución tecnológica ha abierto numerosas posibilidades en materia de investigación y probática, tanto para la ciberdelincuencia como para el descubrimiento de delitos tradicionales. Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en las labores de seguimiento y vigilancia, así como en el análisis del contenido de los referidos dispositivos electrónicos de almacenamiento que se hubieren podido aprehender.

 

El examen forense de discos duros y equipos informáticos tras una entrada y registro o una detención se ha convertido en una práctica habitual por parte de los Juzgados de Instrucción. Piénsese, por ejemplo, en el reciente caso de la presunta violación perpetrada por cinco jóvenes en San Fermines cuya investigación se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona y en el seno de la cual se obtuvieron indicios determinantes tras el acceso a los dispositivos móviles de los investigados. Es más, el referido acceso facilitó el hallazgo de la grabación de otra agresión sexual que ha dado lugar a un nuevo procedimiento[1]. En efecto, es un caso de uso del contenido de los dispositivos electrónicos personales de los investigados como indicio en la investigación de un delito de agresión sexual.

 

No puede ignorarse que la evolución tecnológica también ha hecho avanzar los programas informáticos utilizados por los investigadores públicos y privados para interceptar y analizar toda la información contenida en los dispositivos electrónicos.

 

Esta realidad, como no podía ser de otro modo, también ha propiciado reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal destinadas a actualizar la desfasada regulación procesal y a preservar las garantías que el Tribunal Constitucional ha definido como determinantes de la validez del acto de injerencia[2]. Ello se ha llevado a cabo mediante la promulgación de la Ley Orgánica 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

 

II.1. Contenido de la reforma. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información

 

En cuanto al objeto del presente artículo, la Ley Orgánica 13/2015 ha modificado el Título VIII, anteriormente denominado “de la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la detención y apertura de correspondencia escrita y telegráfica” –nomenclatura evidentemente anticuada-, que pasa a rubricarse “De las medidas de investigación de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución” y a dividirse en diez capítulos hasta ahora inexistentes.

 

La nueva regulación recoge de manera sistematizada los presupuestos habilitantes para la adopción de este tipo de medidas de investigación que había ido forjando la jurisprudencia[3] a lo largo de los años.

 

Es especialmente relevante a los efectos que nos ocupan la redacción del nuevo capítulo IV, que contiene las disposiciones comunes aplicables a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la grabación y captación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos.

 

En él se detallan los principios rectores en esta materia: especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad [art. 588 bis a) LECrim]: “1. Durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de investigación reguladas en el presente capítulo siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

 

El principio de especialidad exige que una medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto. Se prohíben expresamente las medidas de investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva.

 

Ello se vincula indisolublemente con la prohibición de las denominadas investigaciones prospectivas, esto es, todas aquellas investigaciones generales sobre la conducta o actividades de una persona. En este sentido, es de aplicación la asentada jurisprudencia relativa a la interceptación de las comunicaciones que recoge, entre otras la STS núm. 1005/2010, de 11 de noviembre, en la que se pone de relieve que “el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva que surjan de los encargados de la investigación, ya que de otro modo se desvanecería la garantía constitucional (SSTC 49/1999, 14/2001, 148/2009 o la 26/2010)”.

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