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Rechazo a la defensa: objeción de conciencia

Rechazo a la defensa: objeción de conciencia

Nielson Sánchez-Stewart.  Abogado y presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del CGAE

 

En la edición 183 de esta revista aparece un bien documentado artículo sobre las posibilidades de renunciar a la defensa del cliente. Se insiste en que las funciones principales del Abogado son el asesoramiento o consejo jurídico y la defensa. Y que esas actividades se ejercen profesionalmente según proclaman el artículo 542 de la LOPJ y el 6 del Estatuto General de la Abogacía Española. Defender,  aplicando la ciencia y la técnica jurídicas.  Es consustancial con el oficio de abogar. El cliente acude al Abogado para que defienda sus intereses. El Tribunal Constitucional lo ha declarado en varias oportunidades.[1]

Se dice que las relaciones del Abogado y su cliente están basadas en la libertad del primero para aceptar o rechazar su intervención, según consagra el artículo 13.3 del Código Deontológico: “El Abogado tendrá plena libertad para aceptar o rechazar el asunto en que se solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión.” Derecho que también proclama el artículo 26 del Estatuto General de la Abogacía Española: “Los Abogados tendrán plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo (sic) en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente.”

 

En ejercicio de esa facultad, aceptado el encargo el Letrado puede, cambiando de idea,  dejarlo, y no sólo en los casos que señala el párrafo siguiente del mismo artículo 13.3 “cuando surjan discrepancias con el cliente” sino, en realidad, en cualquier caso, no solamente cuando existan estas discrepancias o se atente contra los principios de la profesión. Si el cliente puede, en cualquier momento, cambiar de Abogado, el Abogado puede, en cualquier circunstancia, dejar de actuar para el cliente.

 

En efecto, además del cumplimiento de la obligación de defensa que le es encomendada con el “máximo celo y diligencia, y guardando el secreto profesional”  –ex artículo 53 del Estatuto General de la Abogacía Española- existe “… la obligación, mientras esté asumiendo la defensa  de llevarla a término en su integridad.”[1] Llevar la defensa a término “en su integridad” no significa que no pueda renunciar a ella en cualquier momento. Lo que le está vedado es abandonarla. Mientras no liquide sus actuaciones con la conformidad del cliente, sigue obligado a soportar las incidencias que ocurran y no es justificación la falta de contacto con el cliente o la carencia de instrucciones o el argüir que sólo fue contratado para atender una parte del encargo, salvo que tal cosa la pueda acreditar. Es, lamentablemente frecuente que después de terminado un procedimiento, no se atienda debidamente las consecuencias de la sentencia, la tasación de costas, la ejecución. Lo recomendable es convenir la terminación de los servicios del mismo modo que se convino su iniciación.

 

Con acierto, se recuerda que deben adoptarse determinadas precauciones cuando se renuncia a seguir con la defensa o asesoramiento del encargo que le ha sido hecho. “El Abogado que renuncie a la dirección Letrada de un asunto habrá  de realizar los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente. Cuando se trate de defensa asumida por designación colegial, la aceptación, rechazo, abstención o cese habrá de  acomodarse a las normas sobre  justicia gratuita y sobre este tipo de designaciones.”, establece el párrafo tercero del artículo 13.3 antes citado.

 

El artículo 3.1.4 del Código de Deontología de los Abogados Europeos[2] regula este derecho en similares términos: “El Abogado que haga uso de su derecho a no seguir haciéndose cargo de un asunto deberá asegurarse de que el cliente pueda encontrar a tiempo otro compañero que le asista para evitar que dicho cliente resulte perjudicado.”

 

Una renuncia intempestiva puede ser objeto de corrección disciplinaria ex artículo 553 de la LOPJ e incluso constitutiva de un delito tipificado en el artículo 463 del Código Penal.[3]

Como se explica detalladamente, el derecho del Letrado a cesar en la defensa se transforma en un deber. Cuando hay conflicto de intereses entre clientes a los que se asiste simultáneamente -Artículo 13.4 del Código Deontológico- conjuntamente -artículo 13.6 del mismo Código- o sucesivamente –artículo 13.5- lo que también prevé el Código europeo: “3.2.3.       El Abogado no podrá aceptar el asunto de un nuevo cliente cuando exista el riesgo de que el secreto de las informaciones dadas por un antiguo cliente pueda ser violado o cuando el conocimiento por el Abogado de los asuntos de un antiguo cliente pudiera favorecer al nuevo cliente de forma injustificada.”[4]

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