Publicidad
Inicio » Noticias Jurídicas » El Congreso pide que se exima de tasas judiciales a ONGs, PYMES y comunidades de propietarios
El Congreso pide que se exima de tasas judiciales a ONGs, PYMES y comunidades de propietarios

El Congreso pide que se exima de tasas judiciales a ONGs, PYMES y comunidades de propietarios

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha acordado el martes 18 de octubre por unanimidad instar al Gobierno a modificar el régimen de tasas judiciales incorporando a la lista de sujetos exentos del pago de dichas tasas a las entidades sin fines lucrativos, a las PYMES y comunidades de propietarios.

Los diputados han debatido sendas proposiciones no de ley de la antigua Convergència (CDC) y del PSOE sobre el régimen de tasas judiciales que aún se mantiene tras la rectificación del Gobierno del PP y la sentencia contraria del Tribunal Constitucional. Al final, ambos textos se han fundido en una nueva redacción tras la incorporación de una enmienda transaccional de los socialistas.

Así, el nuevo texto pide al Ejecutivo que modifique, en un plazo de tres meses, el artículo siete de la Ley 10/2012 por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

 

 

Sociedades con un volumen de negocio por debajo del millón

Además, hace referencia a las sociedades mercantiles cuya cifra de negocio sea inferior al millón de euros y se amplía la excepción no solo a las entidades sin fines lucrativos, sino también a las organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo fundamental atienda a la defensa y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social o a la sostenibilidad, protección y regeneración del medio ambiente.

El portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha referido a la cuota fija para aquellas personas jurídicas no contempladas en el apartado de la proposición no de ley con el fin de adaptarse al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional del 21 de julio que declaraba inconstitucional la previsión del artículo 7 de la ley, que en sus apartados 1 y 2 establecían las cuotas tributarias fijas y variables.

Durante su intervención en el debate, Campo Moreno ha precisado que las tasas judiciales instauradas por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en 2012, se habían convertido en un “elemento normativo” que no habían ayudado a la modernización del servicio de Justicia sino que, más bien, provocaban una “mayor desigualdad social”.

Además ha añadido que el “clamor” contra la ley de tasas llevó al actual ministro del ramo, Rafael Catalá, a “reparar parcialmente el sinsentido y despropósito” de dicha normativa legal. En la misma línea se ha pronunciado el diputado de En Comú-Podem-En Marea, Jaume Moya, quien ha calificado el sistema de tasas de “pequeña chapuza”.

La portavoz de Justicia de Convergència, Lourdes Ciuró, ha respaldado la enmienda del Grupo Socialista y ha aseverado que los peores augurios de las consecuencias de la entrada en vigor de esta normativa se habían cumplido porque “se ha cerrado el paso a los ciudadanos que pretenden defender sus posiciones legítimas ante los tribunales”.

Exención de pago

Algunas formaciones como Compromís han defendido la eliminación de la tasa judicial y queden eximidas de pagarlas no solo las PYMES y entidades sin fines lucrativos sino también las grandes corporaciones. Otra cosa es, según ha dicho el diputado de Compromís, Enric Bataller, el “uso abusivo”; y, en esos casos, podría plantearse penalizar ese comportamiento vía costas judiciales.

Diferente postura ha defendido Jaume Moya, de En Comú, quien ha argumentado que había una “zona de penumbra” a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2016 y que la modificación planteada en la proposición no de ley debería aplicarse a las entidades exentas en el Impuesto de Sociedades pero no para las grandes empresas.

El vicepresidente segundo de la Comisión y diputado popular Francisco Molinero ha respondido que no compartía parte de las intervenciones hechas por los parlamentarios que le han precedido en el uso de la palabra y que la ley de tasas nació a consecuencia de la “caída brutal” de la recaudación derivada de una “fatal gestión” del gobierno anterior.

Además ha precisado que la ley 10/2012 no vulnera en sí misma el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y que la normativa legal persigue un fin legítimo.

 

(Fuente: CGAE)

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

Contenidos relacionados

Ver Todos >>

El Consejo General de la Abogacía Española aclara las dudas vertidas sobre la defensa jurídica de Juana Rivas

El Consejo General de la Abogacía Española aclara las dudas vertidas sobre la defensa jurídica de Juana Rivas

Ante las múltiples consultas recibidas con relación a si María Francisca Granados Asensio actúa en calidad de abogada de Juana Rivas, el Consejo General de la Abogacía Española desea aclarar que María Francisca Granados no figura inscrita en la actualidad como colegiada en el Censo de Letrados de ningún Colegio de Abogados de España. María Francisca Granados no ostenta por ... Leer Más »

Juan Ignacio Zoido: “Reforzaremos los dispositivos previstos en el nivel 4, orientando los esfuerzos a zonas y eventos concretos, con especial atención a emplazamientos turísticos”

Juan Ignacio Zoido: “Reforzaremos los dispositivos previstos en el nivel 4, orientando los esfuerzos a zonas y eventos concretos, con especial atención a emplazamientos turísticos”

 La mesa de valoración de la amenaza terrorista, presidida hoy por el ministro del Interior en una reunión extraordinaria, ha decidido mantener el nivel 4 (sobre 5) de alerta antiterrorista en España Además del ministro del Interior y del secretario de Estado de Seguridad, han participado en la mesa de valoración los máximos responsables de la lucha antiterrorista en España ... Leer Más »

El Defensor del Pueblo propone establecer directrices tributarias para el alquiler de viviendas turísticas

El Defensor del Pueblo propone establecer directrices tributarias para el alquiler de viviendas turísticas

El Defensor del Pueblo ha planteado a la Secretaría de Estado de Hacienda la necesidad de que clarifique la fiscalidad de los rendimientos producidos por el alquiler de inmuebles destinados a uso turístico, cuando los propietarios son personas físicas que no ejercen una actividad empresarial y/o profesional. De no dictarse directrices claras, esta actividad quedará únicamente en manos de empresas ... Leer Más »

El Consejo de Ministros acuerda un arbitraje obligatorio como solución a la huelga del aeropuerto de Barcelona

El Consejo de Ministros acuerda un arbitraje obligatorio como solución a la huelga del aeropuerto de Barcelona

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado el miércoles 16 de agosto ha acordado establecer un arbitraje obligatorio como medio de solución de la huelga declarada en la empresa Eulen Seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Esta decisión se adopta en aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de ... Leer Más »

Ver más contenidos en esta categoría >>

Logo Header Menu
Right Menu Icon