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El Tribunal Constitucional  la institución pública más transparente

El Tribunal Constitucional la institución pública más transparente

 El “Informe de evaluación de los órganos constitucionales y reguladores”, elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con la colaboración de la Fundación ¿Hay Derecho?, otorga una puntuación de 9,87 al Tribunal por su fiel cumplimiento, a través de la página web, de las previsiones contenidas en la Ley de Transparencia. También con una elevada puntuación, figuran entre los primeros lugares de la lista el Consejo General del Poder Judicial (9,70), el Banco de España (9,43), la Casa de Su Majestad el Rey (9,42) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (9,39).

El informe del Consejo de Transparencia destaca el “significativo compromiso” del Tribunal con la transparencia, un objetivo que ha guiado la construcción y diseño de la nueva página web, puesta en marcha el pasado mes de noviembre. De ella afirma que es una página “limpia” y “amigable”, “muy ordenada” y “fácilmente navegable”, con una información “muy sistematizada”. Un “instrumento útil” y didáctico para todas las personas que la visitan.
El CTBG ha evaluado el cumplimiento de los cánones de transparencia en dos vertientes: el cumplimiento obligatorio del deber de publicidad activa, tal y como establece la Ley de Transparencia en sus arts. 6, 7 y 8, ámbito en el que el Tribunal es la institución mejor valorada con 9,87 puntos; y el cumplimiento voluntario del deber genérico, contenido en el art. 5.2 de la Ley, de publicar de forma periódica y actualizada la información relevante para garantizar la transparencia de la Institución respecto de su actividad. En este segundo aspecto, el Tribunal Constitucional obtiene una puntuación de 5,60.
El informe resalta como aspectos “altamente positivos” el lugar preferente que el enlace del portal de transparencia ocupa en la página de inicio de la web y la sistematización de su contenido en distintos apartados (“Información institucional, organizativa y de planificación”, “Información económica, presupuestaria y estadística”, “Acceso a la información pública” y “Normativa sobre transparencia”); también, la traducción a las lenguas cooficiales, al inglés y al francés de las normas sobre transparencia.

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