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La Abogacía exige la eliminación de las tasas judiciales para los ciudadanos al cumplirse dos años de la aprobación de la Ley

La Abogacía exige la eliminación de las tasas judiciales para los ciudadanos al cumplirse dos años de la aprobación de la Ley

A los dos años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, la Abogacía institucional reitera el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, celebrada en noviembre de 2012, exigiendo la “inmediata retirada de la Ley de Tasas Judiciales, por consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia de un gran número de ciudadanos”.
Durante estos dos años, el Consejo General de la Abogacía Española ha liderado las protestas de los colectivos jurídicos para exigir la retirada de las tasas judiciales, por ser inconstitucionales, injustas y desproporcionadas.

La Ley de Tasas Judiciales ha tenido un claro rechazo por la sociedad debido a su clara y evidente inconstitucionalidad, produciendo la violación del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución Española.
Transcurrido dos años desde la publicación en el BOE de la Ley de Tasas se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación. La Ley ha materializado una injusta barrera para el acceso a la Justicia y una considerable brecha en el Estado de Derecho. Además, se ha privado a nuestros jueces y magistrados del conocimiento de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a juzgados y tribunales.

El efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia y, sin embargo, no se ha recaudado lo previsto por las tasas. Se desconoce el destino de lo recaudado en un año y medio (512 millones de euros hasta julio de 2014), que no se ha destinado, como prometió el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a mejorar la asistencia jurídica gratuita, como han denunciado comunidades autónomas con competencias en Justicia.
El objetivo de la Ley de Tasas es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la Justicia por los ciudadanos. El resultado más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

A pesar de la reforma de las tasas por el Ministerio de Justicia en febrero de 2013, la Plataforma Justicia para Todos, impulsada por la Abogacía y en la que participan el Consejo de Consumidores y Usuarios, los sindicados CCOO, UGT, CSI-F, USO y STAJ, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, mostraron su rechazo a la modificación de la Ley de Tasas por considerarla que seguía siendo una barrera al derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la Justicia.

La Abogacía expresó su oposición a la reforma ahora vigente porque no modificó la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.

No sólo los operadores jurídicos han rechazado la imposición de tasas judiciales, también la mayoría de los ciudadanos (83% de los españoles), según un sondeo de Metroscopia, considera que no hay razones que justifiquen el pago previo de una tasa para acudir a la Justicia, y un porcentaje similar (79%) cree además que los importes establecidos en la Ley son excesivos.

La contestación social y profesional ha sido unánime. Además, hay cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que consideran que las tasas son un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva.

Además, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación
Desde la Abogacía se vuelve a hacer un llamamiento al Tribunal Constitucional para agilizar su respuesta ante el grave daño que están sufriendo los ciudadanos y la degradación del Estado de Derecho.

El Consejo General de la Abogacía Española -que ha constituido una Comisión Mixta de trabajo con el Ministerio de Justicia- ha mostrado su apoyo a las reformas anunciadas recientemente por el ministro Rafael Catalá sobre diversos proyectos normativos y la Ley de Tasas, siempre que sirvan para acercar la Justicia al ciudadano y hacerla más eficiente y menos gravosa.

Para Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, los cambios ya anunciados por el ministro a todos los operadores jurídicos –y los que enumeró Catalá en su comparecencia ante el Pleno del Consejo el pasado día 8 de octubre- van en buena dirección, aunque deben confirmarse, pero no son suficientes.

La oposición a las tasas judiciales también ha contado con el rechazo de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE), que durante su Congreso Anual en Frankfurt en 2013, aprobó una resolución calificando las tasas como “totalmente desproporcionadas” y expresando su “total rechazo a la normativa aprobada por el Gobierno español”.

La institución, que agrupa a más de 800.000 abogados europeos, considera que dicho tributo “supone una clara limitación al acceso a la Justicia haciendo inviable la tutela judicial efectiva consagrada tanto en la Constitución Española como en los tratados internacionales”.
Por su parte, el Gobierno francés ha eliminado desde enero de 2014 las tasas judiciales de 35 euros que se cobraban a las personas físicas desde la entrada en vigor de la Ley de Finanzas de 29 de julio de 2011. La ministra de Justicia, Christiane Taubira, ha reconocido que las tasas judiciales habían supuesto una “penalización a las personas más vulnerables y una restricción de su acceso a la Justicia”.

 

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