Ley de Acceso: cinco años después

A pocos meses de su entrada en vigor, y después de cuatro años y medio de mora, parece que aún no ha habido tiempo para cerrar los aspectos pendientes y la Ley de Acceso sigue su tortuoso camino. El Consejo de Estado aprobó recientemente un dictamen en el que es especialmente crítico con el Reglamento, que ha tenido ya siete ediciones, sobre todo en la posibilidad de que se pueda acceder al curso de acceso con «otro título universitario de grado que acredite la adquisición de competencias jurídicas». El Consejo entiende que el proyecto incurre en un exceso respecto de la Ley, y señala que el acceso a las profesiones «debe limitarse para quienes tengan el título de licenciado en Derecho o el grado que cada Universidad haya establecido en sustitución del mismo».

También hace referencia el órgano consultivo del Gobierno a las prácticas profesionales externas, ya que opina, con bastante sentido común, que «deben llevarse a cabo tras el periodo formativo» y no «antes» o en el transcurso del mismo, lo que obligaría a reconsiderar el texto legal. Por lo que se refiere al lugar de realización de esas prácticas, el dictamen recomienda una mayor precisión a la expresión «tercer sector» que emplea en el articulado. El dictamen incluye otras serie de sugerencias respecto a la acreditación, evlauación y expedición del título profesional.

Tanto los Colegios de Abogados como las Escuelas de Práctica Jurídica y las Universidades han mostrado su intranquilidad ante el retraso que está sufriendo la aprobación del Reglamento, ya que hay que preparar no sólo los programas del curso de acceso, sino también los convenios entre Universidades, Escuelas de Práctica Jurídica homologadas por el CGAE y Colegios de Abogados y procuradores, el profesorado – universitario y profesional- establecer el marco de las prácticas en despachos de abogados y otras instituciones y todo ello requiere una compleja intendencia.

Los decanos de derecho, reunidos recientemente en Logroño, han exigido que sólo se pueda acceder al curso y ejercer la profesión de abogado, con una titulación o grado en Derecho, coincidiendo con lo que expone el dictamen del Consejo de Estado, y han acordado constituir una Comisión Mixta que integre a Universidades, Colegios de Abogados y escuelas de Práctica Jurídica, junto con los Ministerios de Educación y Justicia para trabajar en los cambios que propone el Consejo de Estado.

Por parte de la Abogacía, se ha mostrado la preocupación por el retraso en la aprobación del Reglamento.

Fuente: abogados.es