Inicio » Noticias Jurídicas » Se reconoce el derecho de los ciudadanos españoles a la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios
Se reconoce el derecho de los ciudadanos españoles a la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios

Se reconoce el derecho de los ciudadanos españoles a la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios

El juez de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla ha reconocido el derecho de los ciudadanos españoles a la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios al considerar que “el derecho a fundar una familia, el derecho a vivir en familia, es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser protegido por los poderes públicos, de tal modo que el establecimiento de requisitos para su ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley”, un requisito que “no se cumple con la normativa española” que regula dicho derecho

En la sentencia, el magistrado analiza el caso del hijo no comunitario y menor de 21 años de un ciudadano español que solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla la tarjeta de familiar de residente de la Unión Europea y precisa que, en este caso, el objeto del debate se centra en determinar si es aplicable el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

En este sentido, recuerda que una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017 consideraba que era aplicable a los ciudadanos españoles el artículo 7 del Real Decreto, pero el juez discrepa y considera que en este caso no procede aplicar dicho artículo “en cuanto que establece a los ciudadanos españoles una serie de requisitos” económicos “para la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios sin que exista una ley que dé cobertura a dicha normativa”.

El juez asevera que “el derecho a la reagrupación familiar de ciudadano no comunitario ejercido por españoles carece de cobertura legal, en cuanto que no está previsto ni en las normas comunitarias ni, lógicamente en la ley de extranjería, a pesar que se insinúe que se aplicará la norma más favorable”.

Así, añade que el artículo 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “expresamente exige que las injerencias de las autoridades públicas en la vida privada y familiar esté prevista por una norma con rango de ley, requisito que no se cumple con la normativa española que regula el derecho a la reagrupación familiar de no comunitarios por ciudadanos españoles, en cuanto que está prevista en una normativa reglamentaria, como es un Real Decreto y una Orden Ministerial carente de toda cobertura legal”.

Según expone el juez, “en el ordenamiento jurídico español, si bien el Tribunal Constitucional considera que no se trata de un derecho fundamental y que no se reconoce el derecho a la vida familiar en los mismos términos que la jurisprudencia del TEDH viene interpretando el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no significa que este artículo no sea aplicable en lo que se refiere a que toda injerencia de los poderes públicos en la vida familiar estableciendo requisitos debe estar prevista en una norma con rango de ley”.

El magistrado afirma que “dejar en manos de la Administración el establecimiento mediante una Orden ministerial de los requisitos para el ejercicio de un derecho como la reagrupación familiar que afecta a la vida y a la dignidad de la persona no se corresponde con las normas internacionales, ni con los principios que rigen la Constitución española”, ya que “el derecho a fundar una familia, el derecho a vivir en familia, es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser protegido por los poderes públicos, de tal modo que el establecimiento de requisitos para su ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley”.

“El derecho a la reagrupación familiar, que no es otro que el derecho a vivir en familia, es un derecho reconocido en el artículo 39 y 10 de la Constitución”, concluye el magistrado, que anula la resolución impugnada “por no ser ajustada a Derecho” y ordena a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla conceder la autorización solicitada por el recurrente.

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

Contenidos relacionados

Ver Todos >>

Condenado por excederse en el cumplimiento de su deber

Condenado por excederse en el cumplimiento de su deber

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado al pago de una multa de 1.800 euros a un policía nacional que en el curso de una detención se excedió y provocó lesiones a un joven que viajaba como acompañante en un vehículo que circulaba “a gran velocidad y de forma temeraria” por las calles de Santander.   En una sentencia recientemente ... Leer Más »

I Encuentro sobre “El fraude en la publicidad digital”

I Encuentro sobre “El fraude en la publicidad digital”

FaqFraud, una iniciativa sin ánimo de lucro que constituye una línea de ayuda para detener el fraude en el ecosistema de la publicidad digital, ha convocado el I Encuentro FaqFraud, que se celebrará el jueves 26 de abril en ISDE Law Business School (c/Serrano 208) a las 09:30h. Cuatro presentaciones y una mesa redonda abordarán la temática de la jornada: ... Leer Más »

Condenada una comercial que visitaba domicilios por cambiar la suministradora de luz y gas a varios clientes

Condenada una comercial que visitaba domicilios por cambiar la suministradora de luz y gas a varios clientes

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a seis meses de prisión y multa de 900 euros a la comercial de una empresa de luz y gas que falsificó en tres ocasiones la firma de particulares para cambiarles de compañía suministradora.  En una sentencia notificada recientemente y que es firme, el tribunal de apelación desestima el recurso de ... Leer Más »

Preocupación por el estado de salud de los abogados

Preocupación por el estado de salud de los abogados

  En los últimos años, otras profesiones, clásicamente orientadas a ofrecer servicios, como los profesionales del derecho, han mostrado su preocupación por el estado de salud de sus profesionales y la necesidad de llevar a cabo acciones específicas dirigidas a mejorar su bienestar. Un estudio realizado en 2016 por la American Bar Association (ABA) Commission on Lawyer Assistance Programs y Hazelden Betty Ford ... Leer Más »

El ICAB y el Consell de l’Advocacia Catalana impulsan el uso de la ley de la segunda oportunidad que exonera el pago de las deudas

El ICAB y el Consell de l’Advocacia Catalana impulsan el uso de la ley de la segunda oportunidad que exonera el pago de las deudas

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ofrecerá el miércoles 18 de abril, a las 11 horas, en la Sala de Recepciones, una rueda de prensa para divulgar la existencia de la Ley de segunda oportunidad. Esta norma fue aprobada en 2015 por el Gobierno central, pero sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de ciudadanos. En la ... Leer Más »

Ver más contenidos en esta categoría >>

Logo Header Menu
Right Menu Icon