Inicio » Noticias Jurídicas » TC establece que la privación de libertad de 72 horas arranca cuando se hace efectiva la detención

TC establece que la privación de libertad de 72 horas arranca cuando se hace efectiva la detención

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha establecido que en los supuestos de detención acordada por la autoridad judicial el cómputo debe comenzar cuando se verifica la ejecución material de la decisión de detención y no cuando se hace efectiva la entrega del detenido a la autoridad judicial.

   Así, el tribunal ha anulado sendas resoluciones del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) porque la autoridad judicial mantuvo privado de libertad a Tomás Olivo, sin tomarle declaración durante más de 72 horas.

   El 26 de junio de 2006 este juzgado decidió la detención y posterior traslado a dependencias policiales en Málaga de Olivo para la práctica de varias diligencias. El arresto se produjo a las 9,50 horas del día siguiente en el domicilio del recurrente y compareció en la Comisaría de Málaga a las 11,15 horas.

   Mediante un auto, el 28 de junio el juez acordó la permanencia del recurrente en dependencias policiales en calidad de detenido con la intención de tomarle declaración a las 9,30 horas del 1 de julio. El juez argumentó su decisión en el elevado número de detenidos en el marco de la misma operación y en la larga duración de las declaraciones.

   Para retrasar el interrogatorio sostuvo, incluso, que en ningún caso Olivo había superado las 72 horas máximas de detención previsto en los artículos 17 de la Constitución y en el 497 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

   La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, analiza si los autos dictados por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella en los que se acuerda y confirma, respectivamente, la posibilidad de prórroga de la situación de detención judicial vulneran los derechos del recurrente a la libertad, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantía puesto que su privación de libertad excedió del plazo legalmente previsto de setenta y dos horas.

   La Sala recuerda que la LECrim, al regular la actuación de la Autoridad judicial en los casos en que le sea entregado un ciudadano objeto de un detención por un particular o por autoridad o agente de policía judicial, dispone que en el plazo de setenta y dos horas “a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado” deberá regularizar su situación, elevándola a prisión o dejándola sin efecto.

   Por tanto, considera “inequívoco” que en los casos de detención judicial, la ley impone que el juez adopte una decisión en “idéntico” plazo de tiempo.

   Los magistrados distinguen entre lo que es una detención practicada por un particular o por una autoridad o agente de la policía judicial y lo que es una detención judicial. En el primer caso, el cómputo de plazo para que la autoridad judicial regularice la situación del detenido comienza en el momento de la entrega del detenido al juez. Por el contrario, la detención judicial es en una privación de libertad “que ni trae causa de una decisión ajena a la propia autoridad judicial” y, por tanto, la intervención de la policía no se hace en virtud de una potestad o habilitación legal autónoma, “sino que se limita a ser una mera ejecución de la decisión judicial”.

   Así, dado que la única finalidad de la detención de Olivo realizada por la Policía era la de ejecutar la decisión judicial de detención para ponerlo a su disposición, “no resulta posible aplicar como inicio del cómputo temporal uno diferente al de la propia ejecución material de la detención”. Es más, los magistrados precisan que el juez de Marbella no puede objetar esta conclusión sobre la situación del detenido “si previamente no se le ha hecho entrega material del mismo”.

   La Sala subraya que la pretensión de que el cómputo del plazo se inicie sólo con la entrega material del detenido a la autoridad judicial, implicaría la existencia de un periodo de situación de privación de libertad -el que va desde la detención judicial a la efectiva entrega a la autoridad que ordenó la detención- que supondría consagrar “por vía interpretativa un supuesto de privación de libertad de tiempo potencialmente ilimitado y, por ello, lesivo del artículo 17.1 de la Constitución”.

   Por tanto, la sentencia establece que el plazo de 72 horas en los supuestos de detención acordada por la autoridad judicial debe computarse “desde que se verifica la ejecución material de la decisión de detención” y no desde que se hace efectiva la entrega del detenido a la autoridad judicial (EuropaPress)

Contenidos relacionados

Ver Todos >>

Nueva modificación en el Impuesto sobre el Valor Añadido

Nueva modificación en el Impuesto sobre el Valor Añadido

La disposición final décima de la Ley 9/2017 modifica los artículos 7.8º, 78.Dos.3º, 78.Tres.4º, y 93.Cinco de la Ley del IVA (LIVA). Estas modificaciones entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, es decir, el 10 de noviembre de 2017. Las modificaciones introducidas afectan, principalmente, y aunque no exclusivamente, a las actividades realizadas por los entes ... Leer Más »

XXV edición del Consejo Economist&Jurist

XXV edición del Consejo Economist&Jurist

Economist & Jurist reunió una vez más, en Madrid,  a sus consejeros para tratar diversos temas de actualidad y de interés para la abogacía, desde el sistema retributivo de las pensiones; la tutela y curatela; la asistencia jurídica gratuita; el reglamento europeo de protección de datos; el proyecto de ley hipotecaria; el derecho de separación de los socios por falta ... Leer Más »

La Audiencia de A Coruña fija una indemnización de 1.573 millones para el Estado por los daños patrimoniales, medioambientales y morales del Prestige

La Audiencia de A Coruña fija una indemnización de 1.573 millones para el Estado por los daños patrimoniales, medioambientales y morales del Prestige

La resolución también establece un pago de 61 millones a Francia. La Sala acuerda el abono de 1,8 millones a la Xunta de Galicia por los gastos de reciclaje del fuel La Audiencia Provincial de A Coruña ha notificado hoy el auto de ejecución de la sentencia del caso Prestige dictada en enero de 2016 por el Tribunal Supremo, que ... Leer Más »

El Tribunal Supremo declara nulo el Reglamento de la Carrera Diplomática

El Tribunal Supremo declara nulo el Reglamento de la Carrera Diplomática

La Sala estima el recurso del Sindicato Independiente del Servicio Exterior del Estado La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulo el Real Decreto 638/2014, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Carrera Diplomática, ya que el Proyecto de Reglamento debió ser sometido a negociación colectiva y el incumplimiento de ... Leer Más »

Ver más contenidos en esta categoría >>

Logo Header Menu
Right Menu Icon