Estafa procesal

Miembros de la Comisión de Escrutinio y Buenas Prácticas. (Imagen: CEA)

La estafa procesal, reconocida como modalidad agravada de estafa en el art. 250.1.2 CP 1995 se caracteriza por que el sujeto pasivo engañado es, en realidad, el titular del órgano jurisdiccional a quien, a través de una maniobra procesal idónea, se le induce a seguir un procedimiento y/o a dictar una resolución que de otro modo no hubiera seguido o dictado. La estafa procesal en grado de tentativa concurrirá cuando el sujeto o sujetos realizan, en todo o en parte, las maniobras que objetivamente deberían producir el resultado buscado, sin que el acto de disposición patrimonial se llegue a producir por causas independientes de su voluntad.

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En el caso, se pretende ejecutar una hipoteca extinguida, con pleno conocimiento de su extinción, aprovechando una peculiar situación registral provocada por uno los acusados, que creaba una apariencia susceptible de inducir a error al órgano jurisdiccional. El recurrente adquirió personalmente la finca a la sociedad de que era administrador único, supuestamente en pago de deudas de la sociedad, y la inscribió a su nombre. Vende la parcela, libre de cargas, tras haber mostrado la documentación en la que instaba la cancelación formal de la inscripción de la hipoteca que, pese a haberse extinguido por consolidación, todavía figuraba en el Registo. Pero no adoptó las oportunas medidas para la efectiva cancelación de la carga real que formalmente gravaba la finca a favor de la sociedad, por lo que la hipoteca siguió figurando en el Registro. Cuando se encuentra en una situación económica apurada, se concierta con su primo poniendo a su nombre la empresa, y éste, inmediatamente, procede a la ejecución de la aparente carga real en procedimiento sumario, reclamando a los nuevos titulares de la finca, el principal, intereses y costas derivados de la letras de cambio aceptadas y pagadas, pero que todavía se encontraban en poder de los acusados. La utilización de la carga real ya extinguida y de las letras ya pagadas como documentación para forzar un procedimiento sumario, con defensa limitada, es deliberadamente fraudulenta.

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