Curro Nicolau, CEO de Go Energy: “La mala gestión de las infraestructuras eléctricas podría derivar en responsabilidad patrimonial del Estado”
A su juicio, es factible la caída del sistema si no se hace una planificación adecuada de la transición energética
Curro Nicolau, CEO de Go Energy, cree que si se confirma el fallo técnico en Red Eléctrica, podría existir la reclamación para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado. (Imagen: Go Energy)
Curro Nicolau, CEO de Go Energy: “La mala gestión de las infraestructuras eléctricas podría derivar en responsabilidad patrimonial del Estado”
A su juicio, es factible la caída del sistema si no se hace una planificación adecuada de la transición energética
Curro Nicolau, CEO de Go Energy, cree que si se confirma el fallo técnico en Red Eléctrica, podría existir la reclamación para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado. (Imagen: Go Energy)
La experiencia como jurista de Curro Nicolau, por la que militó en despachos como Broseta y Garrigues durante años como experto en Derecho regulatorio y público, subyace en su actividad como empresario, en la actualidad dirigiendo la multinacional Go Energy, que diseña proyectos energéticos con el hidrógeno verde como elemento clave en cualquier parte del mundo.
Este abogado, reconvertido en empresario, ya interpuso varios recursos contra el Estado, primero contra la declaración del estado de alarma en nuestro país a raíz del Covid-19; más tarde sobre la Ley de amnistía; y, con posterioridad, ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por la DANA que arrasó la ciudad de Turia hará ahora seis meses. Su visión de las administraciones y su negligencia a la hora de actuar quedó plasmada en un artículo publicado por E&J.
Ahora Nicolau, profundo conocedor del mercado energético, ofrece su punto de vista profesional de lo acontecido este pasado lunes, 28 de abril, en España, donde un apagón generalizado en nuestro país generó un fenómeno nunca antes visto. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) fija las pérdidas en una décima del Producto Interior Bruto (PIB), y la patronal CONPYMES en 4.000 millones, reclamando en esta línea ayudas del Estado para compensar las pérdidas de empresas y particulares.
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