Tras dos años intensos de negociaciones y movilizaciones, la pasarela al RETA del PSOE llega este martes al Congreso

Dos años después de las distintas movilizaciones de las asociaciones de afectados y de reuniones con la abogacía institucional, con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y especialmente con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), el Grupo Parlamentario socialista presenta este martes, 6 de mayo, en el Pleno del Congreso de los Diputados, una proposición de ley que permitirá a los profesionales colegiados mutualistas, especialmente abogados, procuradores y otros profesionales —unos 100.000 afectados—, incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

“Esta iniciativa nace del diálogo y de la participación con los colectivos afectados, las plataformas de mutualistas y los colegios profesionales, y del compromiso compartido entre la sociedad civil y las instituciones”, subraya el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Javier Alfonso Cendón, que será el encargado de presentarla ante el Pleno.

La proposición para reformar la Ley de Seguridad Social, que se presentará a primera hora de la tarde de este martes, fue registrada por el Grupo Parlamentario Socialista a finales del pasado mes de noviembre, y el 8 de febrero recibió el visto bueno del Gobierno para su tramitación. Tras varios meses de bloqueo parlamentario, al final se ha logrado llevar la propuesta del PSOE, que es la del Gobierno, para su debate parlamentario.

Tras su debate en la sesión plenaria de hoy martes, la toma en consideración de la proposición de ley será sometida a votación y, si cuenta con los votos suficientes, será remitida a la comisión correspondiente para que los diputados empiecen a trabajar en la mejora del texto.

Esa tramitación podría durar meses y algunas fuentes consultadas por Economist & Jurist creen que la norma podría estar antes de fin de año para entrar en vigor en el 2026, aunque desde la abogacía institucional y asociaciones afectadas se pide más agilidad a nuestros diputados en la tramitación.

Resolver un gran problema

Esta iniciativa pretende solucionar un problema que afecta a miles de profesionales colegiados que optaron por mutualidades de previsión social alternativas al régimen general y que perciben pensiones muy inferiores a las mínimas garantizadas en el sistema público, no tienen asegurada la revalorización anual de sus prestaciones y no disponen de cobertura suficiente ante contingencias graves como la incapacidad permanente o la viudedad.

“La nueva legislación busca homogeneizar la protección social y evitar situaciones de desprotección”, señala Cendón.

El portavoz adjunto del grupo socialista, Javier Alfonso Cendón, será quien defienda en el Pleno la propuesta del PSOE sobre el RETA. (Imagen: PSOE León)

Para ello, la propuesta pretende modificar la Ley de Seguridad Social, buscando homogeneizar la protección social y evitar situaciones de desprotección con algunas medidas destacadas.

En primer lugar, una de las medidas es el fin de la alternatividad obligatoria: a partir del 1 de enero de 2027, se eliminará la posibilidad de acogerse a una mutualidad de previsión social como alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Todas las nuevas personas profesionales deberán integrarse obligatoriamente en el sistema público de Seguridad Social.

También reseña una futura mejora de la cobertura de las mutualidades: tanto en lo que se refiere a la cuota mínima a ingresar como al porcentaje mínimo de prestaciones, que no podrán estar por debajo del 80% de la pensión mínima del sistema público.

Y la iniciativa estrella es la “pasarela” al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA): se creará una “pasarela” para que, quienes así lo deseen y cumplan los requisitos previstos en la iniciativa, puedan trasladar sus derechos acumulados al sistema público, computando sus años de cotización. Unos requisitos que no convencen ni a los mutualistas afectados ni a la abogacía y procura institucional porque deja fuera a muchos afectados.

Críticas al alcance limitado de la propuesta del Ejecutivo

Según fuentes de la Pasarela al RETA, asociación que integra a profesionales afectados por las mutualidades (mayoritariamente abogados y procuradores, pero también arquitectos, aparejadores, ingenieros y químicos), “si bien es cierto que la propuesta del PSOE está muy alejada de nuestras peticiones 1×1 en tiempo y cotización, con reconocimiento de bases de cotización mínimas por defecto para poder alcanzar una vida laboral completa, no es menos cierto que es un gran avance hacia su consecución. La toma en consideración abre la puerta a enmiendas del resto de grupos parlamentarios, muchos de los cuales nos apoyan incondicionalmente”.

En una reunión mantenida recientemente en la sede del CGAE, en la que estuvo presente su presidente, Salvador González, y representantes de las distintas asociaciones de afectados, señalaron la necesidad de que los grupos parlamentarios apoyen de manera unánime la tramitación de la pasarela al RETA en el Congreso. Y por ello han pedido a los grupos que voten a favor de la toma en consideración de la proposición socialista.

Reunión de Salvador González con todos las asociaciones de afectados en el CGAE.  (Imagen: Abogacía Española)

Al mismo tiempo, el ICAM también solicitaba formalmente a todos los grupos parlamentarios, mediante cartas remitidas en los últimos días, su voto favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena.

Aunque la proposición de ley no refleja en su integridad el espíritu ni todas las reivindicaciones del ICAM en esta materia, constituye un primer paso significativo y un posible lienzo sobre el que construir soluciones a una situación injusta que afecta a miles de profesionales.

Eugenio Ribón, decano del ICAM —entidad colegial activa desde el inicio de esos debates en apoyo a los profesionales mutualistas—, insiste en que los grupos parlamentarios deben escuchar a los abogados y abogadas afectados, cuyas pensiones se han visto gravemente mermadas tras haber optado en su día por una mutualidad alternativa como sistema de previsión. Solo así, con diálogo y voluntad política, podrá perfeccionarse el texto y alcanzarse una solución justa, equitativa y reparadora.

Frente a estas tesis, el presidente del CGAE afirma que “es fundamental que se tramite con la máxima urgencia y se escuche a todos los afectados para poder alcanzar cuanto antes una solución a este problema que afecta a miles de mutualistas”.

A la reunión del CGAE asistieron Ángel López, Antonio Villaluenga, María Diago y Nieves Fernández (por parte del Movimiento J2); María José Almodóvar e Isabel Rabell (de la Plataforma Pasarela al RETA); Santiago Luengo, África Calleja y Pilar Fayos (de ALTODO); Ángel Seisdedos y Loreto Fernández (por parte de Mutualistas por el Futuro); Rafael B. Jordán y Raquel Rico (por parte de ANAMA); María Amparo Martínez (de DEFENDA); Joaquín Ibarra y Victoria de Pablo (por parte de la Asociación de Mutualistas Obligatorios y Complementarios).

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, se ha reunido este mes con el PSOE y con el PP, y tiene previsto reunirse con otros grupos. Además de pedir a los diputados que se esfuercen en facilitar el diálogo. González también les ha trasladado la preocupación que ha suscitado entre los mutualistas que el comienzo en la tramitación de la proposición de ley se esté dilatando tanto y con ello la solución para un problema que no hace más que agravarse con la jubilación de nuevos mutualistas que están recibiendo pensiones insuficientes.

De izda. a dcha.: Ricardo Garrido, presidente del Consejo General de Procuradores; Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española; Fernando González-Concheiro, vicepresidente del Consejo de Procuradores y José A. Fandiño, decano adjunto a la Presidencia de Procuradores. (Imagen: CGPE)

La procura, contra la propuesta del PSOE

La procura desconfía del PSOE. Para el propio presidente del Consejo General de Procuradores (CGPE,) Ricardo Garrido, la propuesta del Ministerio de la Seguridad “no es socialmente inclusiva porque situaría a las procuradoras y procuradores españoles entre un 20% y un 30% por debajo de la pensión mínima de cualquier otro autónomo español”. La propuesta del PSOE, además, deja fuera del sistema a más de 1.300 procuradores ya jubilados y pensionistas de su mutualidad.

La propuesta que este martes plantea el PSOE al Parlamento sólo permite el acceso de los mutualistas a la Seguridad Social en condiciones muy restrictivas: la pasarela establece una pensión “no inferior al 80%” de la pensión mínima actual del RETA; reduce los años cotizados a la mutualidad con coeficientes reductores de entre el 0,68 y el 0,87 (es decir cada cuatro años cotizados a la mutua se traducen en tres años de cotización a la Seguridad Social); y deja completamente fuera del sistema a todos los pensionistas jubilados desde 2013.

“Nosotros queremos que todos los grupos parlamentarios lleguen a un acuerdo para que no se legisle una España con dos tipos de pensionistas y que la pensión mínima de cualquier autónomo español sea justa e igual para todos”, subraya Fernando González, vicepresidente del CGPE y decano de Santiago de Compostela.

El CGPE pide al Congreso que tome en consideración la propuesta que plantea el PSOE y luego sea modificada a través de las enmiendas y que, “en vez de comprar años de la Seguridad Social con nuestras aportaciones a las mutuas, que cada año cotizado en la mutua equivalga a un año cotizado a la Seguridad Social”, explica el vicepresidente del Consejo General de Procuradores.

Desde esa entidad se recuerda que, con los pensionistas de las mutualidades profesionales, el Estado se ha ahorrado cientos de millones de euros durante años en prestaciones como la incapacidad, orfandad, viudedad o enfermedad, que ahora no se computan a la hora de acceder a las pensiones de la Seguridad Social.

Por último, desde el CGPE, se solidarizan y apoyan las reivindicaciones de otros mutualistas profesionales, que se hallan en situación similar a la de los procuradores. “Que no quede nadie atrás y que el sistema de pensiones sea justo y universal para todos los mutualistas españoles”, señala Ricardo Garrido, su presidente.