Las concesiones que Yolanda Díaz haga a las pymes en el trámite parlamentario serán clave para aprobar la reducción de la jornada laboral

El texto que ha llevado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley, apenas tiene cambios del que consensuó con los sindicatos en abril del 2024. Las sugerencias del Consejo Económico Social (CES) tampoco se han incorporado y de cara al futuro de la aprobación de esta medida, la más importante de la legislatura, los expertos avecinan duras negociaciones en el Parlamento.

Tanto la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, como la implementación de un registro digital interoperable para la Inspección de Trabajo y los representantes de los trabajadores, así como potenciar el derecho a la desconexión digital, supone un mayor control de las relaciones laborales por parte del Gobierno en cuestiones que tendrían que ir a la negociación colectiva y negociarse en los distintos convenio colectivos que hay en nuestra economía.

El trámite parlamentario que se iniciará en breve va a suponer seguramente la necesidad de que el Gobierno y la ministra de Trabajo tengan que negociar a fondo para lograr el apoyo que convalide la norma. A día de hoy la negativa del Partido Popular (PP) y Junts es clara, aunque Díaz ha anunciado que habrá negociaciones con estas formaciones políticas donde el apoyo de los sindicatos de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC. OO.) será clave.

Es bastante previsible que se incorporen algunas medidas para ayudar a las pymes con una serie de ayudas y subvenciones para cubrir los costos asociados a la reducción de jornada, así como la contratación de personal adicional, formación del personal o la implementación de nuevos sistemas de gestión.

Yolanda Díaz está dispuesta a negociar a fondo para lograr que se apruebe la norma a lo largo del 2025. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Las pymes contra la reforma

La Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) lanzaba una dura crítica contra el Gobierno tras la aprobación del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral en el Consejo de Ministros. Para esta organización —que representa a más de dos millones de pymes, micropymes y autónomos en toda España—, la medida se ha tramitado sin consultar a los principales actores económicos del país y podría tener consecuencias “letales” para el tejido empresarial.

Según su presidente, José María Torres, la reducción de jornada laboral supondrá un incremento de los costes empresariales de hasta un 6,25%, que se suma al alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el recargo de solidaridad para financiar pensiones y las cotizaciones sociales. “En total, en los últimos años los costes laborales han crecido más de un 25%”, afirma, “este nuevo golpe pone en peligro la supervivencia de miles de negocios, muchos de ellos familiares, que ya operan con márgenes muy ajustados”.

Torres denuncia además que “las pymes estamos indefensas ante un proceso legislativo que nos excluye”, y reclama que se reactive la negociación colectiva y el diálogo social antes de legislar sobre materias que afectan directamente al 99,8% del tejido empresarial español. “Nuestro papel en esta ley es clave”, añade, “más aún cuando otras organizaciones que dicen representarnos atraviesan graves crisis internas y han perdido legitimidad para hablar en nombre del colectivo”.

La patronal alerta de que la norma llega en un momento de máxima inestabilidad económica, con un absentismo laboral “desbocado”, tensiones en los mercados internacionales y un riesgo creciente de reducción de financiación para autónomos y pequeñas empresas. “Estamos a las puertas de una OPA hostil al crédito, que puede traducirse en más de 75.000 millones de euros en pérdida de liquidez para nuestras empresas”, subraya Torres.

José María Torres, presidente de CONPYMES, advierte de los problemas que la reducción de jornada va a generar en las pymes, tanto organizativos como de nuevos costes laborales.(Imagen: CONPYMES)

La importancia de la letra pequeña

Por su parte, Carlos De La Torre, socio de laboral de Andersen y vicepresidente de ADIRELAB, tiene claro que la letra pequeña de la reducción de jornada es la clave para que se apruebe a lo largo de este año. Este experto ya comentó hace unos días en Economist & Jurist que esta reforma abre tres debates simultáneos (político, jurídico y económico) que habrá que abordar y que tienen una gran importancia sobre el futuro de este cambio legislativo.

Sobre esa letra pequeña, este estratega de las relaciones laborales avanza los temas clave. “El primero es la relación ley-convenio. La reducción se impone por ley a los convenios. Aplica el principio de jerarquía normativa. Es una opción que sí es constitucional y no vulnera los artículos 37 y 9.3 de la Constitución. El margen para que los convenios con jornadas superiores a 1.712 horas se adapten antes de 31 de diciembre de 2025 es escaso”.

Otra cuestión que analiza es la relación entre tiempo de trabajo y salario: “Los trabajadores ganarán lo mismo y trabajarán menos horas. Los contratos a tiempo parcial con parcialidad superior a 37,5 horas semanales tendrán que adaptarse. Los trabajadores con reducción de jornada mantienen sus derechos y la reducción si su jornada anual es superior a 1.712 horas tendrá que ajustarse”.

La tercera cuestión que este jurista pone sobre la mesa son las horas extras. “Se mantiene el límite anual de 80 por persona trabajadora. En otros países como Francia y Alemania es un límite superior”. En este sentido recuerda el papel del registro de jornada horario, ahora interoperable y digital que pretende evitar el fraude existente masivo de horas extras”.

Para De La Torre otro elemento clave en esta reducción de jornada son las “bolsas de horas flexibles entre la jornada máxima según convenio y la jornada máxima anual. Se reduce la flexibilidad ya que el límite anual legal máximo de 1.826 horas del Estatuto de los Trabajadores bajará a 1.712 horas”.

En cuanto a la transitoriedad, como quinto elemento, este experto señala que “se hace caso omiso a la recomendación del Consejo Económico Social (CES). El Gobierno quiere que las 37,5 horas semanales en promedio anual se apliquen en 2026 desde el 1 de enero. También sobre los costes laborales se ignora al CES. Se hace caso a su recomendación sobre la activación de mecanismos de distribución de costes para las PYMES”.

Como séptimo elemento destaca la llamada perspectiva sectorial: “Se vuelve de nuevo a ignorar las recomendación del CES de que se hagan ajustes en algunos sectores, como son el agrario y pesquero, sectores con particularidades específicas que se verán más afectados que otros por la implementación de esa reforma de la reducción de jornada semanal frente a otras actividades”.

Carlos de la Torre subraya la necesidad de revisar la letra pequeña de esta reducción de jornada que es bastante compleja y transversal. (Imagen: E&J)

En cuanto al registro horario, digital e interoperable, Carlos de la Torre recuerda que las empresas tendrán seis meses para adaptarse tras la entrada en vigor de esta reducción de jornada. Un registro que las empresas tendrán que realizar evaluaciones de impacto (PIAS) para comprobar que no invaden los derechos de los trabajadores. “Se mantiene el enfoque de registro digital y las presunciones y sanciones que perjudican a las empresas. Ahora cualquier sanción por la reducción de jornada es por trabajador y puede llegar a los 10.000 euros, lo que será muy disuasivo”, señala este abogado consultado.

Respecto al debate abierto sobre si la reducción de jornada abre la puerta a la productividad o es a la inversa, De La Torre recuerda que las tesis del Gobierno y sindicatos insisten en que la reducción de jornada traerá un incremento de productividad, “sin embargo, no hay evidencia empírica. Las empresas tendrán que tomar decisiones en entornos industriales o de servicios de atención al público si quieren mantener los mismos niveles de producción o servicios”.

Sobre el derecho a la desconexión digital, décimo elemento importante, este experto reconoce que ya en algunos convenios colectivos se negocia e introduce, pero aún con carácter minoritario. Ahora el Gobierno incrementa su importancia como derecho irrenunciable para el trabajador. “Será un derecho irrenunciable ligado al descanso, a la intimidad y a la dignidad”, aclara el abogado.

En cuanto a ese uso del registro horario y los efectos que puede generar, Carlos de la Torre cree que “habrá más litigios e inspecciones en materia de tiempo de trabajo y horas extras, y las sanciones y contingencias económicas en casos de incumplimientos será exponencial. En este sentido, sectores como la agricultura, el comercio y la hostelería y restauración estarán en el foco de las inspecciones”.

Desde su punto de vista “habrá disfunciones en los contratos mercantiles y en los contratos públicos vigentes al cambiar las reglas del juego por incremento de costes nuevos no soportados por el precio del contrato o de las licitaciones públicas”.

Una reforma con bastantes lagunas

Para el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutenses, Jesús Lahera, consultor en Abdón Pedrajas Littler y miembro de la Junta Directiva de ASNALA, “es una reforma importante la que plantea esta reducción de jornada. Sin acuerdo social, lo previsible es que no se apruebe en el Congreso. En cuanto a la reducción de jornada, la reforma es imperativa, otra opción podría haber sido 37,5 horas pero que los convenios colectivos pudieran haber subido a 40 horas siguiendo el modelo de Francia, que dio capacidad a los convenios para subir esa reducción”.

Otra cuestión que le llama la atención a este experto es que “el texto que conocemos dice que entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Eso supondría la reducción de la jornada laboral afectaría a muchos convenios de un día para otro, cuestión que es inexplicable. Debería haber una vacatio legis, como la que hay con el registro de jornada que se plantea de seis meses desde la entrada en vigor de la norma. En este asunto la vacatio legis, que debe ser digerida por la negociación colectiva y con respecto a los convenios vigentes, daría un plazo de tres años”.

Jesús Lahera cree que la reducción de jornada se ha hecho de forma precipitada y debe llevarse de nuevo a la mesa del diálogo social. (Imagen: E&J)

En cuanto a la aplicación práctica de esta reducción de jornada, Lahera indica que “tal y como está diseñada, al ser imperativa de un día para otro, lo que apenas da margen a las comisiones negociadoras, la aplicación practica será muy compleja y puede crear graves problemas. Esta es una medida que se tiene que hacer con una vacatio legis amplia, y que luego los convenios colectivos la vayan incorporando. Al final es una reducción de jornada anual y esa distribución de dicha jornada responde a los convenios colectivos, con lo cual hay que darles espacio para negociar viendo la heterogeneidad de las actividades económicas”.

Desde su punto de vista, “el impacto de la reducción de jornada es evidente tanto a nivel de coste económico como organizativo. Aquellos sectores que manejan 39 o 40 horas tendrán que reorganizar su tiempo con más horas extras o con el uso de más contratos a tiempo parecía. Si ese impacto es menor se puede trasladar ese impacto en vacaciones. Si se toma la decisión de implementarla tiene que ser desde la negociación colectiva y con cierta transitoriedad para que sea asimilada. No se puede reorganizar de un día para otro los turnos y cambiar los sistemas de tiempo de trabajo como plantea el Gobierno. Un escenario posible sería reconducir esta reducción de jornada, si no tiene apoyo parlamentario, a la mesa del diálogo social de nuevo”.

Ese experto recuerda que “aquí lo que se quiere hacer es una jornada de reducción anual de la jornada, no semanal, y es importante contar con medidas de flexibilidad. Si reduces dicha jornada anual debes aumentar la flexibilidad, que es otra de las carencias del proyecto de ley. De todas formas, al no tener ese acuerdo social con los empresarios, las posiciones a día de hoy están muy enfrentadas. En cuanto al registro horario, se digitaliza y se establecen algunas exigencias como que consten las interrupciones y sea accesible en remoto para los inspectores de Trabajo que lo supervisan y los representantes de los trabajadores. Habrá que ver quién paga su coste económico”.

Para Jesús Lahera el nuevo registro será clave en las negociaciones con los partidos políticos, ya que “supone un incremento de costes para las empresas y organizaciones, en especial para las pymes. Habría que activar alguna ayuda pública específica, o que el ‘Kit Digital’ que ya existe para la digitalización de pymes y autónomos se extendiera a esta cuestión. El problema es que puede intensificar el control de los trabajadores, lo que puede vulnerar su intimidad y privacidad. Es posible que las empresas tengan que hacer, antes de usar el registro, evaluaciones de impacto adecuadas para ver si realmente puede ser tan invasivo como parece”.

Respecto a la desconexión digital ese jurista señala que “es otra manera de intervenir en las relaciones laborales por parte del Gobierno cuando ya existen protocolos, muchos de ellos acordados con los representantes de los trabajadores y las empresas. Ya tenía una primera regulación en la normativa de protección de datos vigente. Aquí lo que se indica es un deber de la empresa de no comunicarse con los trabajadores fuera del tiempo de trabajo, cuestión que tiene muchos problemas en la práctica. Habrá que especificar las excepciones. Es otra cuestión que forma parte de los convenios colectivos. La futura ley es bastante intrusiva, también”.