La reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal pone en peligro el Estado de Derecho, advierten las asociaciones

La reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal «pone en riesgo la independencia judicial» al «propiciar un acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas». Así lo han advertido hoy tres asociaciones de jueces y dos de fiscales: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). 

Se han pronunciado así en un comunicado conjunto sobre el Proyecto de Ley por el que se modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), aprobado ayer por el Consejo de Ministros supuestamente «para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal». Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han rechazado firmarlo.

El proyecto consolida un sistema de becas que facilite el acceso a la carrera judicial y fiscal a aquellas personas que carezcan de recursos, suprime el traslado forzoso tras el ascenso automático que se introducía en el anteproyecto y la fase de sustitución y refuerzo en la escuela judicial, que las asociaciones vienen reclamando desde 2013.

Estas asociaciones de jueces y fiscales están a favor de un sistema de becas y de la supresión de medidas que, como ya advirtieron, «eran contrarias a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional». «No obstante, tal y como señalamos en su momento al conocer el anteproyecto y al presentar nuestras alegaciones, era previsible que el Ministerio de Justicia optara por retirar dichas medidas con el fin de proyectar una imagen de escucha, consenso y diálogo», indican. 

María Jesús del Barco, presidenta de la APM, la asociación mayoritaria de la Carrera Judicial. (Imagen: Cedida)

Estas asociaciones destacan que fuera de estos extremos, «el panorama que implica esta reforma», sin tomar en cuenta el resto de las alegaciones que hicieron al anteproyecto, «es desolador», pues «supone una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial».

En primer lugar, denuncian la «desnaturalización del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal». Alertan de que la reforma propuesta, tal y como quedaría redactada, modifica profundamente los procesos de selección y «no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir, en todo tiempo y lugar, el acceso a la función pública».

«Ejemplo de ello es la eliminación de un examen oral (la parte procesal) en el turno libre para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio, que bien podría haberse incluido sin tener que rebajar las exigencias de conocimiento, pero que, tal y como parece regulado, supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales», precisan.

Además, señalan que la nueva regulación del llamado «cuarto turno», un concurso-oposición «sin límite máximo de plazas y reconociendo una antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso, posibilita un acceso discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre», los cuales, por otro lado, «si todo ha quedado como en el anteproyecto, ingresarían en la carrera a disposición de los presidentes de TSJ y con obligación de participar en los concursos siguientes».

Sergio Oliva, portavoz de AJFV. (Imagen: Óscar Peña/E&J)

«Ello supondrá en la práctica institucionalizar la figura del juez en expectativa de destino, vulnerando el principio de inamovilidad de jueces y magistrados proclamado en el art 117.1 de la Constitución Española», aseveran.

Estas asociaciones de jueces y fiscales también rechazan el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos. «Es contrario a nuestros principios constitucionales y, contrariamente a lo que se dice, no es lo que nos pide Europa. La convocatoria de un único proceso por carrera, sin establecerse un número de plazas determinado, abierto a cualesquiera profesionales y basado en una oposición consistente únicamente en un dictamen práctico, seguido de una fase de méritos, no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales», afirman.

Además, señalan que este sistema otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras prácticas en la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos, «sin equipararse en exigencia y comprobación de aptitud al proceso ordinario del turno libre», por lo que «se consagra así una vía de acceso extraordinaria carente de las debidas garantías de transparencia y rigor que, por si ello no fuera suficiente, además abre la puerta a futuras convocatorias similares».

«Este acceso excepcional a la carrera judicial y fiscal al margen del sistema ordinario, no sólo constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo, sino que erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, tal como recogen los artículos 23 y 103 de la Constitución Española», sentencian.

Fernando Portillo, presidente de FJI. (Imagen: Cedida)

Para estas asociaciones es «especialmente preocupante» que se vincule la solución a la temporalidad de jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos con un aumento de efectivos judiciales a través de «un proceso de acceso sin rigor e injustificadamente distinto al de los actuales integrantes de la carrera judicial y fiscal».

«La regularización pretendida debe abordarse desde su condición de empleados públicos y no a través de vías que perpetúen la interinidad«, afirman, haciendo hincapié en que «es imprescindible cesar en los nombramientos que superen los límites legales de temporalidad y avanzar hacia un modelo estable basado en el incremento progresivo y sostenido de plazas en la carrera judicial y fiscal obtenidas mediante un sistema selectivo basado en la excelencia, y ello hasta alcanzar estándares europeos», porque «solo así será posible garantizar una justicia impartida por profesionales independientes, con plena formación y legitimidad constitucional».

Por otra parte, indican que la implantación de mecanismos de acceso que «rebajan» los niveles de exigencia jurídica e introducen elementos de «arbitrariedad» supone «un claro deterioro de la calidad del servicio público de Justicia». Un «debilitamiento» que «afecta directamente a la ciudadanía, que ve comprometido su derecho fundamental a recibir justicia por profesionales independientes, imparciales y técnicamente cualificados».

Asimismo, advierten que esta iniciativa supone «un retroceso democrático en la elección de órganos de gobierno». En este sentido, afirman que «la pretendida reforma del sistema de elección de miembros electos de las Salas de Gobierno, al imponer candidaturas individuales y restringir el derecho de sufragio a un único voto, limita injustificadamente la representación proporcional de la Carrera Judicial», y destacan que «este recorte contrasta con los estándares europeos, que reclaman una mayor intervención de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno».

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria de la Carrera Fiscal. (Imagen: E&J)

También denuncian «deslegitimación de la Comisión de Ética Judicial». A este respecto, indican que «la anunciada inclusión de miembros designados por las Cortes Generales en la Comisión de Ética Judicial compromete su independencia y convierte un órgano técnico y consultivo en un instrumento vulnerable a injerencias externas». «Esta configuración politizada amenaza la credibilidad de sus dictámenes y menoscaba la función ética que debe ejercer dentro del Poder Judicial», argumentan.

Sobre la creación de un centro público de formación de opositores, dependiente del Ministerio de Justicia, que, además, tendrá las competencias en materia de becas, señalan que esto «conlleva un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo, inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes».

Asimismo, denuncian la limitación de la actividad asociativa judicial. «La imposición de restricciones a la financiación de las asociaciones judiciales, sin un aumento proporcional de las subvenciones públicas, supone un ataque directo a su capacidad operativa», sostienen, recordando que las asociaciones no solo representan los intereses profesionales de los jueces, sino que son «garantes activos de los valores constitucionales y del Estado de Derecho» y su debilitamiento «afecta a la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial, cuyos miembros tienen prohibida por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación». 

Y concluyen el comunicado manifestando su «firme compromiso con la defensa de la carrera judicial y fiscal, y de los valores constitucionales», y avisan que si fuera necesario, adoptarán, dentro de su ámbito de actuación, «las medidas que resulten precisas para salvaguardarlos».

Miguel Pallarés, presidente de la APIF. (Imagen: E&J)