Madrid, junto a colegios de abogados y procuradores, declara la guerra a la okupación de viviendas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este lunes que la Ley de Vivienda ha perjudicado gravemente el mercado del alquiler de vivienda en España.

«Nos enteramos de que España ha perdido 120.000 alquileres en dos años desde la aplicación de la Ley de Vivienda; que arrendar una casa cuesta hoy un 26 % más que antes de la norma. Porque, cuando se llevan a cabo políticas bolivarianas sin ley, son lo mismo siempre: apagones, escasez, mercado negro, huida de empresas, infiernos fiscales», ha manifestado la presidenta madrileña.

Ayuso ha realizado estas declaraciones en la Real Casa de Correos, durante la firma con los decanos de los colegios de abogados y procuradores de un protocolo de actuación frente a la ocupación ilegal de las viviendas.

Díaz Ayuso suscribía, en la Real Casa de Correos —sede del Gobierno regional—, un protocolo de actuación con los colegios de abogados y procuradores para facilitar a víctimas de la ocupación de viviendas asesoramiento jurídico gratuito de letrados. Díaz Ayuso ha constatado que, aunque el Ejecutivo autonómico carece de competencias para solucionar esta lacra, no va a «ponerse de perfil».

Gracias a este acuerdo, los afectados tendrán igualmente representación procesal de procuradores gratuita en los tribunales y atención psicológica gratuita en la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).

Para atender estas demandas, el Gobierno regional creará un nuevo servicio especializado sobre ocupación a través del 012 de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, estableciéndose un procedimiento de comunicación con el 112 Ocupación para que las víctimas puedan recibir al instante esta ayuda.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de modificar todas aquellas leyes que impiden a los jueces la expulsión inmediata de los ocupas, devolviéndoles la posibilidad de actuar con carácter urgente en los procedimientos. Denuncia que el Gobierno minimiza el problema señalando que son uno o dos casos. “Son síntomas de males profundos, pero no son males de España, de la sociedad española ni de nuestra Constitución, que son buenas y están sanas. Son males de quienes quieren, desde el poder y las administraciones, no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad”, ha enfatizado Díaz Ayuso.

Una lacra lamentable

La presidenta madrileña ha alertado de que, detrás de cada denuncia, hay personas: propietarios que pierden sus casas, vecinos que ven alterada la convivencia y barrios enteros deteriorados. «Muchas de esas viviendas, finalmente, dan cobijo a otros negocios, igualmente legales o ilegales, como puede ser la trata de seres humanos o los narcopisos. En Madrid se estima que hay 9.000 viviendas ocupadas», ha añadido.

En este sentido, ha constatado que el Gobierno madrileño va a poner a disposición de los afectados todas las medidas y herramientas posibles para estar a su lado, ayudarles a recuperar sus viviendas y evitar que este mal vaya a más. «Porque esto va de delitos, pero también va de derechos fundamentales», ha manifestado.

La presidenta Díaz Ayuso, firmando ese acuerdo de apoyo a las víctimas de la ocupación ante la mirada de los decanos madrileños. (Imagen: Comunidad de Madrid)

Díaz Ayuso ha destacado que, desde su puesta en marcha en junio de 2022 hasta el 30 de abril de este año, el teléfono 112 Ocupación —de carácter gratuito—, en el que servicios sociales y policiales buscan una solución rápida a la ocupación, ha recibido 4.041 llamadas. En ese periodo, 246 ciudadanos han alertado sobre este delito en su propiedad privada, habiéndose podido evitar o proceder al desalojo de la vivienda en 44 ocasiones.

Recordó también que la Consejería de Vivienda, hasta ahora, ha abonado unos dos millones de euros a propietarios en situaciones de impago por ser víctimas de la ocupación de sus viviendas, y que estos pueden deducirse en el IRPF madrileño las primas de seguros ocasionadas por gastos en el inmueble o por el impago de arrendamientos. Además, el Canal de Isabel II se hace cargo de la factura del agua mientras dure la ocupación.

Los colegios, con la propiedad privada

El documento ha sido rubricado, además de por la presidenta Díaz Ayuso, por los decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; de Alcalá de Henares, Ángel Llamas; y de los procuradores de Madrid, Alberto García, quienes manifestaron su satisfacción por dicho acuerdo.

Para el decano de los procuradores madrileños, «es sorprendente que tengamos que venir a esta sede de la Comunidad de Madrid a proteger el artículo 33 de la Constitución. No deberíamos ser los únicos en hacerlo; debería protegerse desde instancias superiores. Agradezco el esfuerzo que hace la Comunidad de Madrid, presidenta, y siempre nos encontrarás en este tipo de actos».

Al mismo tiempo, comentó que «desde 2016, año en que se creó el servicio de representación procesal en el ICPM, con el apoyo de la Comunidad de Madrid por la subvención que recibimos todos los años, se ha revelado como una herramienta eficaz para el ciudadano, que es lo que pretendemos siempre desde la procura madrileña».

Sobre la ocupación, recordó que «las denuncias por esta lacra subieron un 7,4 %, unos 16.500 asuntos, según datos del Ministerio del Interior, que creemos no son muy fiables porque ni recogen la ‘okupación’ ni las demandas civiles de este tipo de asuntos. Detrás de esos 16.500 asuntos hay personas que están desprotegidas de su derecho a la libertad y a la propiedad, y que tienen unos derechos cercenados».

Para Eugenio Ribón, decano del ICAM, «los que creemos en el Estado de Derecho, en la libertad y en el respeto a la ley, consideramos que la propiedad privada es uno de los elementos esenciales que genera un marco de convivencia en nuestra sociedad. Esa propiedad privada, reflejada en el artículo 33 de la Constitución y desarrollada en el artículo 348 del Código Civil, significa el goce pacífico de las cosas, sin más limitaciones que las impuestas por la ley».

Isabel Diaz Ayuso, durante su ponencia. (Imagen: Comunidad de Madrid)

Desde su punto de vista, «el caso de la ocupación es un caso en el que ese principio de convivencia se ve amenazado, y aunque pueda parecer lo contrario, es un principio que hay que proteger en nuestros días. Las estadísticas hablan de 16.000 ocupaciones anuales, 61 que se producen a diario en nuestro país. Madrid está lejos del 42 % de las ocupaciones que acontecen en Cataluña. Este principio debe protegerse a nivel de la administración con los colegios profesionales o puede verse en riesgo».

A su juicio, «con el convenio de hoy tenemos el compromiso de la Comunidad de Madrid y de los colegios profesionales para la protección de todos los ciudadanos. Esto hace que Madrid se convierta en capital de la seguridad jurídica y protege el acceso a las viviendas de sus propietarios. Desde los colegios tenemos el compromiso social de ofrecer los recursos a aquellos que estén en dicha vulnerabilidad, pero siempre desde el marco jurídico que supone el respeto a la propiedad privada”.

Por su parte, Ángel Francisco Llamas, decano del ICAAH, señaló el trabajo de los servicios de orientación jurídica de esta entidad, que ya tienen una actividad más completa que hace años. «Normalmente es un apoyo a los detenidos, pero en este tipo de situaciones es un apoyo a las víctimas que sufren la ocupación de su vivienda. Este protocolo y las medidas que se articulen serán claves para implementar el mismo con el apoyo de la abogacía, elemento clave para la tutela judicial efectiva de los ciudadanos».

Afectados por ocupación, esperanzados

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inkiocupación, uno de sus portavoces, Ricardo Bravo, considera importante el gesto de la Comunidad de Madrid en la lucha contra esta lacra. «Nosotros estuvimos reunidos con Isabel Díaz Ayuso el pasado 4 de febrero, y ya nos habló de implementar este tipo de medidas. Siempre la hemos visto activa. Ya entonces nos habló de ofrecer apoyo psicológico a las víctimas más vulnerables de esta problemática».

A su juicio, «el problema de esta cuestión es que no hay datos oficiales. La Delegación del Gobierno afirma que ha disminuido un 50 %, pero no lo vemos así. No se recogen las inkiocupaciones, cuando el inquilino deja de pagar y se queda en tu casa. Al final, se producen muchas situaciones de pisos cerrados. Esto lo que genera es un aumento en los precios del alquiler, ante la restricción de la oferta por la falta de seguridad jurídica para los propios propietarios, que prefieren no poner sus viviendas en el mercado del alquiler».

En cuanto a esos datos, Bravo señala que «no aparecen las soluciones extrajudiciales que se plantean, porque se tarda años en que los tribunales te ayuden a recuperar tu vivienda, y los servicios sociales otorgan condiciones de vulnerabilidad a familias que, en muchos casos, no lo son. Según un estudio nuestro, realizado a comienzos de año, el 30 % de los afectados prefiere no denunciar ante la lentitud de la justicia, que pone trabas al propietario. Al final, se buscan otros sistemas: vía mediaciones o empresas de desocupación. El 93 % de los caseros son de clase media baja y tienen una única vivienda en alquiler; la mitad de ellos son de la tercera edad».

En esta ocasión, las ayudas que va a implementar la Comunidad de Madrid serán tanto para las víctimas de ocupación como de inkiocupación. «No se les puede echar, porque al final los servicios sociales justifican su vulnerabilidad y pueden quedarse años sin pagar nada. Les ampara un Real Decreto de marzo de 2020, en pleno COVID, que se ha ido renovando año a año. Confiamos en que las comunidades autónomas con las que nos hemos reunido sigan la línea de la Comunidad de Madrid. Necesitamos más ayudas, y Díaz Ayuso ha tomado la delantera, mientras que el Gobierno sigue negando el problema», ha concluido.