Renovar la confianza en el Derecho: una tarea inaplazable

La confianza es el cemento invisible de toda convivencia democrática. Sin ella, el Derecho pierde su función de marco protector, la ciudadanía percibe las instituciones como lejanas o ineficaces, y se abre la puerta a discursos autoritarios que prometen eficacia sin garantías. Hoy, más que nunca, renovar la confianza en el Derecho no es solo una aspiración, sino una necesidad urgente.

Con esta convicción celebramos recientemente en Barcelona la jornada ‘Renovar la confianza en el Derecho’, organizada por el Consell de l’Advocacia Catalana y la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña. Un espacio de diálogo plural donde voces de la abogacía, la judicatura, la fiscalía, la universidad, el notariado, la procura, los registradores, los graduados sociales, la administración y otros operadores jurídicos, junto con expertos en filosofía y comunicación, reflexionamos sobre el futuro del Derecho y su impacto en la sociedad.

Nuestra profesión está llamada a afrontar con lucidez una etapa de profundos desafíos. La transformación digital, la creciente judicialización de la vida social, la sobrecarga normativa, la desinformación, la escasez de recursos o el desapego ciudadano no solo impactan en nuestro trabajo cotidiano, sino que tensionan los fundamentos sobre los que se construye nuestro sistema jurídico. Vivimos en una época donde el acceso a la información es inmediato, pero el conocimiento profundo y crítico es cada vez más escaso. La abogacía, y el conjunto del mundo jurídico, no pueden permanecer ajenos a esta realidad.

Frente a este escenario, urge detenernos y pensar. Preguntarnos qué sentido tiene el Derecho hoy, a quién sirve, cómo podemos ejercer nuestra función con mayor eficacia, proximidad y legitimidad. No basta con ser expertos técnicos; debemos ser también garantes de derechos, intérpretes del interés general y defensores de los más vulnerables. La excelencia profesional ya no se mide solo por conocimientos jurídicos, sino también por la capacidad de escucha, de contextualización y de responsabilidad social.

Durante la jornada, el filósofo Juan Manuel del Pozo nos recordaba que la confianza no se decreta, sino que se cultiva con pedagogía, ejemplaridad y compromiso ético. El Derecho no puede desligarse de los valores que lo legitiman. En tiempos de cambio, es precisamente esa raíz ética la que debe guiarnos. La buena fe, que Cicerón consideraba fundamento de la justicia, no puede ser sustituida por algoritmos ni atajos procedimentales. Del Pozo nos instó, incluso, a recuperar cierta “ingenuidad bien entendida”, esa disposición a confiar en el otro que es indispensable para reconstruir un vínculo social sano.

Tampoco podemos obviar el impacto de la inteligencia artificial o la proliferación de noticias falsas. Son fenómenos que, si bien ofrecen oportunidades, también pueden socavar derechos fundamentales y distorsionar la percepción pública del sistema de justicia. La tecnología, sin un marco ético y jurídico claro, no genera confianza. Al contrario, puede convertirse en herramienta de exclusión o manipulación. Por eso, como juristas, debemos liderar el debate sobre su regulación y su uso responsable. No se trata de frenar la innovación, sino de asegurarnos de que no se convierte en un nuevo factor de desigualdad o desprotección.

(Imagen: E&J)

La desinformación es otra amenaza creciente. Las fake news y los algoritmos que nos encierran en burbujas informativas no solo afectan a la política, sino también a la justicia. Cuando la ciudadanía no distingue entre información verificada y manipulación interesada, la labor de los operadores jurídicos queda desacreditada o malinterpretada. Aquí también tenemos una responsabilidad: promover la alfabetización jurídica y comunicativa, exigir rigor a los medios y fomentar una cultura de transparencia institucional.

En este contexto, reivindico el papel de la abogacía como pilar del Estado de Derecho. Somos actores esenciales para garantizar el acceso a la justicia, especialmente de quienes más lo necesitan. Pero también necesitamos instituciones sólidas, medios adecuados y reconocimiento social para ejercer esa función en plenitud. Defender la abogacía es defender los derechos de la ciudadanía.

Ahora bien, no se trata de caer en el pesimismo. También sería un error aferrarnos al triunfalismo. Se trata, simplemente, de asumir con responsabilidad el momento que vivimos y de trabajar, desde cada uno de nuestros ámbitos, para fortalecer el vínculo entre ciudadanía y sistema de justicia. Porque sin confianza no hay legitimidad. Y sin legitimidad, el Derecho deja de ser una herramienta de cohesión para convertirse en un instrumento de imposición.

Invito a todos los profesionales del mundo jurídico a sumarse a esta reflexión colectiva. A salir de la rutina, a escuchar otras voces, a colaborar con otras disciplinas. A renovar no solo nuestras herramientas, sino también nuestro propósito.

El Derecho sigue siendo imprescindible. Hagamos que también siga siendo creíble.