Las bajas laborales por IT se disparan: su coste ya asciende a unos 29.000 millones de euros en los últimos 10 años

Las bajas laborales están en cifras récord. Según el último informe del Banco de España, afectan al 4,4 % de los trabajadores, frente al 2,7 % que se registraba en 2019. En total, más de un millón y medio de personas se encuentran en situación de incapacidad temporal. Esto equivale a la mitad de la Administración Pública.

El problema del absentismo se ha disparado y urge buscar una solución, ya que está afectando a la productividad y competitividad de las empresas.

Según expertos consultados por E&J, en cualquier sector impide alcanzar el nivel producción de bienes y de prestación de servicios esperable, ya sea por la propia falta de personal, o bien —y en el mejor de los casos—, aun sustituyendo a ese personal, cuando ello se consigue, porque el nivel producción total establecido no se alcanza por un rendimiento marginal inferior, salvo en determinadas excepciones, toda vez que las personas que cubren las bajas laborales de otros trabajadores no suelen tener ni la formación, ni el nivel de experiencia que la mayoría de los puestos requieren.

Desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Pedro Pablo Sanz, su director gerente, califica la situación de “bastante alarmante”. El coste del absentismo laboral derivado de la incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes se ha incrementado en un 186,95% en los últimos 10 años, alcanzando los 29.000 millones de euros. El número de procesos por estas incapacidades se ha incrementado en el mismo periodo en un 121,55%, superando los 8.700.000 procesos. Mientras que la población cubierta por contingencias comunes por la Seguridad Social aumentó en un 24,92%, en ese periodo.

A su juicio, la desproporción es absoluta y el problema es gravísimo, tanto para las empresas como para el resto de los trabajadores que todos los días acuden a sus puestos de trabajo. También para la Seguridad Social y para las mutuas. Es sin duda un enorme problema social y económico, pero no de salud. Los proceso de baja crecen por factores de índole social: el proteccionismo del Estado en prestaciones sociales y en relaciones laborales; el paternalismo y buenismo familiar, y en relaciones sociales.

Sanz también cree que hay “pérdida de valores, como el compromiso y sacrificio en relación con el trabajo; el cambio de preferencias en favor del ocio frente al trabajo; la aparente menor resistencia a la enfermedad; el uso abusivo e indebido de estas prestaciones de Seguridad Social por parte de un segmento cada vez mayor de trabajadores y que pagan principalmente las empresas y, en muy menor medida, los propios trabajadores”.

Pedro Pablo Sanz, director gerente de AMAT, cree que hay que establecer un plan de choque para controlar mejor estas bajas laborales. (Imagen: AMAT)

A todo esto se suman entre otros factores, como los procedimientos que estructuran un laberinto burocrático para la gestión de las bajas laborales entre los distintos agentes que interactúan: Servicios Públicos de Salud, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. “Este crecimiento desmedido no es una cuestión de salud, es una cuestión de recursos, de organización y gestión sanitaria, y también es una cuestión de toma de conciencia y responsabilidad sobre el problema, por parte de los trabajadores, profesionales sanitarios y Administración. Los trabajadores españoles no están más enfermos que antes”, señala el director gerente de AMAT.

Desde esta Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo su director gerente plantea como propuesta “dotar a las mutuas de las competencias de gestión y de los recursos necesarios para realizar una gestión integral de los procesos de baja por contingencia común, así como la facultad de dar el alta médica en los mismos, especialmente en aquellos diagnosticados como patologías traumatológicas. Eso sí, estableciendo un mecanismo de garantía para el trabajador, como el que ahora existe en el caso de los accidentes de trabajo o enfermedad profesional, y que puedan recurrir ante una disconformidad, en este caso, ante la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud”.

“Además de esta, existen otras propuestas que sin duda ayudarían a reducir los niveles de bajas laborales en los que nos encontramos, tales como: suprimir la prestación económica a cargo de la empresa entre el día 4 y el 15 de un proceso de baja laboral por contingencias comunes; revisar las cláusulas de complementos y mejoras de la prestación de ITCC en la negociación colectiva para su supresión o modulación; y reducir/ ponderar el coeficiente a aplicar para el cálculo de la prestación económica de ITCC”, indica Sanz.

Un problema de gestión

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, considera que en esta situación deben implicarse los tres Ministerios afectados: Sanidad, Seguridad Social y Trabajo, “porque no es un problema de prestaciones, sino de gestión. Desde la pandemia los trastornos de la salud mental son evidentes, bajas laborales que tienen que ver con el estrés o la ansiedad se han incrementado desde el 2016 en un 120%, y desde la pandemia en un 72%. Eso debe hacer que se actualice el listado de enfermedades profesionales, la última vez que se hizo fue en el 2006 para incluir esas enfermedades derivadas de trastornos mentales”.

Desde el Ministerio de Trabajo se indica que el 30% de las bajas laborales por salud mental están originadas en los centros de trabajo: “Se trata de realizar esa actualización para que desde la prevención y las mutuas se establezcan procedimientos para frenar esta lacra”. A su juicio es mejor no hablar de fraude: “Las empresas y las administraciones públicas no están protegiendo a las personas de los nuevos riesgos. Ahí tenemos que citar los riesgos digitales, de perspectiva de género, de la salud mental y de los que se generan en las pymes con accidentes laborales que generan bajas. El 74% de los accidentes mortales suceden en las pymes”.

En este escenario, Ruiz es consciente de la necesidad de actualizar la Ley de Prevención de Riesgos laborales que data de 1995 “para una mejor gestión de las IT, que se han incrementado. Sobre estas bajas, sindicatos y patronal desde el V Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC), de mayo del 2023, donde adquirimos el compromiso que cualquier baja por IT producida por algún trastorno musco esquelético tendría que ser atendida por las mutuas colaboradoras. Se trataba de logar una recuperación mejor y bajas más cortas. El AENC se ratificó en julio del 2024 no se ha podido desarrollar aún”.

Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT, cree que hay que actualizar las enfermedades profesionales y que el fraude existente es pequeño. (Imagen: UGT)

Necesidad de más control

Para Fernando Vizcaino de Sas, socio de laboral de ECIJA, “el aumento significativo de los procesos de IT que se está dando, de donde destacan dos datos impactantes como son la subida de un 175% de las enfermedades mentales que sube a un increíble 375% en la población de jóvenes, ha de hacernos reflexionar sobre esta cuestión”.

“Desde el punto de vista laboral, no solo hay que abordar la situación por el evidente coste material y en horas perdidas de eficiencia en el trabajo que produce, sino porque esa cifra de bajas por IT (con un incremento, también de los procesos de larga duración), puede ocultar otra serie de cuestiones ajenas a la propia salud de los trabajadores”, comenta Vizcaino.

A su juicio “un mayor y mejor control de los procesos de baja es necesario para intentar evitar el fraude, pero, ahora, la discusión doctrinal sobre la posible nulidad del despido por atentar al derecho fundamental a la salud que, por vía de discriminación introdujo la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y no discriminación, puede estar provocando que se den situaciones de IT para protegerse frente al despido o como arma para negociar nulidades por la extinción”.

En su opinión, “la asignatura pendiente del Gobierno es regular mecanismos de seguridad que permitan a las empresas controlar que las situaciones de IT respondan a realidades de salud de los trabajadores y no encubran otros intereses espurios”.

Para este jurista “fomentar un clima que potencie provocar, no siendo siempre reales, situaciones de IT que se pueden mantener en el tiempo y utilizar para alterar las relaciones laborales o su evolución, tiene como consecuencia el aumento exponencial de las cifras de baja”.

Fernando Vizcaíno de Sas aclara que “la gestión de la salud laboral por los servicios médicos de las propias empresas y la necesidad de informas periódicos objetivos que vayan más allá de meros partes de asistencia sanitaria, son también avances que deberían estudiarse”.

En definitiva, “la salud es un derecho fundamental y su cuidado y vigilancia, un servicio público. En el día a día nos encontramos con demasiados casos en los que se abusa de situaciones de IT con finalidades que nada tienen que ver con la salud de las personas. Eso no se puede permitir”.

Fernando Vizcaino, como abogado que asesora a empresas, cree que faltan mecanismos para controlar mejor las bajas por IT en las empresas. (Imagen: ECIJA)

El absentismo laboral, un gran problema

Fernando Ruiz, socio de laboral de Deloitte Legal, destaca que la tasa de absentismo laboral en España ha aumentado cada año desde 2013. El absentismo es un tema relevante en el ámbito laboral que afecta tanto a la salud de los empleados como a la economía de las empresas. Ruiz explica que “hay distintos factores que lo causan como pueden ser el envejecimiento de la población laboral; los problemas de salud física y mental; la desmotivación y la falta de atención a las necesidades de los empleados”.

Para este jurista “a la hora de hablar del absentismo nos podemos encontrar con varios mitos como que el absentismo siempre indica falta de compromiso o que los empleados siempre abusan de las licencias médicas. Al respecto debemos señalar que la mayoría tiene razones válidas. No podemos esconder que también es cierto que existe un porcentaje del absentismo que es fraudulento y es ahí donde las empresas, la Administración y los sindicatos deberían poner el foco”.

Sobre el impacto del absentismo Ruiz señala que influye en la salud de los empleados, supone pérdida de motivación y compromiso laboral, así como el impacto económico que genera sanciones y pérdida de beneficios laborales. En este contexto “llama la atención la falta de estrategias públicas que tengan como finalidad combatir el absentismo y sus causas. Eso ha hecho que las empresas hayan tenido que diseñar sus propias estrategias para combatir el absentismo”.

En cuanto a las estrategias empresariales de absentismo, este experto laboralista cree que se basan en cuestiones como la importancia de abordar el absentismo de manera estratégica y humana; poner el foco en medidas preventivas; la formación de mandos intermedios. programas a nivel de empresa de salud y bienestar y la revisión de políticas de conciliación.

Fernando Ruiz destaca que la entrada en vigor de la Ley 15/2022 ha supuesto un cambio en las reglas del despido de empleados en situación de enfermedad o incapacidad temporal. (Imagen: Deloitte Legal)

Fernando Ruiz cree que hay dos cuestiones claves relacionadas con el absentismo: “Por un lado, tenemos el envejecimiento de la población activa y el retraso de la edad de jubilación. Si los datos muestran que los trabajadores mayores de 55 años tienden a tener más bajas médicas por incapacidad temporal, parece indudable que el retraso de la edad de jubilación influye directamente en el aumento de las bajas médicas por incapacidad temporal en términos absolutos”.

El otro elemento que destaca este jurista tiene que ver con “los cambios legislativos: la entrada en vigor de la Ley 15/2022 ha supuesto un cambio en las reglas del despido de empleados en situación de enfermedad o incapacidad temporal. Conforme a lo dispuesto en dicha norma la situación de baja médica o enfermedad es un supuesto legal protegido frente a la discriminación. Lo anterior supone que el despido o la sanción laboral en caso de incapacidad temporal puede suponer la nulidad del despido o de la sanción impuesta por el empresario”.

En su opinión, “desde ese cambio normativo hay que probar en la carta de despido que la terminación del contrato de trabajo de un empleado en situación de baja médica se ha realizado objetivamente debido a otros motivos indubitados y alejados a la situación de salud del empleado”.

Esto supone que “ya no es posible alegar motivos vagos o poco concretos para justificar la terminación del contrato laboral de un empleado en situación de incapacidad temporal si no queremos que esa terminación pueda acabar en un despido nulo. En nuestro país el despido disciplinario siempre ha sido causal pero la exigencia de la prueba de dicha causa del despido se relajaba cuando el despido era asumido como improcedente por el empresario”.

A su juicio, “sin embargo, hoy en día habría que proceder con mucha cautela y dejar muy claras las causas reales del despido de un empleado en situación de enfermedad, condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías”.