Francesc Rovira: «Los MASC no son una excusa al Gobierno para dejar de invertir en justicia, la cual está muy necesitada de fondos»

En un momento de profundos cambios legislativos y estructurales en el ámbito judicial español, Economist & Jurist inicia una serie de entrevistas a profesionales del Derecho con una amplia trayectoria, para recoger su visión sobre los principales retos del sistema judicial actual.

Francesc Rovira, socio fundador de ROVIRA LLOR ABOGADOS SLP., ha compartido con Economist & Jurist su análisis sobre reformas clave como la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, el modelo de acceso a la carrera judicial, el papel de la mediación o el funcionamiento de los colegios profesionales.

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué opina sobre que los fiscales gestionen la instrucción de los procedimientos?

Francesc Rovira (F.R.): En la actualidad es más una propuesta de futuro lejano que una posible realidad por manifiesta falta de medios técnicos y humanos. La fiscalía hoy en día va saturada con la instrucción de las causas penales de menores (entre 14 y 18 años), incapacidades, acogida, familia con hijos menores, por no hablar que hay muchos partidos judiciales que no tienen fiscalía propia, por lo que son auxiliadas desde la fiscalía del municipio más próximo, o que son bastantes los Juzgados donde los fiscales se desplazan desde otros municipios, y en algunos casos, inclusive desde provincias próximas a donde ejercen sus funciones.

Al margen de la falta de recursos que imposibilita de facto su implementación, es cuestión pacífica que la instrucción por fiscalía de los procedimientos debería venir de la mano de una previa reforma legislativa, tanto del Estatuto del Ministerio Fiscal, como desde la propia LOPJ. Sólo una fiscalía imparcial garantiza la tutela judicial efectiva, por lo que este órgano debería incorporarse al CGPJ y desvincularse del Gobierno, para garantizar su imparcialidad y el uso correcto del “ius puniendi”.

E&J: ¿Qué opina sobre que se habiliten nuevas vías de acceso a la carrera judicial sin superar oposiciones?

F.R.: Dependerá de los requisitos exigidos a esas vías alternativas. Parece evidente que el medio de selección debe ir precedido de un concurso de méritos que exija unos patrones mínimos superiores al grado en derecho más máster de acceso a la abogacía y procura, así como que se acredite un mínimo de experiencia como jurista (abogado, fiscal, catedrático, juez de paz), superar unos controles de madurez (psicotécnicos) y acreditar unos conocimientos jurídicos de formación continua, de modo similar a como viene exigiéndose para el acceso al cuarto turno, para después realizar la formación en la Escuela Judicial, en este contexto no me parece mal.

E&J: ¿Qué opina del modelo de mediación obligatoria de la actual normativa?

F.R.: Es un sistema introducido sorpresivamente y sin presupuesto que lo respalde, lo que comporta una resistencia inicial en la práctica cotidiana que lo ha visto como una dilación más y un mayor coste, sin embargo, puede ser útil en un porcentaje de casos que lo vean como un buen remedio a la controversia, a medio plazo creo que ayudará a descongestionar algo el colapso de los juzgados, pero siendo optimista creo que será un porcentaje entorno al 20%, por lo que los MASC no son una excusa al Gobierno para dejar de invertir en justicia, la cual está muy necesitada de fondos tanto materiales como humanos.

(Imagen: Francesc Rovira)

E&J: ¿Qué opina de la función que realiza su Colegio de la Abogacía?

F.R.: Personalmente los colegios de abogados son corporaciones que han crecido mucho y se han burocratizado en exceso, sí que definen  unas determinadas línea de intereses en función de la Junta que los representa, pero el auténtico soporte y ayuda a los colegiados ha quedado muy diluido, a menudo, repleto de burocracias. Es habitual que determinados contratos y clases de formación requieran de cierta sintonía con la Junta en vigor.

Por otro lado, en temas importantes como los regímenes alternativos a los autónomos, o el apoyo al abogado en el ejercicio de su derecho de defensa ante Jueces y Tribunales, no es de destacar el soporte real de los Colegios, quedando por lo general, bastante huérfano el colegiado. Todo ello hace que siga cuestionándose si el sistema de colegios profesionales como corporaciones mixtas de derecho público y privado son la mejor alternativa o es preferible su adscripción voluntaria.

Permanecen dudas sobre si es necesario el mantenimiento obligatorio en el Colegio de Abogados o la adscripción a un determinado colegio debería ser voluntaria, controlando la colegiación y las obligaciones dimanantes del Estatuto de la Abogacía, el CGPJ a través del TSJ de la Comunidad Autónoma correspondiente, como sucede en otros países como USA o Suiza.

E&J: ¿Qué opina en general de la judicatura española?

F.R.: Como en todos los ámbitos profesionales hay mejores y peores personas en términos de calidad humana, si bien, la formación jurídica de la mayoría de los jueces es alta y actualizada. En asuntos ordinarios creo que se imparte una justicia con unos patrones elevados, en asuntos de injerencia política no siempre se ve el deslinde de separación entre poderes, entiendo que habría que buscar un sistema de nombramientos de los jueces que han de ocupar los más altos órganos judiciales, que garantizase una independencia clara respecto del poder político.

E&J: ¿Qué opina en general de la fiscalía española?

F.R.: La fiscalía es una organización jerarquizada cuyo máximo representante es el Fiscal General del Estado que ostenta la jefatura superior a propuesta del Gobierno. En el sistema judicial actual cumple su función sin mayores incidencias, salvo en asuntos políticos en que su nombramiento por el Gobierno y su obediencia a las instrucciones de su superior jerárquico cuestiona su labor como órgano realmente independiente. De ahí las propuestas de la reforma de su Estatuto, y su adscripción al CGPJ, elaborando un procedimiento a través de un nuevo sistema que no dependa de la designación directa del gobierno, para garantizar su imparcialidad, al ya disponer el Estado de la Abogacía del Estado como medio propio de representación y defensa en litigios de su interés.