La Fundación Hay Derecho cree que el Parlamento podría reclamar en el Constitucional la falta de Presupuestos Generales

De los proyectos de ley «encubiertos» a la falta de transparencia en las reuniones con lobbies, pasando por la carencia  de un Reglamento actualizado en las dos cámaras o la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la Fundación ’Hay Derecho revela graves disfunciones en el Parlamento español que en la última década ha visto como el poder ejecutivo le ha comido mucho terreno hasta ser una entidad residual.

En un detallado informe presentado este jueves por esta institución en la Fundación Rafael del Pino, por Elisa de la Nuez, secretaria general y Germán Teruel, constitucionalista y director adjunto de la investigación de esta entidad, este estudio profundiza en las luces y sombras de las funciones legislativa, presupuestaria, de control al Gobierno y de nombramientos, de nuestro Parlamento prestando especial atención a la XIV Legislatura (2019–2023) y a los primeros compases de la XV.

El diagnostico no puede ser más contundente y alarmante. “Este informe pone cifras y evidencia a una realidad conocida por quienes siguen la actividad parlamentaria: el deterioro progresivo de nuestras Cámaras como espacios de deliberación, representación y control. El objetivo no es sólo diagnosticar, sino ofrecer propuestas de mejora institucional con una mirada práctica y realista”, ha señalado Germán Teruel.

El Informe Parlamento ha sido elaborado sin subvenciones y financiado íntegramente con fondos propios de la Fundación Hay Derecho. Está disponible, a través de una página web interactiva de visualización de datos, de forma gratuita en la web de la entidad.

“Nuestro objetivo es claro: fortalecer el Parlamento como institución democrática, con mayor transparencia, deliberación y control. Porque sin un Legislativo fuerte, no hay equilibrio de poderes posible en nuestro Estado de Derecho”, ha destacado Safira Cantos, directora general de Fundación Hay Derecho. Una institución que en sus diez primeros años de vida, como señaló también su presidente Segismundo Álvarez, que recordaba que la entidad ha presentado una hoja de ruta de actividades para movilizar la sociedad civil y recuperar las instituciones.

De Izda. a Derecha: los exparlamentarios Ignacio Prendes y Gloria Elizo, junto a los integrantes de Hay Derecho, Elisa de la Nuez; Safira Cantos; Segismundo Álvarez y Germán Teruel. (Imagen: Hay Derecho)

Propuestas para una regeneración democrática

Frente a esta situación, Hay Derecho plantea un conjunto de reformas estructurales, que van desde erradicar el uso de proposiciones de ley para iniciativas gubernamentales y limitar los decretos-leyes ómnibus, hasta establecer obligaciones de transparencia específicas para grupos parlamentarios y agendas públicas de reuniones con lobbies.

Desde el año 2020, el Gobierno ha incumplido su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado en tres ocasiones (2020, 2024 y 2025), algo sin precedentes en democracia. Este incumplimiento impide el debate parlamentario sobre las cuentas públicas y debilita el control financiero sobre el Ejecutivo. “Es un anomalía muy grave que tiene al país prácticamente sin financiación en los temas claves”, destacó Teruel en su análisis.

La diligencia respecto a los Presupuestos se ha roto bajo el mandato de Pedro Sánchez. En los últimos años, en tres ocasiones —2020, 2024 y 2025— el Gobierno ni siquiera ha presentado el proyecto, lo que implica “una prueba más de la desconsideración del Poder Ejecutivo hacia el legislativo”. “No cumplir con su obligación constitucional”, concluye la Fundación, “supone una grave merma de las funciones de las cámaras que podría llevar a un conflicto de atribución de competencias para que el TC siente doctrina al respecto, evitando así que este incumplimiento se cronifique y se normalice”, indicó Teruel.

Otra de las funcione de nuestro Parlamento como es el control al Ejecutivo es otra de las lagunas existentes. “Resulta denunciable la escasa eficacia de los mecanismos existentes: el 80 % de las comisiones de investigación desde 1979 han concluido sin acuerdo; las mociones de reprobación a ministros, incluso cuando prosperan, no tienen consecuencias; y solo dos presidentes de Gobierno han recurrido a la cuestión de confianza”, destacó este jurista en su intervención.

El Informe Parlamento denuncia graves carencias en materia de transparencia. Menos del 18 % de los parlamentarios publica reuniones con grupos de interés, pese a estar obligados por el Código de Conducta. La mayoría se limita a compartir su agenda institucional, sin recoger encuentros con lobbies o representantes sectoriales. Tampoco sus declaraciones de bienes que tienen obligación de hacerla públicas están realmente completas.

“Además, el Congreso se ha negado a revelar información básica sobre el cálculo del ‘cupo parlamentario’ —el mecanismo que asigna a cada grupo el número de iniciativas que puede presentar—, lo que limita la fiscalización ciudadana. Los grupos parlamentarios, por su parte, operan con gran opacidad: no publican reglamentos internos, organigramas ni justificación detallada del uso de fondos públicos”, indicó Germán Teruel.

Elisa de la Nuez, secretaria general, y German Teruel, codirectores del estudio, explican los detalles más relevantes de este detallado informe. (Imagen: Hay Derecho)

Un informe crítico y demoledor

En la presentación del estudio Elisa de la Nuez subrayó que “asistimos a un problema acuciante en las democracias liberales donde el poder ejecutivo engulle y ensombrece a su Parlamento. Así sucede en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, pese a que existe una mayoría importante. En nuestro país la situación es clara, en la última década el  Poder Ejecutivo acumula mucho poder anulando casi al Parlamento, donde apenas hay debates políticos. Muchos de los asuntos se pactan fuera para luego aprobarlos en la Cámara Baja”.

A su juicio, en nuestro sistema parlamentario apenas se toman decisiones y poco se controla la actividad del Ejecutivo: “Curiosamente parece que en estos últimos años el debate se ha trasladado a las redes sociales o a distintos medios de comunicación donde se constata la polarización de nuestra sociedad, entre los partidarios del Gobierno y los que respaldan a la oposición. El Parlamento, pieza central de cualquier democracia, está en crisis y los ciudadanos se dan cuenta que poco les ayuda a la hora de resolver sus problemas y necesidades”.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el uso creciente de las proposiciones de ley por parte de los partidos del Gobierno para registrar iniciativas que deberían tramitarse como proyectos de ley. En 2024, el 34 % de las proposiciones registradas en el Congreso procedían de alguno o ambos partidos del Ejecutivo. Esta práctica permite eludir trámites, como la consulta pública o la solicitud de informes a órganos consultivos, restando garantías al procedimiento legislativo.

“Esta utilización partidista de las proposiciones de ley no es inocua. Elude deliberadamente los controles previos de los proyectos de ley  que aseguran la calidad normativa y la participación ciudadana. Es una forma de desinstitucionalización que debilita el Estado de derecho y que no debería estar permitida. Se hurta el debate al Parlamento y la calidad legislativa de las normas, como ha sido la ley de Amnistía, aprobada hace un año, deja mucho que desear”, subrayó de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho y codirectora de la investigación.

Expectación notable en la Fundación Rafael del Pino, lugar donde se ha presentado el informe sobre nuestro Parlamento realizado por la Fundación Hay Derecho. (Imagen: Hay Derecho)

Filibusterismo parlamentario

En su exposición de los principales aspectos del informe, Germán Teruel subrayó el uso abusivo de la prórroga de plazos de enmiendas, una práctica que bloquea la tramitación de leyes durante meses o incluso años. En la XV Legislatura, sólo siete de 41 proposiciones de grupos parlamentarios han superado esta fase, todas impulsadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Mientras tanto, las 16 proposiciones remitidas desde el Senado —todas del Grupo Parlamentario Popular— permanecen congeladas.

Un ejemplo paradigmático es la reforma de la Ley de secretos oficiales, prorrogada 33 veces desde su presentación en marzo de 2024 hasta febrero de 2025. Esta parálisis legislativa ha sido objeto de advertencia por parte de la Comisión Europea. “También preocupa la politización de los órganos de gobierno y de sus mesas técnicas. Tendrían que ser imparciales en su forma de funcionar, pero no lo son”, apuntó este jurista. El diputado responde a su partido, no tiene libertad individual y realmente no sirve al ciudadano sino a su formación política. Habría que dotarle de más autonomía”, aclaró este experto.

El estudio constata que el uso de decretos-leyes ha superado al de leyes ordinarias en algunos años recientes, consolidando una anomalía institucional. Esta tendencia se agrava con la utilización de decretos-leyes ómnibus, que agrupan medidas heterogéneas y dificultan un debate parlamentario riguroso. Asimismo, se ha incrementado notablemente la tramitación de urgencia y por lectura única, reduciendo los espacios de deliberación.

“Estamos ante un desequilibrio alarmante entre Ejecutivo y Legislativo. El Congreso no puede ser una notaría que valida decisiones del Gobierno sin debate ni control. Es urgente recuperar la centralidad del Parlamento”, defendió Safira Cantos, directora general de Hay Derecho, quien moderó el debate posterior con Ignacio Prendes y Gloria Elizo donde se hicieron aportaciones interesantes para reactivar el papel de nuestro Parlamento.

Hablan dos exparlamentarios

La presencia de los abogados Ignacio Prendes, exdiputado por Ciudadanos y la de Gloria Elizo, exparlamentaria de Podemos sirvió también para conocer su visión del deterioro visible de nuestro Parlamento.

Prendes, ex diputado y Vicepresidente del Congreso en la XII y XIII legislatura. Impulsor desde hace unos años de la asociación España Juntos Sumamos, entidad creada para romper la polarización de la sociedad, comento a los asistentes que “nuestro Parlamento no es eficaz y no da respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Hay propuestas de ley que se tramitan pese a que no hay dinero para ponerlas en marcha como ha sido como la actual Ley ELA. Se les dice que se aprobará, pero luego no llega a término y eso genera una gran frustración en la sociedad”.

En su opinión parte del problema hay que achacarlo a la falta de mayoría estables en la Mesa del Congreso lo que genera que muchas iniciativas no lleguen a buen puerto. “Se han perdido los debates políticos de altura. Uno de los últimos sobre la Ley de la Vivienda acabó con un enfrentamiento notable entre la derecha y la izquierda sin abordar si hace falta modificar esta norma, mientras los ciudadanos sufren la ocupación de sus viviendas o no pueden acceder a ninguna vivienda ante los precios elevados de las mismas. Esto también genera la desafección de los ciudadanos de sus políticos”.

Para Elizo, este informe supone reconocer que al igual que pasa en otras democracias de nuestro entorno, en el caso español la crisis de nuestras instituciones parlamentarias es grave. “un acercamiento necesario y crítico a nuestra democracia. Desde 1985 sigue sin renovarse el Reglamento del Congreso, una norma necesaria para establecer las reglas del juego de nuestra Cámara Baja. Tampoco existe un Código de Conducta claro que tuviera un régimen sancionador ante determinados comportamientos. La vida parlamentaria actual está en crisis. No tiene nada que ver con los ocho años que pasé en el Congreso”.

Desde su punto de vista, “la situación es grave y advierte del deterioro del Congreso como del Senado en su función de gestión de debates legislativos, control del Ejecutivo y entidad que escucha y ayuda a los ciudadanos. En un momento como el actual creo que los políticos deberían dejarse aconsejar más por los propios letrados de las dos instituciones. Esa relación hay que optimizarla y les ayudaría a trabajar más de cara al interés general. Recuperar el Parlamento no solo es tarea de los políticos sino también de toda la sociedad civil. Creo que es una obligación de todos buscar su propia regeneración, que como vemos es muy necesaria en estos momentos”.