José Ignacio Bidón: «En el modelo español la justicia llega tarde, mal o nunca y al final, los que pierden son los justiciables y los ciudadanos»

En un momento de profundos cambios legislativos y estructurales en el ámbito judicial español, Economist & Jurist inicia una serie de entrevistas a profesionales del Derecho con una amplia trayectoria, para recoger su visión sobre los principales retos del sistema judicial actual.

José Ignacio Bidón, fundador de Bidón Abogados, ha compartido con Economist & Jurist su análisis sobre reformas clave como la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, el modelo de acceso a la carrera judicial, el papel de la mediación o el funcionamiento de los colegios profesionales.

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué le parece que los fiscales gestionen la instrucción de los procedimientos?

José Ignacio Bidón (J.I.B.): Es evidente, que en la actualidad la investigación e instrucción de los procedimientos penales los lleva a cabo  el juez de instrucción que es el que impulsa el proceso con el objetivo de poder indagar todo lo ocurrido e investigar si existen indicios racionales de delito suficiente para continuar con la causa a la fase intermedia y posterior juicio o plenario o en su caso, proceder a su archivo por no tener materia penal.

Después de mis años de experiencia en procedimientos penales, considero que el Art. 772 y sus concordantes de la LECrim, debe ser reformado y sería muy positivo que los fiscales impulsaran el enjuiciamiento criminal para intentar conseguir más agilidad en muchos de estos procesos que se eternizan de forma desesperante y lo único que conseguimos es una justicia lenta y torpe.

Me parece acertado que se lleve a cabo una importante reforma en el proceso penal porque la realidad nos indica que tenemos una justicia muy lenta y siempre llega tarde.

E&J: ¿Cuál es su visión que se habiliten nuevas vías de acceso a la carrera judicial sin superar oposiciones?

J.I.B.: En primer lugar y sobre este asunto tan actual, me da la impresión de que no sabemos realmente en qué va a consistir la anunciada reforma en esta materia y en qué condiciones y acceso a la carrera judicial. Lo que es evidente es que en consonancia con lo establecido en los Art. 23.2 y Art. 103.3 C.E. es muy importante la independencia judicial y que el acceso a la función se lleve a cabo cumpliendo los principios de igualdad, mérito, capacidad e igualdad que exige la Carta Magna.

También y en tal menester, obligado es a que el acceso a la condición de funcionario y a la judicatura, se lleve a cabo en condiciones de igualdad. Por lo tanto, es vital que la justicia quede en manos de jueces y Magistrados de carrera que tras superar una dura oposición pasen a impartir justicia para que el Estado funcione y tengamos seguridad jurídica.

Dicho lo anterior, me parece correcto que se pueda acceder a la judicatura por otros sistemas alternativos que no sean arbitrarios  o marcadamente político sino habilitando vías para demostrar preparación jurídica y también facilitar esa posibilidad a juristas de reconocido prestigio como ha ocurrido en etapas anteriores.

En cuanto al colectivo de jueces sustitutos que han demostrado una gran solvencia jurídica y que llevan años sin estabilidad, le garantizaría su condición de jueces fijos y no por ello, se están creando acceso a la carrera judicial sin superar oposiciones sino habilitar otras vías en donde se haya valorado la experiencia y su buen hacer como jueces durante años, valorando sus muchos años de experiencia.

Apoyo esta iniciativa de que se busquen otras vías de acceso a la condición de jueces y magistrados con las debidas garantías y control sobre su capacidad inequívoca y no por ello, estaríamos afirmando que determinadas personas acceden a la carrera judicial sin superar unas oposiciones y esa frase sería una gran mentira.

E&J: ¿Qué opina del modelo de mediación obligatoria de la actual normativa?

J.I.B.: Creo que es muy acertado la publicación y reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/25 sobre Eficiencia del Servicio Público de Justicia y en donde se viene a racionalizar el modelo y cuyo objetivo básico es la búsqueda de la eficiencia y mejor organización judicial porque partimos de esquemas y modelos de oficinas arcaicos que al final ha provocado que tengamos una justicia lenta,  torpe y obsoleta.

Por supuesto, me parece muy interesante todas las novedades que presenta la Ley de que antes de acceder a la vía judicial se demuestre que se ha intentado una mediación obligatoria y tenemos muy claro que cualquier modalidad de mediación/conciliación es un instrumento eficaz para conseguir solucionar un pleito sin litigio y en un tiempo razonable.

La Ley también tiene sus “mentiras”, porque per sé la normativa procesal anterior ya contemplaba muchas vías de solución a través de la conciliación y/o mediación pero, los operadores del Derecho (especialmente los Organismos administrativos previos, letrados de la Administración o jueces…) y otros funcionarios, nunca mostraron ningún interés por intentar una negociación previa antes de pasar a la Sala de vistas.

Como botón de muestra, desde hace años tenemos distintos organismos administrativos previos a la jurisdicción social que en los últimos años ha quebrado y prácticamente permanecen sin actividad y me refiero al CMAC; SMAC; SERCLA y otros organismos que a pesar de su denominación, no ejercen ningún intento de medicación ni conciliación, no llegando a entender porqué estos organismos quedaron sin actividad.

E&J: ¿Le parece bien la función que realiza los Colegios de Abogados?

J.I.B.: En primer lugar, soy un gran defensor del corporativismo y para que una profesión pueda funcionar correctamente, tiene que estar integrado en los correspondientes Colegios profesionales y de esa forma se regula la profesión, se tienen en cuenta las Normas deontológicas; se le respeta y en definitiva, un colectivo de abogados sin estar integrados en un Colegio profesional, significaría que podríamos terminar en un caos insoportable.

En general, los Colegios profesionales velan por los intereses de sus letrados y en todas las provincias funcionan perfectamente organizando formación a los letrados noveles e interviniendo ante cualquier problema que podamos tener ante nuestra vida profesional.

E&J: ¿Cómo ve, en general, la judicatura española?

J.I.B.: En España tenemos una judicatura muy preparada y brillante en su actividad diaria. Nuestro sistema de acceso a la judicatura sigue altamente controlado en cuanto  a preparación, solvencia e independencia judicial, tan vital en un sistema democrático.

Sí es verdad que a pesar de su alta preparación y brillantez, los Tribunales no resuelven con rapidez ni agilidad y los temas se eternizan de forma desesperante y por ello, habría que crear algún sistema en el control de la calidad y rapidez del servicio.

Como nos recuerda un principio jurídico muy antiguo: “La Justicia es lenta, torpe, pero no ciega” y “aunque es una gran verdad”, el Art. 24 C.E. nos recuerda que tenemos que tener una justicia inmediata y en el modelo español la justicia llega “tarde, mal o nunca” y al final, los que pierden son los justiciables y los ciudadanos.

E&J: ¿Cuál es su opinión general sobre la fiscalía española?

J.I.B.: Lo que tengo muy claro es que el tema de la fiscalía necesita una importante reforma, no solo para ganar independencia sino para que tengan una participación más activa en todo tipo de procesos y no quedar en la retaguardia, que al final se convierte en un cooperador necesario en el resultado de la lentitud de la justicia.

Necesitamos una redefinición del papel de la fiscalía y además, debe ser una reforma que se debe afrontar a corto plazo y de forma urgente.