Maite Pozo, especialista en Penal: «La falta de renovación del CGPJ pone en evidencia la necesidad de reforzar la independencia judicial»

En un momento de profundos cambios legislativos y estructurales en el ámbito judicial español, Economist & Jurist inicia una serie de entrevistas a profesionales del Derecho con una amplia trayectoria, para recoger su visión sobre los principales retos del sistema judicial actual.

Maite Pozo, penalista y socio-directora de Maite Pozo Abogados, ha compartido con Economist & Jurist su análisis sobre reformas clave como la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, el modelo de acceso a la carrera judicial, el papel de la mediación o el funcionamiento de los colegios profesionales.

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué le parece que los fiscales gestionen la instrucción de los procedimientos?

Maite Pozo (M.P.): Esta pregunta es bastante controvertida y las opiniones pueden ser muy dispares. Podría decirte que la instrucción en manos de jueces y/o fiscales pueden tener ventajas y desventajas, pero hoy día donde la fiscalía no goza de independencia resulta muy difícil instaurar un sistema coherente de instrucción a manos de los fiscales, habría que blindarles de autonomía y reforzar el control judicial, y sobre todo dotarlos de más medios.

E&J: ¿Cuál es su visión que se habiliten nuevas vías de acceso a la carrera judicial sin superar oposiciones?

M.P.: Todo dependerá de que nuevas vías se habiliten, creo que más bien lo correcto sería modificar el sistema de oposición que se tiene en España y en concreto el de la carrera judicial. Yo implementaría ejercicios prácticos y prácticas de mayor duración e incluso introduciría evolución sobre otro tipo de competencias de carácter personales, tales como sus habilidades sociales, oratoria, trato con el personal de la oficina judicial o incluso con las víctimas.

En definitiva, exigiría otro tipo de habilidades no solo la de memorizar temas, sino que calificaría positivamente a aquellos futuros jueces que tuviesen criterio, sensibilidad y humanidad.

E&J: ¿Qué opina del modelo de mediación obligatoria de la actual normativa?

M.P.: Siendo sinceros, no podría ofrecer una opinión real al respecto ya que la materia principal a la que yo me dedico en exclusiva es al derecho penal y la nueva normativa excluye por tanto a la misma, aunque si se acoge la justicia reparativa pero es algo que en gran medida ya se venía haciendo, estando incluso prevista ya la mediación con anterioridad para los casos leves o incluso para los delitos leves.

Así que, creo que la medicación es una herramienta muy valiosa dentro del ámbito de la resolución de conflictos dado que su enfoque basado en el diálogo y la colaboración permite que las partes involucradas lleguen a un acuerdo de forma voluntaria, rápida y menos costosa que a través del sistema tradicional.

Además fomenta la comunicación, contribuye a preservar relaciones personales, familiares o comerciales, entre otras. Sin embargo, como ya he indicado con anterioridad no es aplicable a todos los conflictos.

E&J: ¿Le parece bien la función que realiza los Colegios de Abogados?

M.P.: Creo que como todo en esta vida se puede mejorar, pero en términos generales estoy bastante contenta con su gestión. Siempre que he necesitado algo respecto de mi colegio siempre he sido bien atendida y han ofrecido una respuesta a mis cuestiones.

Yo soy Vocal del Grupo de Derecho Penal y Penitenciario y he de decir que los componentes del grupo siempre estamos dispuestos a ayudar a otros compañeros y organizamos bastantes charlas educativas y prácticas que pueden servir a otros para el desempeño de sus funciones.

E&J: ¿Cómo ve, en general, la judicatura española?

M.P.: En la actualidad, la judicatura española atraviesa un momento complejo. Aunque cuenta con profesionales altamente cualificados y un marco legal sólido, se perciben ciertas tensiones entre el poder judicial y el poder político que generan desconfianza en parte de la ciudadanía.

La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, ha sido un tema recurrente que pone en evidencia la necesidad de reforzar la independencia judicial y garantizar su funcionamiento libre de injerencias externas. A pesar de estas dificultades, sigo creyendo en la importancia de una justicia fuerte, imparcial y accesible como pilar esencial del Estado de Derecho.

E&J: ¿Cuál es su opinión general sobre la fiscalía española?

M.P.: La Fiscalía española desempeña un papel fundamental en el sistema judicial, actuando como garante de la legalidad y defensora del interés público. Sin embargo, su dependencia orgánica del Ministerio de Justicia —y, en particular, la figura del Fiscal General del Estado nombrado por el Gobierno— ha generado críticas y dudas sobre su plena autonomía.

Aunque muchos fiscales actúan con profesionalidad e independencia, la percepción de politización en algunos casos sensibles debilita la confianza ciudadana. Considero que sería positivo avanzar hacia una mayor autonomía real de la Fiscalía, reforzando su credibilidad y su capacidad de actuar sin presiones externas.