Una nueva enmienda que el PSOE plantea sobre jueces sustitutos abre otro frente a Bolaños por el rechazo de UPF y JJDD

La enmienda que se dio a conocer en la tarde de ayer, planteada por el PSOE y que irá al próximo pleno, que pretende restringir el proceso de estabilización de los jueces sustitutos, ha generado el rechazo inmediato de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), así como de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), hasta ahora al margen del conflicto laboral convocado por otras asociaciones de jueces y fiscales.

La enmienda introducida por los socialistas acota quiénes podrán aspirar a las vacantes anunciadas: aquellos que tengan a sus espaldas al menos cinco años de «profesiones jurídicas», que cuenten con la licenciatura o grado en Derecho, «y que tengan encomendadas funciones jurisdiccionales o de actuación ante juzgados o tribunales».

Es decir, la estabilización irá dirigida a más juristas, aparte de los que ya ejercían como jueces y fiscales sustitutos. Además, la enmienda contempla que quienes aprueben la prueba podrán adscribirse a los tribunales en los que servían con anterioridad. A juicio de JJpD, esto «no tiene justificación».

El problema radica en que a los 1.004 sustitutos que sean estabilizados en las Carreras se les permita, directamente, mantener la plaza en el destino en que hubiesen estado ejerciendo como jueces y fiscales interinos, algo que hasta el momento no se ha producido en las oposiciones habituales: que el juez se quedase en su destino.

En esta línea, JJpD, con un duro comunicado, critica desde las formas en que se ha tramitado esta modificación legislativa por parte del equipo de Bolaños y, en especial, esta última enmienda que da prioridad a los sustitutos en la elección de destino. El proyecto es ya, para los jueces progresistas, «inasumible», «discriminatorio» y «disruptivo».

Desde esta asociación se critica la falta de transparencia de esta reforma, donde siguen sin ser públicas y de acceso general las cartas de emplazamiento de la Comisión a nuestro Gobierno para estabilizar a los jueces sustitutos. Para esta asociación, es inexplicable que la causa esencial de un proyecto de ley que se dice motivado por unas actuaciones de la Unión no se contenga, ni siquiera en el dossier parlamentario público y accesible por todos y todas.

Para este colectivo, la iniciativa sigue sin ser un proceso de estabilización, porque esta iniciativa limita las/os participantes, pero va dirigida a un colectivo más amplio que el de la judicatura y fiscalía interina. Ahora, con la enmienda planteada, se convierte en inasumible, discriminatorio y profundamente disruptivo para los derechos profesionales.

A su juicio, los déficits están en que permite ahora la adscripción de las juezas y jueces sustitutos a los tribunales en los que vinieran sirviendo con anterioridad. Es una medida que no tiene justificación, provoca la ruptura del principio de igualdad dentro de la carrera judicial, cercena los derechos a la movilidad profesional de los miembros que ya están en la carrera profesional y afectará al normal desarrollo de la planta judicial.

Ahora, la asociación que lidera Edmundo Rodríguez no niega —como defendían el resto de agrupaciones de la magistratura— que el proceso extraordinario de estabilización de sustitutos sea «discriminatorio» y «contradictorio», dado que entiende que rebaja los requisitos que se exigen al cuarto turno, que es el reservado para juristas de reconocido prestigio con, al menos, 10 años de trayectoria. Tampoco porque ya afecta y reduce los «derechos» y las «expectativas» de los que son jueces.

La elección de las plazas que se van a ofrecer es «arbitraria», y no resulta de «un estudio serio de necesidades». Por todo esto, la asociación reclama el «desgaje» de ese proceso extraordinario de regulación de la norma. «Jamás apoyaremos un régimen discriminatorio, disruptivo y arbitrario como el que se presenta», culmina el comunicado de JJpD antes de solicitar «una reunión urgente» al Grupo Parlamentario Socialista.

JJDD, de la que es portavoz Edmundo Rodríguez, al igual que UPF, pide la retirada de esa enmienda (Imagen: JJDD)

En la misma línea, UPF

Desde UPF se muestra su «absoluto rechazo» a la medida porque, advierte, supondría un «perjuicio» y «absoluta injusticia» para el resto de miembros del Ministerio Público que accedieron por oposición, y no a través de este concurso-oposición extraordinario al que ahora podrán acogerse 331 sustitutos.

Como señala esta asociación progresista de fiscales, el plan de los socialistas supondría que este grupo de nuevos fiscales tuviesen el derecho de elegir que su plaza siga estando en el lugar de su domicilio. «Un derecho que jamás se ha reconocido en ningún proceso de acceso a la función pública, ni, por supuesto, a la Carrera Fiscal».

Este sector de los fiscales, que hasta ahora apoyaba la reforma del acceso a la Fiscalía y la estabilización de sustitutos, avisa de que, si esta enmienda no se retira de manera inmediata, se reservan el replantearse su postura para pasar a rechazar en su totalidad el proyecto legislativo del Ministerio de Justicia.

De esta manera, la UPF exige a Félix Bolaños que, antes de convocar el proceso de estabilización, amplíe la plantilla del Ministerio Público en esas 331 plazas extraordinarias de estabilización, para que estas sean antes ofrecidas en concurso a toda la plantilla y, solo cuando se cumpla con este paso, se ofrezcan las que queden vacantes a los sustitutos recién ingresados en el cuerpo fiscal.

Seguimiento similar

Las asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga de tres días contra las reformas judiciales del Gobierno cifran el seguimiento de este segundo día de paro en un 70 %, frente al 75 % de la jornada de ayer y muy lejos de la cifra aportada por el Ministerio de Justicia, que rebaja ese seguimiento al 28,75 %.

Según han informado en un comunicado las cinco asociaciones conservadoras, a las 12:00 horas de este mediodía y con carácter provisional, el seguimiento de la huelga se sitúa «aproximadamente» en un 70 %.

Esta estimación —explican— se fundamenta en los correos electrónicos «voluntarios y confidenciales» recibidos de las personas que han comunicado su decisión de secundar la huelga.

En el comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) lamentan que desde el Ministerio de Justicia no se haya adoptado ninguna medida para evitar esta situación, ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas.

Además, confían en que, gracias a la planificación de los servicios mínimos establecidos por el comité de huelga, el impacto sobre la ciudadanía haya sido limitado, «garantizando en todo momento la atención urgente e inaplazable».

Las cinco asociaciones (todas menos las progresistas) han convocado tres jornadas de paro en protesta, que finalizan mañana, por los proyectos legislativos del Gobierno, que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. Este martes —el primer día de huelga— cifraron el seguimiento en un 75 %. Justicia habló de un 28,75 %.

A consultas del Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló la pasada semana que la huelga carecía de base legal y que, por tanto, no la daba por convocada.

Justicia pidió al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado los datos de las personas que han secundado el paro para detraer de su nómina la parte proporcional del sueldo, pero esos datos aún no han sido remitidos.

El seguimiento de la huelga en este segundo día fue del 70%, dicen la asociaciones que se concentraron en el Supremo este sábado, un 305 según Justicia (Imagen: APM)

El ICAM y sus datos

Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid, a través de su departamento de Defensa de la Abogacía (ICAM), ha hecho público un informe detallado que analiza el impacto de la primera jornada de huelga de jueces y fiscales en la Comunidad de Madrid.

El estudio, basado en datos recopilados de las distintas Salas de Abogacía de la región y de la Agenda Judicial Electrónica, revela una afectación significativa en la actividad judicial.

La jornada de huelga ha tenido un impacto significativo sobre la actividad judicial, con una significativa tasa de suspensiones de juicios y vistas programadas. Aunque las cifras son estimativas, la magnitud del paro queda reflejada en los siguientes puntos:

De un total de 945 juicios señalados para la jornada de hoy, 461 fueron suspendidos, lo que representa un 48,8 % de suspensión total. 484 juicios se celebraron conforme a lo previsto.

Uno de los elementos más preocupantes destacados por el ICAM es la suspensión de juicios sin notificación previa a la abogacía, situación que vulnera gravemente los derechos de los profesionales y de sus representados. Se identificaron 11 juzgados concretos donde se produjeron este tipo de incidencias.

El diputado responsable del Departamento de Defensa de la Abogacía, Javier Marta ha señalado: “Hemos detectado una preocupante desconexión entre algunos órganos judiciales y los profesionales del derecho, que se traduce en una vulneración de derechos fundamentales como el acceso efectivo a la justicia. Desde nuestra área se han tramitado todas las incidencias recibidas y se ha iniciado un seguimiento detallado para minimizar el perjuicio causado a nuestros colegiados y a sus representados”.