Al ‘Plan contra la Corrupción’ que presentó Pedro Sánchez en el Congreso le faltan medidas prácticas para ser operativo

Dos años y medio después de retraso, en lugar de presentar una estrategia nacional de lucha contra la corrupción —que señala la Ley 2/2023 de protección al denunciante—, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado como ‘Plan de lucha contra la corrupción’ una serie de medidas, ya conocidas por los expertos en lucha contra la corrupción y judicatura, para luchar contra esta lacra. La falta de concreción de este plan y la carencia de un plan de acción práctico preocupa a los expertos consultados por E&J.

“Este plan ha sido elaborado en el último mes, desde que salió el caso de Santos Cerdán”,  ha explicado Sánchez en el Congreso, donde ha añadido que la estrategia también ha sido consensuada con otros grupos parlamentarios. Según ha dicho el presidente del Gobierno, el plan “supondrá el mayor impulso a la prevención y reparación” de la corrupción y situará a España “a la vanguardia del continente” europeo.

Sin embargo, la lectura es conocida para muchos expertos porque hay medidas que ya están operativas, pero que debido a la falta de medios no han funcionado.

El plan se erige en torno a cinco ejes que afectan tanto a empresas como partidos políticos y la ciudadanía. Sánchez ha calificado el plan como “honesto, ambicioso y realista” y ha anunciado un acuerdo con la OCDE cada 12 y 24 meses para comprobar los resultados y la eficacia del mismo. El primer eje se centra en la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles en materia de corrupción y planea crear una Agencia de Integridad Pública, como organismo impulsor de estas reformas, cuestión que genera polémica porque ya está operativa la Autoridad Independiente de Protección al Denunciante que preside el profesor Manuel Villoria, y a la que faltan medios para que funcione.

En el ‘Plan de lucha contra la Corrupción’ no se menciona como impulsar la Autoridad Independiente  de Protección al denunciante (AIPI) que preside Manuel Villoria. (Imagen: Ministerio de Justicia)

Nada nuevo en el horizonte

Francisco Bonatti, presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC) y socio director de la boutique Bonatti Penal, cree que “en este Plan contra la Corrupción no hay nada nuevo. Sorprende que no se haya puesto en marcha hace 7 años cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. La mayor parte de las cosas están, como es el caso de la Agencia contra la Corrupción que ha anunciado, no tiene sentido cuando tiene la AIPI que preside Manuel Villoria, prácticamente inactiva, porque no tiene presupuesto ni recursos, por lo que no puede hacer su trabajo. Esto supone que estamos incumpliendo nuestras obligaciones con Europa”.

Bonatti recuerda que la Ley 2/203 de protección al denunciante no se está aplicando: “Han obligado a las empresas a tener canales de denuncia, pero la Administración ha nombrado al presidente de dicha Autoridad, tarde, mal y sin medios. No se está protegido a los informantes porque el Gobierno no ha cumplido con su obligación. Es importante activar este organismo. Sobre la reforma de la LECrim hay una ley de protección al testigo que es inoperante porque no hay medios para aplicarla. Ahora dice que los denunciantes serán protegidos por Fiscalía y Policía. Habrá que ver cómo se hace”.

En su opinión este Plan es muy voluntarista “pero habrá que ver si tiene el encuadre legal adecuado. Si quiere proteger a los testigos se tiene que cumplir la citada Ley 2/2023. Sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en las plataformas tecnológicas de contratación, esto es algo que ya las comunidades autónomas lo vienen haciendo desde hace años. La autoridad catalana hace años que emplea la IA y la algorítmica para detectar esquemas de contratación fraudulentos. Creo que lo ideal sería que la CNMC lo desplegase, es probable que tenga herramientas de IA. En cuanto a la obligación de tener programas de compliance para contratar con la Administración, muchas ya lo tienen, aunque no es obligatorio”.

Francisco Bonatti cree que el Gobierno incumple la Ley 272023 al no desarrollar una estrategia nacional contra la corrupción. (Imagen: cesión propia)

Este experto aclara que para incluir esa obligación “habría que modificar la Ley de Contratos del Sector Público. Por la propia cadena de valor y en las UTES se lo exigen los unos a los otros. Sobre las mejoras en la transparencia que se plantea en el Plan ya veremos cómo funciona la Ley de transparencia en nuestro país. También se habla de los controles a los partidos políticos, desde el año 2012 son organizaciones que están obligados a tener un complanciance penal. Sin embargo, con la crisis del PSOE por el tema de Cerdan es evidente que el sistema de compliance ha fallado y no ha habido la investigación interna para analizar lo ocurrido”.

Respecto a la idea de endurecer las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal, es algo que ya “se ha hecho antes, no es la primera vez que se aborda esta cuestión en los tipos de cohecho y malversación. Con la reforma que se produjo a raíz de los pactos de Gobierno con ERC se redujeron las penas en los delitos contra la malversación”.

Sobre la creación de una lista negra para que las empresas no contraten con la Administración, ese experto indica que “ya existe algo parecido con la prohibición de contratar. Hay una serie de delitos, desde el fraude fiscal hasta todas las variantes de la corrupción que comportan la opción de contratar con el sector público. No es nada nuevo”.

Faltan medidas concretas para implementar

Concepción Campos, secretaria de administración local y co-directora de Red Localis, hace unos días participó en el IV Congreso de Contratación Pública de Valencia y la mesa en la que intervino fue para analizar control del fraude por la IA en la contratación pública.

A su juicio, para implementar estas propuestas, “algunas ya están en nuestra legislación, pero se han empleado poco. La protección del denunciante está en una ley; los programas de compliance en otra; la prohibición de contratar con el sector público por ser condenados está en otra norma. Lo que sucede es que se demuestra que las medidas antifraude son más cosméticas que reales”.

Para esta jurista “el objetivo a medio y largo plazo es lograr una cultura ética de integridad en la sociedad, algo que aún no se ha logrado. Si el cambio cultural no se produce con la concienciación y formación, habrá que estimular el cumplimiento. De ahí que se hable de endurecer el Código Penal para algunos casos y una nueva Ley de Transparencia Abierta cuando tenemos una del 2013 sin régimen sancionador, igual que su Consejo de transparencia. Tenemos muchas leyes que promueven distintas iniciativas, pero deben tener su régimen sancionador vista la realidad que estamos viviendo”.

Concepción Campos echa en falta medidas concretas de ejecución de ese ‘Plan de Acción contra la Corrupción’ para que sea efectivo. (Imagen: cesión propia)

En su opinión, “esta preocupación de los políticos por la corrupción es cíclica, cada cierto tiempo, pero siempre llegamos al mismo punto de partida. Los empresarios o funcionarios corruptos son una parte mínima, pero el daño reputacional que hacen es terrible. De todas formas, hay que buscar alguna fórmula para que estos casos de corrupción no sigan pasando. Hoy en día tenemos controles, auditorías externas, el uso de la IA, también hay informes de las asesorías jurídicas o de la intervención general que han revelado irregularidades, pero no se ha hecho nada”.

En su opinión, “endurecer algunos aspectos como ha señalado Pedro Sánchez no es crear más leyes, sino ser más ejecutivo y práctico. Crear una Agencia de Lucha contra la Corrupción cuando está operativa la Autoridad Independiente que dirige Manuel Villoria no parece muy acertado. Quizás habría que hacer una reforma de su ley para ampliar su objeto de actuación y que tuviera los medios y recursos. En algunos casos con temas flagrantes se puede aplicar la auditoria expresa a algunos asuntos que no se vean claros para ver realmente donde ha estado el fallo. En este tipo de asuntos donde hay implicaciones políticas, el papel del técnico es clave para dar acceso a ese expediente y crear el engaño”.

Desde su punto de vista “una de las claves es evaluar la eficacia de las medidas para saber realmente lo que se está haciendo. Al no evaluarse sucede que algunas de las medidas presentadas por Sánchez ya están operativas, como es el caso de la prohibición de contratar, que está ya en el artículo 71.1.1 de la Ley de contratos del sector público, y en el artículo 64 se dice que los órganos de contratación deben establecer medidas de lucha contra el fraude, corrupción y conflictos de intereses. Pero esa obligación legal solo se ha implementado en varias ocasiones. Sin expertos que conocen estas iniciativas es difícil que se pongan en marcha”.

Hay que recuperar a la Autoridad Independiente

Felipe García, socio Director del despacho Circulo Legal y miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association, “llama poderosamente la atención que no se habla sobre el importante papel que tiene la Autoridad Independiente de Protección a los Informantes (AIPI). Creo que ha perdido una oportunidad crucial para anunciar su puesta efectiva en marcha, con Don Manuel Villoria y un equipo de profesionales que pueda realmente cubrir las exigencias de la directiva del 2019 y la Ley 2/2023”.

“La tecnología del canal externo y el control de la gestión de las denuncias interpuestas podría haber sido un punto de desarrollo donde se demostrará una verdadera cultura de cumplimiento que ha anunciado en el quinto eje. Esta cultura la ha definido en el quinto eje, donde parece que se va a dotar de una formación a los empleados públicos en materia de prevención e integridad con procedimientos concienciación pública”, comenta García.

A su juicio, “no se pone el foco en aumentar las penas de los delitos de corrupción, se carga demasiado las tintas otra vez sobre las empresas privadas y los empresarios, se echan en falta medidas efectivas en los procedimientos de contratación pública, pero en la parte de la administración y del control del procedimiento administrativo de contratación y adjudicación, incluso se pudo dotar de algún tribunal o canal específico para informar sobre actuaciones corruptas que pudieran provocar alteraciones en la adjudicación de contratos”.

Felipe García cree que faltan medios para que el Plan de Sánchez contra la corrupción sea efectivo. (Imagen: cesión propia)

También destaca que se incluye “una vieja proclama de los expertos de compliance, como es instaurar la figura del compliance officer dentro de los procedimientos de adjudicación o incluso en la forma de gestionar las competencias y funciones de las administraciones públicas, con estructuras de corporate compliance. Parece que los controles de la plataforma de contratación van enfocados al control del empresario y a solicitar todavía más exigencias, como la de contar con un sistema de compliance anticorrupción”.

Desde su punto de vista, “las empresas van a tener que contar con una transparencia activa, veremos cómo se desarrolla esto. Las empresas ya tienen numerosos requisitos y exigencias impuestas en la ley para poder licitar, y se les hace cada vez más difícil poder cumplir con todos los condicionamientos, esto afecta la seguridad jurídica, ya que hay numerosos cambios legislativos que se desarrollan con frecuencia y que alteran la forma de gestionar una empresa, teniendo que poner el foco en los aspectos legales y administrativos y dejando al margen el foco del negocio.”

Para Felipe García, “por todos es conocido que el portal de transparencia no ha funcionado como se esperaba, parece que va a relanzarse el mismo con una actualización y unos controles patrimoniales a altos cargos para detectar beneficios indebidos. Asimismo, se van a contemplar medidas de control a los partidos políticos en materia de integridad y transparencia. Se van a exigir mayores controles en donaciones. Veremos si finalmente esto se lleva a la práctica o es un brindis al sol”.

En su opinión, “otro aspecto importante es que las penas de multa van a ir sobre los ingresos anuales, por lo que se van a elevar considerablemente. Además, el presidente ha anunciado listas negras y posibles exclusiones para contratar con la Administración Pública, para aquellas empresas que estén involucradas en asuntos de corrupción. Casi todas las medidas afectan directamente a las empresas y pocas medidas afectan directamente a quien detenta el poder”.

Este Plan vuelve a incidir “sobre las normas del ministro Félix Bolaños. Parece que va a seguir adelante la reforma del Estatuto Fiscal, además la instrucción pasará al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal a día de hoy tiene una importante crisis reputacional habida cuenta de que su fiscal general del Estado está siendo investigado, por lo que ahora mismo, cambiar la instrucción no parece un momento idóneo, a pesar de que efectivamente en muchos países de la Unión Europea ya se hace y puede comportar importantes cambios en las investigaciones penales”.

Felipe García cree que “las medidas anunciadas son interesantes desde el punto de vista teórico, pero ya hemos visto otros planes de choque en el pasado que no han funcionado, porque al final las medidas anunciadas o no se llevan a cabo o no se despliegan con la contundencia que exige el delicado momento que está viviendo España en materia de corrupción”.

Lo importante es ver cómo se va a aplicar, “habrá que estar atentos a la implementación efectiva de estas medidas y a los informes que se van a emitir para informar a OCDE, 12 y 24 meses. Una cosa es el punto de vista técnico o teórico, y otro llevarlo al terreno de la práctica, que aquí se ha venido suspendiendo con reiteración desde tiempos inmemoriales”.