La CE da un serio aviso a Sánchez y le embarga 626 millones de Fondos Europeos por no resolver el tema de los interinos

España ha recibido este lunes el quinto pago de los fondos europeos NextGenerationEU por valor de 24.137 millones de euros brutos. Sin embargo, la cuantía final ha sido inferior a lo pactado debido a que Bruselas ha recortado 1.100 millones del pago previsto. Desde la UE se insiste en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido parcialmente varios compromisos que había firmado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, el incumplimiento se ha producido en tres bloques: se han restado unos 626 millones por una reforma insuficiente en la estabilización del personal interino, en línea con una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que cuestionó la normativa aprobada por España.

Como viene denunciando esta publicación, la trasposición de la Directiva 1999/70 no se ha hecho en su momento y los procesos de estabilización de estos profesionales no culminaron el 31 de diciembre de 2024. A día de hoy la temporalidad está en un 30% y el Gobierno de Pedro Sánchez por el momento no ofrece soluciones viables.

Sobre ese aspecto, Javier Aráuz de Robles concreta que “Europa está presionando mucho a nuestro país porque seguimos en temporalidad superior a los 800.000 profesionales en fraude de ley. Lo que ahora plantea el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de Óscar López es otro nuevo parche que busca resolver de alguna manera los abusos del futuro que se produzcan en las administraciones públicas, pero no dice nada de los interinos ya cesados o que siguen en fraude de ley. El Ministerio solo aborda el futuro, pero no busca compensar a los que están sufriendo este fraude”.

En la actualidad, los colectivos de interinos volvieron a salir a la calle en Madrid el pasado 11 de junio en otra manifestación masiva, en esta ocasión frente al Congreso de los Diputados. Según nos indica este colectivo, el gran problema es la inacción del Gobierno para resolver este problema, la negligencia de las administraciones públicas que no han gestionado bien esos procesos selectivos de la Ley 20/2021 y la judicialización de los asuntos con más de 30.000 casos en los juzgados con resultado dispar. Las esperanzas vuelven a estar puestas en el TJUE y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Maite Agredano, con blusa azul, en la última manifestación de interinos en Madrid el 11 de junio, denuncia el abandono del colectivo (Imagen: E&J)

En un artículo escrito en esta publicación, Maite Agredano, delegada del Sector Público de Co.bas en Madrid, explicaba que “en la actualidad, el conflicto se ha judicializado de forma masiva. Los juzgados contencioso-administrativos y sociales están desbordados por miles de demandas que denuncian ceses en situación de fraude de ley. La jurisprudencia nacional permanece dividida, mientras que los tribunales superiores, particularmente politizados en algunos territorios, muestran reticencias a aplicar la doctrina del TJUE que favorece la conversión de la relación temporal en fija como medida sancionadora al abuso”.

También señala que “a pesar de que la situación fue expuesta a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, durante su visita oficial a España en el mes de mayo, junto con una propuesta de solución previamente presentada por los colectivos afectados al legislador español, la Comisión ha anunciado la suspensión de 626 millones de euros de los fondos NextGenerationEU asignados a España.

“La causa alegada es el incumplimiento de los objetivos comprometidos en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta medida, sin precedentes en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pone de manifiesto la gravedad del problema y la falta de eficacia del Estado en la aplicación de las reformas previstas, especialmente en lo relativo a la implementación del concurso de méritos como mecanismo excepcional de estabilización”.

Con esta decisión, Agredano subraya que “la temporalidad en la función pública deja así de ser un asunto estrictamente laboral para convertirse en una cuestión de responsabilidad institucional, con implicaciones jurídicas, políticas y financieras de alcance europeo”.

No hay sanciones al abuso

Fabián Valero cree que la Comisión sigue al TJUE y por eso ha sancionado a España embargando estos fondos (Imagen: Zares  abogados

Desde Vigo, Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, experto en la defensa del personal interino en fraude de ley, señalaba que “la Comisión Europea está alineada con el TJUE a los efectos de señalar que en España no hay ninguna actuación para frenar este abuso de temporalidad. Las sanciones planteadas en la Ley 20/2021, como dijo el propio TJUE, son insuficientes en relación con la finalidad perseguida por la Directiva 1999/70, que es frenar ese abuso de temporalidad que sigue sin resolverse en nuestro país”.

Para este jurista, “tenemos un problema serio que no se va a solucionar mientras no haya un cambio legal potente, que podría ser establecer la fijeza de los profesionales en fraude como sanción, o con unas sanciones disuasorias que ahora no tiene nuestra legislación. Muy por encima de los 20 días por año, vamos a seguir recibiendo sanciones y multas de la UE cada vez peores. Esta sanción es un golpe en toda regla a nuestra administración. Por el momento, el ministro Óscar López ha dicho que las indemnizaciones seguirán siendo las mismas”.

Este experto nos indica que “el problema es de grandes dimensiones. Muchos interinos son cesados de sus puestos y su puesto es cubierto por un fijo en promoción interna o fijos que se mueven por la administración. Las plazas ofertadas en estos procesos de estabilización son ínfimas en relación con el personal en abuso de ley. La tasa de temporalidad en nuestro país ronda el 30%. Curiosamente, la Oferta de Empleo Público para este año es menor, pese a que ya se está jubilando mucha gente. No hay una solución clara ahora al tema”.

Valero, que siguió la reciente vista que celebró el TJUE para aclarar la cuestión prejudicial planteada por la Sala Social del Supremo hace ya algo más de un año, fue muy claro. “Las preguntas que hicieron los magistrados del TJUE dieron la sensación de que se están haciendo las cosas mal en nuestro país. Tienen bastante claro lo que van a hacer. Es posible que, a raíz de dicha prejudicial, la primera decisión haya sido embargar los fondos NextGenerationEU a nuestro país. No se puede descartar que haya habido una especie de relación causa-efecto. Ahora la Comisión asume el criterio del TJUE y por eso sanciona a nuestro país”.

En fraude de ley

Por su parte, Beatriz González, abogada experta en derecho administrativo, otra experta en la defensa del colectivo de interinos ha venido en los últimos años presentando escritos a la Comisión Europea sobre la situación tanto de los trabajadores del sector público en fraude de ley como del colectivo de jueces y fiscales sustitutos, ahora en el centro del debate por las reformas que Bolaños acomete. “En todos esos escritos hemos denunciado que se incumplía lo que decía el TJUE en toda su jurisprudencia y que la Comisión Europea, defensora del derecho europeo, no estaba ejerciendo sus funciones”.

Beatriz González advierte que nuestro país no ha resuelto el problema de la temporalidad. Pueden venir más sanciones   (Imagen de cesión propia)

Desde su punto de vista, “es un clamor que España incumple claramente con la ratio de temporalidad. Ninguna está en el 8% de la temporalidad que se pactó con Bruselas a través de la Ley 20/2021 y sus procesos de estabilización. En algunos cuerpos estamos en el 30%, que no tienen el resto de países miembros. Por otro lado, esa Ley 20/2021, su aplicación ha sido muy irregular. Hay muchas administraciones que cesan al personal temporal y no ponen ninguna medida para compensar al abusado, ni siquiera la indemnización de 20 días por año que ya ha dicho el TJUE que no es la adecuada”.

Esta jurista advierte que “nuestro país tiene un plazo corto para reconvertir esta situación que afecta a unos 800.000 interinos en fraude de ley. La temporalidad sigue siendo muy elevada. La Carta de Infracción sigue abierta y las multas se pueden incrementar de forma notable en los próximos meses. No se ha cumplido por el Gobierno español lo requerido. Podríamos llegar a una multa diaria, como ya ha pasado por no trasponer otras directivas comunitarias a nuestro ordenamiento nacional. Hay que cerrar este asunto conforme a Derecho y según señala la Comisión Europea”.

En su opinión, “esta cuestión hay que resolverla lo antes posible y no sería justo ni lógico que se dejara para generaciones futuras. Las últimas sentencias del TJUE de febrero y junio de 2024 han acotado mucho más el tema. Dejaban claro que la Ley 20/2021 no solucionaba el problema de la temporalidad y tampoco sancionaba el abuso en el que se encuentran muchos profesionales que encadenan contratos temporales durante años. También han dejado claro que los 20 días por año no es una sanción adecuada. Europa, tras este primer aviso embargando 626 millones de euros, deja claro que no lo va a dejar así”.

Propósito de enmienda

Otros 460 millones han sido congelados por la falta de avance en la subida del impuesto al diésel, un compromiso que el Ejecutivo no logró sacar adelante en el Congreso de los Diputados. Además, Bruselas ha retenido cerca de 40 millones adicionales por la evaluación incompleta del proceso de digitalización en administraciones autonómicas y locales.

A pesar del recorte, el Gobierno socialista ha subrayado el lunes que se trata de un ajuste técnico y temporal. Según el Ministerio de Economía, España dispondrá de un plazo de seis meses para resolver los incumplimientos y optar a la recuperación de los fondos suspendidos. Este tipo de revisiones está contemplado en la estructura del plan europeo, que condiciona cada pago al cumplimiento detallado de objetivos e hitos específicos.

Una de las soluciones que se plantea sería, en la tramitación de la Ley de la Función Pública que se está tramitando en el Congreso, incluir alguna enmienda que ayude a la estabilización del personal en fraude de ley. Al parecer, los socios del Gobierno podrían aceptarlo. El problema, según nos indican sindicatos de interinos, sigue siendo el PSOE, que se muestra reacio a ello. Además, en principio tampoco están por la labor de incrementar las indemnizaciones a los interinos cesados por encima de los 20 días por año.

El paquete aprobado este lunes es, hasta la fecha, el mayor autorizado para España dentro del programa europeo. «Hemos tenido una buena noticia esta tarde con la evaluación positiva por parte de la Comisión Europea de 83 hitos y objetivos de nuestro Plan de Recuperación que dan acceso a 24.000 millones de euros: 8.000 millones de euros en transferencias y 16.000 en préstamos», afirmó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a los medios de comunicación.