Inteligencia artificial y datos judiciales: ¿Prohibir o regular?

La transparencia judicial no debe verse como un obstáculo

(Imagen: archivo)

En las últimas semanas, se ha conocido la publicación de la Orden Administrativa N.º 25 por parte del Tribunal Supremo de Arkansas por la que prohíbe introducir datos en sistemas de inteligencia artificial. Mientras tanto, en España las resoluciones judiciales son públicas —previa anonimización— y no existe un veto semejante. ¿Debe el legislador español abrazar un modelo restrictivo o fomentar la transparencia con garantías? El debate enfrenta la protección con el potencial innovador de la inteligencia artificial (IA).

Orden 25 de Arkansas: una prohibición inédita

La citada orden estadounidense establece que cualquier profesional jurídico que introduzca datos en herramientas de inteligencia artificial, incluso involuntariamente, podría estar infringiendo normas procesales y éticas. Se trata de una posición marcadamente restrictiva, dirigida a proteger la confidencialidad del expediente judicial frente a posibles filtraciones involuntarias hacia terceros proveedores tecnológicos. En concreto, se refiere a potenciales vulneraciones de la Administrative Order No. 19 y del Arkansas Rules of Professional Conduct, normas que recogen expresamente el deber de confidencialidad y protección de datos en el ámbito jurídico profesional.