En vísperas de las primeras vistas del TJUE sobre la amnistía, el Gobierno plantea ceder a Cataluña los 30.000 millones del IRPF

A veinticuatro horas de que el TJUE celebre en su Gran Sala las primeras vistas por las cuatro cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía, para determinar si la ley vulnera el derecho de la Unión sobre malversación y terrorismo, Gobierno y Generalitat de Cataluña han hecho público el acuerdo sobre la financiación singular a esta CCAA, que ha despertado la polémica e indignación en muchos frentes. Por el momento no hay fechas de su implementación.

La fórmula permite que Cataluña gestione el IRPF, con unos 30.000 millones, a cambio de contribuir al fondo de solidaridad y respetar el principio de ordinalidad entre comunidades. El texto prevé crear una Agencia Tributaria catalana operativa a partir de 2026, coordinada con la AEAT estatal, y se incluye en una futura reforma de la LOFCA. Además, se busca que este esquema se pueda extender a otras regiones con similares exigencias fiscales.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han rechazado este lunes el pacto para un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña y han alertado de sus consecuencias. Hace ya un año mostraron que era inviable y que rompía claramente el sistema fiscal español actual.

La soberanía fiscal de Cataluña es «inconstitucional», supondría la desaparición de la Agencia Tributaria de ese territorio, con su consiguiente fraccionamiento, deterioraría la lucha contra el fraude fiscal y conllevaría una sustancial merma de los servicios públicos al socavar el actual sistema de financiación autonómico basado en la solidaridad entre territorios.

Así lo concluye la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en un detallado informe que evaluaba hace un año las consecuencias de la soberanía tributaria de Cataluña, al que ha tenido acceso Economist & Jurist. Este miércoles, esta entidad volverá a mantener otro contacto con los medios para aclarar los efectos de esta medida.

«Si Cataluña recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de Comunidades Autónomas, que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos, y, por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda», añade la Asociación de Inspectores de Hacienda.

Desde la asociación también alertan de que, si el modelo se generaliza al resto de Comunidades Autónomas, «supondría dinamitar el sistema tributario, incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria», y haría que el Estado no dispusiera «de los fondos necesarios para atender sus funciones».

Cuando la Agencia Tributaria catalana asuma la recaudación de 27.590 millones del IRPF en Cataluña, pasará de recaudar 5.238 millones de sus impuestos cedidos y propios a gestionar 38.238 millones en 2026, seis veces más, ha señalado la asociación. También tendrá que devolver 2.737 millones a los declarantes catalanes, así como reintegrar al Estado la parte que se acuerde de la cuota estatal del IRPF.

Inspectores de Hacienda alertan de nuevo, como hicieron hace un año, del problema que generará este cupo catalán (Imagen: E&J)

Un acuerdo bilateral sin números

Este nuevo esquema contempla una fórmula abierta en la que cada comunidad autónoma podrá determinar qué grado de autonomía fiscal desea asumir, configurando así un modelo con distintas velocidades en materia de gestión tributaria. Este nuevo sistema de financiación autonómica, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como se hacía hasta ahora, aunque no estipula ni cifras ni fechas exactas.

En el caso catalán, la aspiración es asumir la recaudación y administración del conjunto de los impuestos generados en su territorio. Aunque esta posibilidad se plantea como extensible al resto de comunidades, en la práctica, solo aquellas con una agencia tributaria consolidada tendrían capacidad para ejecutarla con eficacia.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña dependerá de “tener los apoyos pertinentes” en el Congreso, ya que implica posibles reformas legales.

Tras la reunión bilateral con la Generalitat, ha pedido al PP que aporte sus propuestas. Por su parte, el conseller Albert Dalmau ha evitado confirmar que Cataluña recaudará el IRPF en 2026 y ha señalado que será necesario reforzar la Agencia Tributaria catalana. Ambos han defendido avanzar sin perjuicio para los ciudadanos y han llamado al consenso político.

La gestión de dicha financiación sería a cargo de la nueva Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Es un organismo de nueva creación, por ahora con funciones limitadas, que tiene previsto asumir la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos propios de la Generalitat de Cataluña, y también, por delegación del Gobierno español, de los tributos nacionales cedidos totalmente a esta.

Cesión de Seguridad Social al País Vasco

Se da por descontado que este martes será el turno del PNV. Sánchez mantendrá un diálogo con el lehendakari Pradales sobre el esperado paso de competencias al País Vasco, incluyendo la Seguridad Social. El Ejecutivo vasco insiste en llegar a la cita «con los trabajos bien hechos» y consolidar un acuerdo histórico dentro del Estado. Estos traspasos ya están recogidos en el Estatuto de Gernika, aunque siempre han sido sensibles para sucesivos gobiernos centrales.

Sobre este trasvase de la Seguridad Social al País Vasco, el Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos, Letrados y Economistas de la Seguridad Social, al igual que el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad, suscribían un acuerdo de rechazo de esa próxima transferencia de la Seguridad Social. Para este colectivo, esta cesión es un error:

“La solución de los problemas actuales de la gestión de la Seguridad Social no pasa por la renuncia del Estado a sus competencias, atribuidas constitucionalmente, y su cesión a las comunidades autónomas sino, todo lo contrario, por su reordenación y racionalización mediante la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social —previsión reiteradamente incumplida— y el reconocimiento de la consideración a los cuerpos de funcionarios que integran su Administración como de carácter nacional o de habilitación nacional.

Nuestro sistema de Seguridad Social no puede depender ni de coyunturas políticas ni de intereses territoriales o partidistas, por lo que apelamos a la responsabilidad de los distintos agentes políticos y sociales para que se refuerce su gestión exclusiva por el Estado como única forma de garantizar su uniformidad y la igualdad de todos los ciudadanos, propósito con el que las asociaciones firmantes reiteramos nuestro más firme compromiso.”

La reunión mantenida en Moncloa entre Sánchez y el Lehendakari Padrales augura un traspaso de la Seguridad  Social al Gobierno vasco que rompería la caja única de la Seguridad Social (Imagen: E&J)

Oposición frontal al nuevo modelo

El pacto de financiación ha reabierto tensiones en el PSOE. Barones como García‑Page y Barbón temen agravar las desigualdades autonómicas. Al mismo tiempo, CCAA del PP como Andalucía, Castilla y León o Aragón hablan de recurrir al Tribunal Constitucional esta iniciativa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en mostrar su negativa al acuerdo. «Desde la Comunidad de Madrid ya avanzamos: nos negamos rotundamente a este atropello», ha remarcado en una rueda de prensa ante los medios este lunes por la tarde.

También ha cargado contra Sánchez, a quien ha acusado de estar «dispuesto a todo» y de estar «en fase terminal». «Ha vuelto a demostrar que es un peligro para España», ha remarcado.

Por tanto, Ayuso ha criticado que se «rompa» la caja común y se cree una «nación paralegal» [una Hacienda catalana], un movimiento que considera que «arrolla a la Constitución Española».

La creación de este nuevo modelo, según sus cálculos, conllevará un coste adicional de 2.000 euros para cada madrileño y ha indicado que la región va a tener «verdaderos problemas» para pagar las nóminas de sus sanitarios y costear servicios públicos como colegios. «No vamos a tener dinero», ha recalcado.

Con todo, ha adelantado que tomarán acciones contra el pacto: «Acudiremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional… donde tengamos que ir para decir que desde Madrid nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España».

Ayuso subraya que “así pretende Sánchez camuflar y defenderse de su propia corrupción, todo negociado, por cierto, hoy casualmente sin pinganillos. Hoy son casi 25.000 millones, pero el independentismo anticipa que aspira a 57.000 millones, lo dicen claramente y lo tendrán porque no son socios de Sánchez ni cómplices, eso era antes”.

Y avisó: “esto es un atraco a la nación y contra la unidad de España y no se detendrá aquí. Después viene el golpe, la ruptura total. Sánchez avanza hacia la anexión de Navarra al País Vasco; vamos hacia una república plurinacional de manera inexorable que nadie ha pedido ni votado porque a nadie se le ha consultado ni informado”, resaltó.

Para la dirigente madrileña, “por eso vendrá el referéndum de autodeterminación o directamente la independencia ilegal de Cataluña y País Vasco por decisión del Consejo de Ministros, por el típico decreto o chapuza legislativa a la que pretenden desde Moncloa que nos acostumbremos porque piensan que los españoles somos tontos”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, anuncia que recurrirá contra el cupo catalán a los tribunales (Imagen: E&J)

Los empresarios, en contra

Por su parte, la organización empresarial Empresaris de Catalunya ha advertido que la nueva propuesta de financiación, acordada tras la comisión bilateral Gobierno-Generalitat de este lunes, provocará un incremento de costes y una «mayor conflictividad» entre las empresas y la administración.

La organización considera que esto tendrá como consecuencia que las filiales de empresas catalanas opten por ubicar su sede en otros lugares de España para no tener que afrontar relaciones con dos entes tributarios.

Su presidente, Josep Bou, ha afirmado que el problema en Cataluña no es de quién recauda, sino de su gestión, y añade que la Generalitat debe reducir su deuda, adelgazar su administración y centrarse en administrar sus ingentes recursos, textualmente.

CCOO de Cataluña ha celebrado el «paso adelante» dado por el Gobierno y la Generalitat para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica, aunque considera que aún hay que avanzar más para hacerlo efectivo.

El sindicato defiende que este acuerdo debe mejorar la financiación catalana y servir como base para reformar el modelo en todo el Estado. Reclama un enfoque federal, multilateral y justo, y subraya la importancia de garantizar la suficiencia fiscal para sostener los servicios públicos. También pide dotar al nuevo sistema de los recursos técnicos y humanos necesarios para su aplicación.