Expertos en servicios sociales critican al ministro Bustinduy porque la futura Ley de Dependencia genera falsas expectativas

De ser efectivo a ser efectista va un trecho. Son palabras parecidas, pero no tienen nada que ver. A Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que pretende mejorar la situación de miles de dependientes en nuestro país, le ha salido un frente de expertos, la Asociación de Directores de Servicios Sociales, que estudia desde hace años la situación de muchos ciudadanos abandonados a su suerte. Algunos de ellos fallecen sin recibir la ayuda a la dependencia.

De tensa es esa relación entre este Ministerio y este grupo de profesionales volcados en la ayuda de las personas vulnerables en los centros de servicios sociales donde trabajan. Por el momento, Bustinduy no ha tenido a bien reunirse con ellos, pese al conocimiento que tienen de la situación.

El proyecto de Ley de Dependencia que ahora se tramitará en el Parlamento define las diferencias entre ministro y expertos. “Le hemos pedido al ministro que nos reciba y le hemos invitado a la presentación de los datos de nuestro Observatorio Estatal de la Dependencia, pero ha hecho caso omiso. Nosotros, independientes, decimos lo que vemos. El Ministerio solo invierte aquella cantidad mínima que viene fijada por ley”, explica José Manuel Ramírez, presidente y portavoz de dicha asociación.

Para José Manuel, “es preocupante que el Ministerio anuncie nuevos derechos y prestaciones cuando ha reducido su aportación a la dependencia. Al final lo que nos plantean son derechos de papel que no van a ningún sitio. Creo que no es lógico que se genere una falsa expectativa para las 286.861 que están en lista de espera. Cuando escuchen al ministro creerán que se ha resuelto su problema y que va a ir mejor. Pero la realidad es que no hay financiación nueva y hay recortes como los comentados. Esto va a generar mayor frustración y ansiedad en estas personas”.

Nuestro interlocutor censura a Bustinduy que alardee “de una ley que no tiene presupuesto. Es algo preocupante. Solo hay derechos de papel, pero no son reales los avances que indica que hay. Habría que implementar un plan de choque. Lo primero, poner más dinero. Habría que invertir otros 2.000 millones más, lo que ayudaría a atender a la lista de espera que hay de personas dependientes. Si todos los años se pusieran unos 600 millones como se hizo en 2021 a 2023, en los tres o cuatro próximos años lograríamos el porcentaje ideal de reparto de financiación entre CCAA y Administración General del Estado (AGE)”.

El retroceso en las ayudas a la dependencia por parte del Estado es importante. Sin financiación no habrá ley para los miles de dependientes en lista de espera (Imagen: Observatorio de la dependencia)

CCOO y UGT reclaman mejoras en trámite parlamentario

Sin embargo, desde CCOO y UGT llaman la atención respecto de algunas otras cuestiones que, a nuestro juicio, deberían mejorarse en el trámite parlamentario para garantizar que el Sistema de Dependencia mantiene su apuesta por la calidad de atención basada en la atención preferente mediante servicios profesionales.

Las organizaciones sindicales indican que “el proyecto de ley insiste una vez más en la flexibilización de los requisitos que se establecen para reconocer la prestación económica de cuidado familiar, ahora desvinculándola no solo del vínculo familiar, sino también de la propia convivencia con la persona dependiente. En nuestra opinión, tal posibilidad debería habilitarse únicamente a entornos rurales, donde la proximidad e inmediatez no solo están garantizadas, sino que es más difícil poder recurrir a otro tipo de prestaciones profesionales. Ya que, de otro modo, este tipo de medidas, con toda probabilidad, redundarán en fenómenos de empleo sumergido y desprofesionalizado para atender a las personas en situación de dependencia”.

Sobre este proyecto de ley, los sindicatos UGT y CCOO reclaman una financiación adecuada. En un comunicado hecho público este martes, señalan la necesidad de la reforma de la normativa de dependencia para luego indicar que “es necesario incluir un compromiso de financiación pública suficiente. Por último, hemos de llamar la atención respecto de que el anteproyecto de ley no incluye, ni en su articulado ni en su memoria de acompañamiento, una referencia expresa a ninguna medida orientada al fortalecimiento y a la suficiencia de la financiación pública del sistema”.

En opinión de CCOO y UGT debe garantizarse el cumplimiento del espíritu de la Ley de Dependencia. “De modo que la financiación pública ha de ser suficiente sin necesidad de acudir a una participación igual de relevante al copago. Igualmente, ha de garantizarse que en dicha financiación pública deben participar a partes iguales el Estado y las comunidades autónomas. Y, por último, es necesario alertar respecto de la insuficiencia que supone que el total del gasto destinado a financiar el sistema de dependencia se limite al 0,8% del PIB, cuando el resto de los países de nuestro entorno destinan entre el 1,5% y el 2% del PIB”.

Al mismo tiempo, señalan que si bien UGT y CCOO comparten la conveniencia de introducir en la nueva definición de servicio de atención residencial los elementos relativos al nuevo modelo de atención centrada en la persona, sin embargo, no comparten la supresión que se ha producido respecto de elementos fundamentales en relación con la garantía de la atención integral que se presta en las residencias.

En su opinión, debe mantenerse la referencia a que “el servicio de atención residencial debe ofrecer, desde un enfoque de atención integral, servicios continuados de carácter personal y sanitario”. Suprimir la referencia a la atención sanitaria en las residencias redundará en una reducción de la calidad de la atención que hoy ofrecen estos servicios.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez viene denunciando al problemática de la dependencia en nuestro país, con cerca de 300.000 dependientes en lista de espera y fallecimientos de un dependiente cada quince minutos en nuestro país (Imagen: Juan Manuel Serrano para la UIMP)

Falta voluntad política

Una de las voces de este colectivo es José Manuel Ramírez, responsable del Observatorio Estatal de la Dependencia, uno de los organismos de esta asociación de profesionales. Según esta entidad, 12.843 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2024. De ellos, las comunidades autónomas financiaron, como media, el 72,9 %, con 9.365 millones de euros (13,8 % más que en 2023). La aportación estatal fue del 27,1 %, con 3.478 millones de euros (+5,6 %). “Se ha producido una reducción de un 1,5 % del 28,5 %, la primera reducción que se produce en cuatro años”.

En su opinión, “hay un retroceso importante. Hay que mejorar a las personas dependientes y evitar su elevada mortandad: muere una de ellas cada quince minutos. En el primer semestre se contabilizan 16.596 fallecimientos. Hay que atender a esas personas y hacer los procedimientos administrativos de concesión de esas ayudas más ágiles y menos burocráticos.
Se puede hacer sin cambiar la ley. Lo han hecho Castilla-La Mancha, Castilla y León o Navarra, y han mejorado. El tiempo medio de espera supera los 342 días, y con el ritmo actual, se necesitarían más de 90 años para alcanzar la plena cobertura. En lo que va de 2024, han fallecido 8.004 personas sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho.

Desigualdad entre comunidades: Solo cinco comunidades cumplen con el plazo legal de 180 días para atender solicitudes. Comunidades como Cataluña, Canarias y Murcia presentan listas de espera especialmente elevadas y crecientes. “No es una cuestión de gobiernos, de siglas, de partidos. Es una cuestión de alma y voluntad política para atender a los más vulnerables”.

Hay un retroceso evidente

Para este experto, “no es excusa que no tengamos Presupuestos Generales del Estado para acometer la financiación de la dependencia en nuestro país. Se podría haber metido en su día en el decreto ómnibus que el Gobierno aprobó en dos tramos, o haber subido el nivel mínimo de financiación, que también lo pueden hacer por Real Decreto. Cuando se quiere generar un crédito nuevo y las partidas son ampliables, como en este caso, los profesionales sabemos que se puede hacer esa subida sin demasiados problemas. El 2024 hubo un retroceso en la financiación, que se observa en el primer semestre de este año. La lista de espera ha aumentado. ¡2025 va a ser un año complicado!”.

Sobre el proyecto de ley que ahora se tramitará en el Parlamento, José Manuel Ramírez recuerda que hay medidas que se anuncian que ya están en otros Reales Decretos: “Cuando dice de hacer universal la teleasistencia, eso se puede hacer. Y no les impide nadie que lo hagan. Esta era la segunda medida del plan de choque del 2021 y está en el decreto de julio del 2023 como una medida ya aprobada. No hay que hacer una ley para eso”.

Otros datos de este Observatorio señalan que nueve comunidades pierden financiación en la distribución de los 783 M € del Nivel Acordado en 2025. Las comunidades que menos porcentaje aportaron en Dependencia son La Rioja (61,4 %), Castilla y León (63,2 %), Andalucía y Galicia (65,1 %). Las que más aportan son País Vasco (84 %), Navarra (81 %) y Baleares (80,6 %).
El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2012 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, por el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque.

En España hay 4,38 millones de personas con discapacidad, según una encuesta del INE del 2022. Un porcentaje elevado son mujeres mayores de 55 años (Imagen: Observatorio de la dependencia)

Incremento de gasto por imperativo legal

Este experto señala que el peso de las CCAA en la financiación cae un 13 % entre los años 2020 y 2023, por la AGE que refuerza la financiación. Sin embargo, en 2024 vuelve a incrementarse, rompiendo la tendencia cuatro años después. La Administración General del Estado incrementó en 185 millones de euros su gasto en dependencia debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas, ya que, por ser un sistema con modelo de financiación caritativo, el Ministerio tiene que ampliar obligatoriamente sus aportaciones.

“Sin embargo, este incremento del gasto fue por imperativo legal, pero no por compromiso político, ya que no existió incremento presupuestario para la dependencia por parte del Gobierno central, lo que supuso que se redujera su porcentaje en la financiación del sistema”, comenta.

En la actualidad, las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.845 €), Extremadura (2.779 €) y Navarra (2.474 €), mientras a la cola se encuentran Galicia (1.317 €), Canarias (1.339 €) y Murcia (1.667 €).
En cuanto al gasto por persona, Ramírez indica que son “unos 8.592 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales la AGE aportó 2.327 € en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.267 €. La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco, con 13.554 € anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía, con 7.173 euros anuales”.

Este experto advierte que “en 2025, nueve comunidades van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para financiación de la dependencia. Sobre la estructura para la distribución del Marco de Cooperación Interadministrativa correspondiente al ejercicio 2025, hay que indicar que tiene cuatro fondos diferenciados: fondo de estructura, fondo de gestión, fondo de cumplimiento de objetivos y fondo relativo al apoyo para el despliegue del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD, de 28 de junio de 2022”.