Silvia Blasco, presidenta de FEVITUR: “Un 45% de las viviendas turísticas legales quedaron fuera del nuevo registro estatal impuesto por el Ministerio de Vivienda”

Desde el pasado 1 de julio, la publicación del Real Decreto 1312/2024 obliga a que todas las viviendas turísticas de España figuren en un nuevo Registro estatal gestionado por los Registradores de la Propiedad. Sin embargo, esta medida ha generado una gran confusión jurídica, ha dejado fuera del mercado a miles de viviendas que ya estaban legalmente registradas en sus comunidades autónomas, y ha sembrado una percepción errónea de ilegalidad en torno al sector.

A lo largo de estos días se han inscrito más viviendas que tienen numero de registro autonómico, “el problema radicaba en astas viviendas en las distintas comunidades autónomas y que por algunos criterios la trasposición del Real Decreto-ley no estaba siendo lo que nos había dicho el Ministerio de Vivienda que se iban a respetar estos registros autonómicos lo que confirmaba la legalidad de estas viviendas”, comenta Silvia Blasco, presidenta de FEVITUR, patronal que agrupa a las viviendas turísticas de toda España.

Desde FEVITUR denuncian también el enfoque comunicativo impulsado por Registradores de España: “No se puede jugar con la seguridad jurídica ni con la imagen de legalidad o ilegalidad. Las campañas institucionales deben ser claras, rigurosas y proporcionales. El Reglamento europeo nunca planteó un régimen sancionador, sino un mecanismo de trazabilidad. Se ha distorsionado su espíritu”.

Además, Blasco alerta de un problema jurídico grave: “Si te deniegan la inscripción, no queda claro qué mecanismos tienes para reclamar. Al no tratarse de una administración pública, no puedes presentar ni recurso de reposición ni acudir a la vía contencioso-administrativa. Y sin ese número, te bloquean el acceso a plataformas como Airbnb o Booking, lo que en la práctica supone una expulsión del mercado”.

Desde FEVITUR se insiste en que desde la trazabilidad “todo lo que pueda otorgar transparencia a nuestro sector de actividad es bienvenido. No nos quejamos por la acción de inscribirnos en un registro que eso cuesta dinero, esa no era la intención de posicionarnos en contra de los criterios del Gobierno de cómo se ha establecido, es en la forma y en la competencia, que determina que un órgano no competente como puede ser los registradores se encargue de este tema, quizás se hubiera tenido que contar con otra entidad. Al final el RD 1312/2024 que iba a luchar contra la ilegalidad desde un punto de vista efectivo, pero en la práctica muchos se han quedado fuera del mercado pese a contar con el registro autonómico”.

En su opinión, “creo que hay cierta alarma social, lo que ha hecho que mucha gente no entiende el objeto real de este registro implementado por el Ministerio de Vivienda. La campaña se ha hecho a posteriori de la entrada en vigor desde el pasado 1 de julio, aunque España ha sido uno de los primeros que ha desarrollado el RD-ley que comentamos”.

Las viviendas legales que dependen de FEVITUR son más de 507.000 en toda España. (Imagen: E&J)

Plataforma y viviendas turísticas

“Después hay que señalar la grandes diferencias que hay entre el Reglamento Europeo y el RD que no dicen lo mismo. Por otro lado, cuando te deniegan la inscripción, no queda claro los mecanismos que quedan para resarcirte. No es la administración por lo que no puedes ir a un contencioso administrativo,  o a un recurso de alzada o reposición. Eso te imposibilita que puedas inscribirte en portales como Airbnb o Booking, entre otros”, señala la presidenta de FEVITUR.

Silvia Blasco recuerda que estas plataformas son el gran escaparate para publicitarte al mercado “sino puedes tener ese escaparate porque te han denegado ese número al no estar la situación registral de la vivienda bien definida porque hubo cambios posteriores en tu vivienda, cuestión paradójica que no es obligatorio comunicarlo porque las comunidades autónomas no nos dice que debemos tener el Registro de la Propiedad al día para no incumplir. Hay muchas viviendas que se han quedado fuera, antes de entrar en vigor el porcentaje era del 70%, ahora estamos alrededor del 45%”.

Desde su punto de vista esta herramienta no ayuda a combatir la ilegalidad de los pisos turísticos que la ministra Isabel Rodríguez cree que hay en el mercado de alquiler nacional “son ilegales aquellos que no están en ningún registro autonómico y están operando como vivienda de uso turístico, eso es ilegal. Esos no podrán ejercer la actividad con las plataformas antes citadas porque no van a obtener el numero de registro estatal que ahora se pide. Nosotros como sector nos sentimos perseguidos desde hace años. La escalada viene ahora desde el Gobierno central. El impacto de este sector sobre el marcado del alquiler es escaso, según distintos estudios operativos”.

En su opinión “hay demasiado ruido político por otras circunstancias. Nosotros representamos a la oferta legal de viviendas turísticas, no tenemos datos de esa otra oferta ilegal que dice la ministra Rodríguez que existe. Nosotros representamos a 507.000 viviendas legalmente registradas en las CC.AA. Pese a tener ese registro autonómico a todas las viviendas se nos obliga a darnos de alta en este nuevo registro estatal que gestionan los registradores. Sobre su comercialización en plataformas según datos del INE son 381.000. Todavía hay margen de crecimiento en dicha comercialización”.

Sobre como está evolucionando este año el mercado turístico, Silvia Blasco habla de más incremento del turista nacional frente al extranjero. El año pasado hubo 168 millones de desplazamientos entre personas que residen en territorio nacional, por tanto, es el turismo que más se ha consolidado respecto al extranjero. El que viene de fuera fluctúa, todavía no sabemos los datos, lo que si se percibe que el nivel de turistas nacionales ha aumentado este año. Muchas de estas reservas se hicieron antes de que entrara en vigor el citado Real Decreto 1312/2024.

En el frente judicial el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid ha ordenado, en una pionera sentencia del 19 de junio, el cierre de 10 pisos turísticos en la capital. El texto no entra a considerar si como alojamientos para turistas eran legales en lo que respecta a su registro. “En Madrid hay dos ámbitos distintos, por un lado, está la municipalidad teniendo en cuenta que hace que los municipios en este caso el Ayuntamiento de Madrid tenga que ordenar el turismo dentro de su territorio” —explica Blasco— y, por tanto, determine donde puede o no puede haber una vivienda de uso turístico”.

La presidenta de FEVITUR reclama más diálogo entre las administraciones y el sector de las viviendas turísticas. (Imagen: FEVITUR)

Inseguridad jurídica y limbos normativos

Uno de los casos más paradigmáticos es el de la ciudad de Madrid, donde conviven competencias autonómicas y urbanísticas contradictorias.

“El Ayuntamiento considera ilegales unas 16.000 viviendas por razones urbanísticas, pero esas mismas viviendas están registradas en la Comunidad de Madrid como turísticas. Hay una confusión generalizada: una infracción urbanística no equivale a ilegalidad desde el punto de vista autonómico”, recuerda Silvia Blasco.

Desde FEVITUR se insiste en que esta inseguridad jurídica está minando los derechos de los ciudadanos, que ya ven limitada su libertad de uso sobre sus propios inmuebles: “El Gobierno debe respetar la libertad patrimonial del ciudadano. Si no exigimos registro de la propiedad a dentistas, psicólogos o abogados que ejercen su actividad desde viviendas, ¿por qué solo a las VUT? Si queremos regulación, que sea equitativa. Lo contrario solo alimenta la estigmatización”.

Desde esta perspectiva, la presidenta de la patronal que agrupa a las viviendas turísticas de toda España señala que, “no es del todo cierto que es legal o ilegal lo que el municipio determina, no es del todo correcto puede haber una infracción urbanística por parte del poseedor del uso turístico de la vivienda frente al ayuntamiento de ese municipio, pero eso no determina que sea ilegal desde el punto de vista competencial de la Comunidad de Madrid si tiene un número de registro turístico de la propia C.A. Eso hace que se genere un confusión que son ilegales, cuando al revés, son completamente legales desde la competencia autonómica a nivel turístico y puede ser que no cumpla los requisitos del ‘Plan Carmena’. Estamos en un limbo legal que es preocupante”.

En la Convención del Gobierno con las comunidades autónomas, la ministra Isabel González ha acusado a las viviendas turísticas de ser un freno para el alquiler. (Imagen: Ministerio de Vivienda)

Diálogo real, no imposición

La patronal denuncia la falta de diálogo efectivo con el sector y reclama una reunión urgente con los Ministerios de Vivienda y Turismo para analizar el impacto del RD 1312/2024: “Fuimos convocados al principio, pero después se nos ha ignorado. Es necesario un seguimiento serio. Las CC.AA. tienen marcos muy distintos: algunas exigen autorización, otras solo declaración responsable. Era previsible que este registro iba a generar conflictos si no se articulaba con claridad y respeto a las competencias existentes”.

Blasco insiste en que el sector turístico legal no puede seguir siendo utilizado como chivo expiatorio en el debate sobre el acceso a la vivienda: “Representamos a 507.000 viviendas registradas legalmente en España. Según el INE, solo 381.000 están comercializadas en plataformas. Hay margen de crecimiento, pero también muchas trabas impuestas. La ministra habla de ilegalidad, pero no tenemos datos de esa supuesta oferta opaca. Lo que sí sabemos es que el impacto de las VUT en el alquiler residencial es mínimo, como indican diversos estudios”.

Y concluye: “La demonización del sector no se entiende. Lo que pedimos es simple: transparencia, diálogo y seguridad jurídica. Sin eso, no hay ni turismo sostenible, ni economía local, ni convivencia posible”.

Desde FEVITUR se ha pedido una reunión con los ministerios de Vivienda y Turismo “para una vez entrado en vigor dicho RD-ley hacer un seguimiento más detallado de su cumplimiento. Al principio parecía que iba todo bien, donde tenia cierta lógica, pero en la práctica cuando hemos visto los problemas reales de su implementación, queda claro que lo lógico es que hubiera contado con nuestro sector”.

La patronal destaca: “Nosotros vemos los problemas legales que están surgiendo en muchas CC.AA. con la implementación del registro. Son problemáticas distintas, en algunas son títulos habilitantes, en otros son títulos de autorización y en otros son autorregistros con declaraciones responsables”.