La abogacía está en peligro: así lo ratifica el Consejo de Europa

Recordando con Alejandro Nieto, en su libro Balada de la justicia y la ley: “Quien lucha por la justicia, loco o cuerdo, es ciertamente una figura respetable, puesto que más vale recibir palos en defensa de un ideal que cobrar por mancillarlo”

Acabo de terminar el libro La justicia en peligro, de Manuel Marchena. Personalmente creo que habría que escribir “la abogacía está en peligro”. Y lo está tan de verdad que a diario agentes, oficiales, letrados de Administración de Justicia, jueces o magistrados no atienden adecuadamente al abogado, o ni le atienden, atentando así a la dignidad del abogado/a y en consecuencia de la abogacía.

Es un fenómeno que preocupa a la abogacía internacional e incluso al Consejo de Europa.

Y en efecto, la Unión Internacional de Abogados, aprobó el 12 de enero de 2.024  la ‘Carta de Turín sobre el ejercicio de la abogacía en el siglo XXI’.

Y destaco sólo algunos párrafos:

• “El abogado tiene derecho a que su función sea reconocida y protegida por la sociedad y por los órganos del poder, ya sea legislativo, ejecutivo o judicial; su función debe considerarse como un elemento esencial para la administración de justicia y la organización de la sociedad.”
• “El abogado tiene derecho a que el juez le reconozca la importancia de su función en el debate judicial, puesto que es un actor del proceso, garantía de un proceso justo”.

Una declaración así sólo se produce cuando la abogacía está en peligro. Y continua la carta de Turín.

Proliferación legislativa

En los últimos tiempos se está viviendo una proliferación desmesurada de leyes: para que las reformas sean eficaces se ha de contar con quienes conocen la materia mediante su aplicación práctica.

El profesor Robert Cooter de la universidad de Berkeley plantea la idea de ley “desde abajo”; plantea la necesidad de una comunidad de jueces, abogados y académicos que detecten normas sociales, las expresen en términos jurídicos y las aplique de forma selectiva. El Estado de Derecho no se puede basar en leyes hechas desde arriba; necesita apoyo de las instituciones intermedias y de la comunidad de jueces, que estudie los factores institucionales.

Pero ese sentimiento de que la abogacía está en peligro, ha llegado al Consejo de Europa. En efecto, el Consejo de Europa aprobó el pasado 12 de marzo de 2025 el ‘Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de Abogado¡.

Y atención al por que, a lo que dice el Convenio del Consejo de Europa:

“Destacando el papel fundamental de los profesionales de la abogacía y sus corporaciones profesionales en la defensa del estado de derecho, la garantía del acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales; observando con profunda preocupación que los profesionales de la abogacía sufren agresiones, amenazas, acoso e intimidación a causa de sus actividades profesionales, así como obstrucciones o interferencias indebidas en el legítimo ejercicio de éstas; condenando tales ataques, amenazas, actos de acoso e intimidación en el ejercicio de su profesión, así como las obstrucciones e injerencias indebidas; considerando la necesidad de reforzar el marco jurídico internacional para garantizar la libertad de ejercicio de la abogacía, han convenido lo siguiente: (el convenio).

 Artículo 1º – Objeto del convenio 

1. El presente convenio tiene por objeto reforzar la protección de la abogacía y el derecho a ejercer la profesión de manera independiente y sin discriminaciones, obstrucciones o interferencias indebidas, y sin ser objeto de agresiones, amenazas, acoso o intimidación.

2. Este convenio establece un mecanismo específico para garantizar la aplicación efectiva de sus disposiciones por las partes. Mas bien parece que España incumple el Convenio al menos en esto, en muchas de las iniciativas legislativas ultimas.

Y sigue:

 Artículo 6: Derechos Profesionales de los Profesionales de la Abogacía. 

1. Las partes (los Estados) respetan que los profesionales de la abogacía puedan:

e_. tener acceso efectivo, sin demoras ni restricciones indebidas, a todos los documentos pertinentes que obren en poder o bajo el control de las autoridades públicas competentes, los tribunales y las autoridades judiciales cuando actúen en nombre de sus clientes.”

Por otro lado, se establecen mecanismos de control del convenio y se crea el grupo de expertos para la protección de la abogacía (Grovo). La abogacía española no ha propuesto a ningún abogado español para que esté en ese grupo de expertos.

España aún no lo ha firmado. Pero el convenio ya está vigente.

La abogacía está amenazada, no sólo por lo que han de vivir a diario, sino porque organizaciones como la Unión Internacional de Abogados (UIA) o el Consejo de Europa aprueben, con palabras gruesas, la Carta de Turín y el Convenio del Consejo de Europa de Protección de la Abogacía.