La revolución digital en el sector público: reflexiones jurídicas sobre el informe McKinsey

El informe Technology Trends Outlook 2025, elaborado por McKinsey & Company, representa una de las radiografías más completas y actualizadas sobre el impacto de las tecnologías emergentes en los distintos sectores económicos, sociales e institucionales del mundo contemporáneo.

En su quinta edición, publicada en julio de 2025, el informe recoge 13 tendencias tecnológicas clave agrupadas en tres bloques: la revolución de la inteligencia artificial (IA), las fronteras de computación y conectividad, y la ingeniería avanzada.
Más allá de su enfoque industrial y empresarial, el documento ofrece valiosas claves para comprender cómo estas tecnologías están remodelando las estructuras de gobernanza, el funcionamiento de las administraciones públicas y la protección jurídica de derechos fundamentales. Este artículo ofrece un comentario técnico desde la perspectiva del derecho público, la ciencia política y la administración pública.

1. La gobernanza algorítmica y los retos regulatorios emergentes

El protagonismo creciente de la IA generativa y, en particular, de la llamada IA agentica —sistemas autónomos capaces de planificar y ejecutar tareas complejas— plantea interrogantes fundamentales sobre la legalidad, la trazabilidad de decisiones automatizadas y la responsabilidad en su uso institucional. Según McKinsey, la adopción de estos sistemas en flujos de trabajo públicos podría generar eficiencias notables, pero también amplificar los riesgos de opacidad y sesgos algorítmicos si no se acompaña de una gobernanza adecuada.
Se destaca, en este sentido, la urgencia de marcos jurídicos que establezcan límites claros en el uso de IA en ámbitos sensibles como la justicia, la vigilancia estatal, la seguridad o la asignación de prestaciones. La gobernanza responsable de estas tecnologías implica avanzar hacia estándares de aplicabilidad, no discriminación, auditoría externa y control ciudadano. La ética tecnológica ya no es un campo filosófico abstracto: es una categoría jurídica ineludible.

2. Administración pública digital: del expediente electrónico al agente virtual

Las administraciones públicas están siendo llamadas a transformar radicalmente sus modelos operativos. La transición de plataformas electrónicas hacia servicios inteligentes impulsados por IA exige repensar no solo herramientas técnicas, sino también los principios constitucionales que rigen la relación entre el Estado y la ciudadanía.

El informe de McKinsey describe múltiples casos de uso donde agentes virtuales ejecutan tareas como gestión de expedientes, atención ciudadana, resolución de consultas jurídicas o evaluación automatizada de políticas públicas.

Estas innovaciones demandan una actualización de las leyes de procedimiento administrativo, los estatutos del empleado público y los regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué ocurre si un agente de IA deniega un subsidio por error? ¿Qué garantías procedimentales asisten al ciudadano ante una decisión automatizada? El Derecho administrativo deberá responder con nuevas técnicas normativas que integren principios tradicionales con tecnologías disruptivas.

(Imagen: E&J)

3. Derechos digitales y protección del ciudadano ante sistemas inteligentes

La expansión de sistemas digitales en la vida pública exige reforzar las garantías de protección de derechos fundamentales. La privacidad, la protección de datos, la identidad digital, la libertad de expresión y la no discriminación deben situarse en el centro del diseño institucional.

El informe advierte sobre el uso de tecnologías biométricas, blockchain y agentes autónomos en servicios públicos, lo cual conlleva un riesgo de vigilancia masiva si no se garantiza una base legal clara, un control judicial efectivo y límites proporcionales. El principio de legalidad tecnológica cobra vigencia: el uso de cualquier tecnología por parte del Estado debe tener amparo legal expreso, respetar los fines públicos y estar sujeto a evaluación de impacto legal y ético.

4. Soberanía tecnológica y cooperación internacional

McKinsey también destaca cómo los países están invirtiendo masivamente en infraestructuras digitales soberanas —chips, IA, nube, conectividad— para reducir su dependencia tecnológica y ganar control estratégico. Este fenómeno, que algunos analistas han llamado “neoestatismo digital”, tiene implicaciones geopolíticas, pero también constitucionales: se redefine el papel del Estado como garante de los bienes públicos digitales y como árbitro del ecosistema tecnológico.
Aquí, el reto jurídico-político consiste en equilibrar soberanía tecnológica con interoperabilidad internacional, evitando tanto la fragmentación digital como el autoritarismo algorítmico. Es imprescindible promover acuerdos globales sobre ética de la IA, justicia algorítmica y derechos digitales universales.

(Imagen: E&J)

Conclusión

El informe de McKinsey no es solo un análisis de tendencias tecnológicas; es una llamada de atención a legisladores, juristas y responsables públicos. Estamos ante una nueva fase de transformación estatal en la que el Derecho debe asumir un rol activo como herramienta de diseño institucional y garantía de libertades. La justicia algorítmica, la administración inteligente y la gobernanza digital no son desafíos del mañana: son tareas urgentes del presente.

Este artículo busca aportar a la reflexión jurídica y política sobre la digitalización del sector público y la regulación de tecnologías emergentes. La versión comentada del informe está disponible para su consulta libre en el sitio de McKinsey & Company.