El Proyecto de Ley de Familias lleva año y medio bloqueado: urge impulsa la ILP para el impulso de la fecundidad en España

La familia es la institución más antigua de la humanidad y el núcleo esencial donde las personas nacen, crecen y se desarrollan. Así lo reconoce la propia Constitución Española en su artículo 39, que obliga a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Sin embargo, el actual Proyecto de Ley de Familias, impulsado por el ministro Pablo Bustinduy, arrincona a la familia natural —padre, madre e hijos— y elimina el reconocimiento específico de la familia numerosa.

El resultado es un proyecto de ley que no sólo carece de respaldo suficiente en el Congreso —lleva paralizado más de un año y medio— sino que además bloquea cualquier otra iniciativa legislativa que pudiera contribuir de forma real y eficaz a afrontar la grave crisis demográfica que atraviesa España.

Frente a esta situación, desde la sociedad civil hemos impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el impulso de la fecundidad en España, que busca proteger y promover la familia en todas sus dimensiones, respetando su esencia y aportación valiosa a la sociedad. Esta ILP no solo es coherente con la Constitución, sino que también responde a la necesidad urgente de políticas públicas que favorezcan la natalidad y el bienestar de todas las personas que integran la familia.

Un proyecto ideológico que diluye la familia

El Proyecto de Ley de Familias presentado por el Gobierno se fundamenta en una concepción ideológica que diluye la noción de familia natural. En su intento de abarcar todas las realidades posibles bajo la categoría de “familia”, termina por vaciar de contenido a la institución básica sobre la que se asienta la sociedad.

Uno de los puntos más graves de este proyecto es la eliminación del reconocimiento jurídico de la familia numerosa. Se sustituye por un título genérico que invisibiliza a quienes, con un esfuerzo personal, económico y social enorme, contribuyen de manera decisiva al relevo generacional y a la sostenibilidad del Estado del bienestar.

No se trata de discriminar a nadie, sino de reconocer jurídicamente realidades distintas, tal como hace nuestra Constitución al otorgar una protección reforzada a la familia y a los hijos. Al eliminar esta diferenciación, el Proyecto de Ley incurre en una contradicción con el principio de igualdad material, pues trata igual lo que es objetivamente diferente.

Una ley bloqueada que impide avanzar

El Proyecto de Ley de Familias lleva más de un año y medio paralizado en el Congreso. Todos los analistas coinciden en que no podrá salir adelante ni contar con la mayoría suficiente para ser aprobado.

La consecuencia es doblemente negativa: por un lado, España sigue sin políticas familiares adecuadas; por otro, este proyecto bloquea la posibilidad de tramitar otras iniciativas legislativas que sí podrían responder a la urgencia demográfica y familiar.

Mantener vivo un texto sin futuro legislativo es, en palabras coloquiales, como cerrar una calle por obras sin esperanza de reabrirla al tráfico. Es un flaco favor a la sociedad y una irresponsabilidad política.

A través de la plataforma Siempre Seremos Familia, se han organizado distintas asociaciones, entre ellas la Asociación Madrileñas de Familias Numerosas que preside María Menéndez Zubillaga y CONCAPA para frenar este proyecto de ley de Familias que anula a las familias numerosas. (Imagen: Asociación de Familias numerosas de la Comunidad de Madrid)

La Iniciativa Legislativa Popular sobre demografía y familia

En contraste con este bloqueo, la ILP de impulso de la fecundidad en España surge como una propuesta positiva, realista y constitucional. Entre sus pilares destacan:

• Reconocimiento de la familia natural como comunidad estable de padre, madre e hijos, origen de la vida y hábitat natural de la persona.
• Protección del matrimonio entre hombre y mujer como vínculo fundante de la familia.
• Reconocimiento y apoyo específico a las familias numerosas, no solo como una realidad social sino como motor imprescindible de futuro.
• Protección del nasciturus, garantizando el derecho a la vida desde la concepción.
• Derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, en coherencia con el artículo 27 de la Constitución.
• Medidas fiscales, laborales y sociales que favorezcan la natalidad, como deducciones, apoyo en vivienda, conciliación y acceso prioritario a determinados servicios.

No hay un fundamento constitucional y legal en este proyecto de ley de familias

A diferencia del proyecto gubernamental, la ILP se apoya en sólidos fundamentos constitucionales. El artículo 39 de la Constitución Española reconoce la obligación de los poderes públicos de proteger a la familia y a los hijos. Asimismo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y diversos tratados internacionales ratificados por España refuerzan esta obligación.

La seguridad jurídica requiere leyes claras y coherentes con la Constitución. El Proyecto de Ley de Familias, al diluir el concepto de familia, suprimir el reconocimiento de la familia numerosa y llenar el proyecto de ley con contenido puramente ideológico y vacío presupuestario —pues no hay presupuestos aprobados para incluir medidas económicas que ayuden y beneficien a las familias—, genera inseguridad jurídica y desprotección real. En cambio, la ILP aporta un marco coherente con el ordenamiento jurídico y respetuoso con los compromisos internacionales.

Hay que dejar paso a leyes que protejan de verdad

La situación es insostenible: España necesita con urgencia una política familiar eficaz —sin estar enmarcada en una política social—  para revertir la crisis demográfica, promover el matrimonio como raíz de la familia, incentivar la maternidad y natalidad, favorecido con leyes y normas que garanticen formar familias sin amenazas ni amonestaciones ni requerimientos imposibles. Mantener un proyecto de ley sin apoyo parlamentario bloquea cualquier posibilidad de avanzar.

Por ello, exigimos al ministro Pablo Bustinduy que deje el camino libre para que puedan debatirse y aprobarse otras iniciativas legislativas, como la ILP de impulso de la fecundidad, que sí respeta la esencia de la familia y reconoce la valiosa aportación de las familias numerosas.

El bienestar de la sociedad se juega en la protección de la familia. No es cuestión de ideología, sino de justicia y de futuro. España no puede permitirse políticas familiares que nieguen la realidad y bloqueen el progreso.

Es hora de abrir el debate, escuchar a la sociedad y legislar con responsabilidad. Porque sin familias fuertes, no hay futuro para nuestra nación.