Isabel Perelló, presidenta del CGPJ y del TS, cree inaceptables las críticas del Gobierno a los jueces: “Socavan la confianza en la justicia”

El clásico acto de apertura anual del año judicial, con la asistencia de Su Majestad Felipe VI y los discursos de Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) desde hace un año, y de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, que ha tenido lugar esta mañana en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, dejó de ser protocolario para tener una carga política y tensión nunca antes vista.

En este contexto, las palabras de la presidenta del CGPJ y del TS, efectuadas de pie y esperadas ante las críticas de Pedro Sánchez a los jueces —de que “algunos hacen política”, así lo dijo en una entrevista en TVE y luego a la prensa extranjera—, no decepcionaron: “Por ello, resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces”, comentó

En su intervención recordó que “los jueces no recibimos instrucciones de nadie  y la independencia judicial preserva el interés de los ciudadanos. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial pide que no se nos presione. Si se respeta la independencia, el juez puede hacer su trabajo sin cortapisas. Sin el Poder Judicial desaparecerá el Estado de Derecho. La independencia judicial nos protege ante las injerencias y es el CGPJ quien puede sancionar cualquier comportamiento irregular de algún juez, así lo señala la Constitución y el Derecho de la Unión Europea”.

También apuntó que “la presidencia será imparcial, con independencia y firmeza con criterio propio. La democracia no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones. Nosotros este primer año velamos por el servicio público de la justicia, falta los tribunales de instancia, los problemas de la litigación en masa, como cuestiones importantes”. Perelló recordó que los jueces no son inmovilistas: “Las reformas que hay en marcha preocupan a la judicatura. Son cosas del legislador, pero debe haber un diálogo para consensuar esa reforma”.

Además, la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo recordó que se han superado los 7 millones de asuntos que llevan los jueces españoles. En España el ratio es del 11,94% frente a 17% en Europa. El último informe del CGPJ habla de crear 509 plazas judiciales. La falta de jueces pone en riesgo la efectividad de la justicia y el cumplimiento de la ley. Ese incremento debe hacerse respetando la transparencia del proceso para tener unos jueces independientes. El problema de las dilaciones es importante y hay que resolverlo lo antes posible”.

Isabel Perelló también indicó que “hemos hecho 161 nombramientos normalizado la situación. De ese total 68 son mujeres, algo más del 45%, debemos seguir luchando contra ello. En un solo año se han duplicado las magistradas del Supremo, que han pasado de 10 a 23. Estamos luchando por un cambio en la cúpula judicial en estos años. En el Tribunal Supremo están todas las plazas completas, igual que en las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia. Hoy podemos decir que este primer desafío lo hemos superado gracias al papel de nuestros vocales y órganos técnicos del CGPJ”.

Fotografía para la posteridad del Rey Felipe VI con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y los presidentes de Sala del Supremo. (Imagen: Casa Real)

Habla el fiscal general del Estado

En la mesa presidencial se fueron cubriendo huecos. Álvaro García Ortiz se sentó en ella. A su derecha tuvo a Isabel Perelló, y al lado de ella estaba el rey Felipe VI de Borbón. Junto al rey, el ministro Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La primera palabra es del propio fiscal general del Estado, que hace un balance de la Memoria de la Fiscalía durante el pasado año. En su intervención García Ortiz reconoce la singularidad procesal de su situación: “Si estoy aquí es porque creo en el Estado de Derecho, en la independencia de la justicia, en los principios de legalidad e imparcialidad y, por supuesto, también en la verdad. El papel de la Fiscalía es clave para luchar contra la criminalidad. Debemos tener una situación sólida para ejercer nuestro trabajo. Gracias a nuestro trabajo se detecta la actividad penal a lo largo de este año”.

También reclamó una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, tal y como quiere el ministro Bolaños y rechazan muchos operadores jurídicos. “La Fiscalía no distorsiona el sistema, es una parte más. Necesitamos autonomía presupuestaria, medios suficientes y más capacidad de formación. La Fiscalía es la mejor salvaguardia al Estado de Derecho fuera de cualquier servilismo de poder”.

En este año la tensión entre el Poder Ejecutivo y Judicial ha crecido de forma notable. La Ley de amnistía avanza en el Tribunal Constitucional y parece que solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la puede detener, lo que está erosionando la convivencia entre el Ejecutivo y, especialmente, la Sala Segunda del Supremo, aún pendiente por plantear la cuestión prejudicial a Europa. Por si fuera poco, Carles Puigdemont ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) de Cándido Conde-Pumpido para que le apliquen la amnistía.

Por otro lado, las continuas descalificaciones del Gobierno y de su propio presidente, Pedro Sánchez, señalando que hay algunos jueces que hacen política, ha tensionado aún más el ambiente entre el Poder Ejecutivo y Judicial. Ahora las referencias son directas e incluso el propio ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, puso una queja en el CGPJ por el juez Juan Carlos Peinado. Esta entidad en lugar de proteger a este juez, le ha abierto diligencias informativas.

En el ojo del huracán, al igual que ha estado Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo e instructor del proceso, está ahora en jueces como Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer de Sánchez, la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que investiga al hermano del presidente, y el juez instructor del Supremo, Ángel Luis Hurtado, que ha puesto al fiscal general del Estado al borde del juicio oral. Estos magistrados han sido objeto de las críticas de los ministros de Sánchez de forma reiterada.

El fiscal general del Estado ante su discurso más controvertido: “Estoy aquí porque creo en la verdad y en la independencia judicial». (Imagen: Poder Judicial)

Debate abierto

Curiosamente el debate abierto sobre si debía o no acudir García Ortiz al acto institucional, el Tribunal Supremo y la ausencia de Alberto Nuñez Feijóo de dicho evento, en una decisión polémica, cuanto menos, han desviado la atención de las críticas de Sánchez a los jueces para centrar el debate en esta cuestión que polariza ahora toda la atención de muchos operadores jurídicos.

Sobre su presencia se ha abierto un debate en los últimas semanas. Los vocales progresistas del CGPJ hablan de normalidad democrática y de presunción de inocencia; los conservadores mantienen las tesis de entidades como las de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociacion Profesional de Fiscales (APIF), que han firmado un comunicado pidiendo al fiscal general del Estado que no acudiera a este acto.

Un acto multitudinario que llenó los amplios pasillos del Tribunal Supremo de juristas de toda índole, donde luego se celebró el tradicional cóctel. Es el primer encuentro de los operadores jurídicos para recobrar el contacto tras el verano. Junto a la situación política descrita en esta crónica, otro de los temas que surgió en los corrillos fue el de la Ley 1/2025 de Eficiencia, que incorpora los MASC y los tribunales de instancia, y que desde distintas esferas se critica su falta de seguridad jurídica.

Al acto han asistido, ataviados con sus togas y condecoraciones, los vocales del Consejo General del Poder Judicial; en pleno, los magistrados del Tribunal Constitucional; los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los/las magistrados/as de este órgano judicial; y los/las presidentes/as de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales.

Junto a ellos estuvieron presentes los presidentes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González y del  Consejo General de Procuradores, Ricardo García; decanos de los colegios de Madrid de abogados y procuradores, Eugenio Ribón y Alberto García; el presidente del Colegio Nacional de Letrados  de la Administración de Justicia, Ernesto Casado; el portavoz nacional de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Juan José Yáñez; la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán; junto  a la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio; así como el consejero de Presidencia y Justicia, Miguel Ángel García, acompañado de parte de su equipo.

En el lado del Gobierno, la previsiones se cumplieron y hubo una representación numerosa encabezada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; vestido de smoking apareció junto con el secretario de Estado, Manuel Olmedo; de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; entre otros juristas.