El lenguaje claro como herramienta para humanizar el sector jurídico

Cuando un ciudadano se enfrenta por primera vez a una demanda se siente vulnerable. Si a ese momento de incertidumbre se le añade que la comunicación se hace en jerga jurídica, tenemos un ciudadano confundido y en una situación de inferioridad ante un poder encargado de protegerle.  A menudo, ni releyendo la documentación recibida entiende de qué se le acusa o qué debe hacer a continuación. No estoy hablando del caso de personas con nivel educativo bajo. Un graduado universitario de una rama distinta a la jurídica se sentirá ignorante al no entender la jerga utilizada en escritos dirigidos a su persona. De hecho, lo primero que hace es acudir a un abogado para que le “traduzca” lo que ha recibido.

Con la entrada en vigor de la Ley del Derecho de Defensa deberíamos ver un cambio gradual en el lenguaje utilizado en estas actuaciones. Su artículo 9 indica que los actos y comunicaciones procesales se redactarán en lenguaje claro, de manera sencilla y accesible universalmente. La introducción del concepto de lenguaje claro es una buena noticia para humanizar la justicia. Se trata de un estilo de redacción que prima la comprensión de la información por parte del receptor.

El derecho a entender es la base de la democracia y de una sociedad avanzada. Para ello, necesitamos poner al ciudadano en el centro y dar la vuelta a las interacciones de instituciones y administración, incluyendo, por su puesto, al sector jurídico. Aplicar lenguaje claro en las comunicaciones dirigidas al ciudadano es una herramienta sencilla y poderosa para lograrlo. Entre sus beneficios: aumentar la eficiencia, generar confianza y mejorar el prestigio del jurista. Por eso, la introducción del concepto de lenguaje claro beneficia no solo al ciudadano, si no al conjunto del sistema.

Del principio al fin del proceso, el acusado es el convidado de piedra en un evento que le afecta pero que le cuesta entender. Tomemos una notificación donde se nos da a conocer el objeto y consecuencias de un acto procesal. Será correcto desde un punto de vista jurídico, pero la forma en que está redactado no está dirigido en absoluto a un ciudadano que no conozca el lenguaje jurídico.

Pero está situación puede revertirse. Lo hemos visto recientemente de la mano de la magistrada Gloria Poyatos, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, que emitió un voto particular usando un lenguaje adaptado a las capacidades del niño al que afectaba el caso para que pudiera entender la sentencia. Es cierto que varias leyes ya avalaban un acercamiento más humano de la justicia al ciudadano y se une a las medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia pero la Ley de Defensa es un paso muy importante. Es la oportunidad de que la justicia se adopte al ciudadano. Es el momento de abandonar fórmulas arcaicas fijadas que no aportan a la redacción en las comunicaciones dirigidas directamente al ciudadano y asegurarse de que este entiende lo que le afecta.

(Imagen: cesión propia)

Mientras vemos ese cambio, el momento en que el ciudadano afectado acude al despacho de abogados es otra oportunidad para aplicar los principios del lenguaje claro. La manera en que se comunique con su cliente afecta a ambas partes. Por ejemplo, con indicaciones claras de los pasos del procedimiento y de qué se necesita en cada momento, se ahorra tiempo y se evitan malentendidos en cuanto a expectativas. Esto redunda en la reputación del profesional de la abogacía.

Tengamos en cuenta que el lenguaje claro huye de la indeterminación, las ambigüedades y las paráfrasis. Así, se evitan malentendidos, se reduce la necesidad de explicaciones adicionales y se agilizan los trámites. Se trata de que se entienda la información y que esta sea útil. Sin olvidar que debe ser pertinente, es decir, que se introduzca en el momento adecuado. El profesional jurídico que aplique estos criterios en la comunicación con los clientes que acuden a su despacho verá reforzada la confianza en su despacho.

¿Hay un deseo real de humanizar el sector jurídico? La formación en lenguaje claro para su posterior aplicación es la oportunidad de hacerlo.

Los actos y comunicaciones procesales se redactarán en lenguaje claro, de manera sencilla y accesible universalmente, de forma que permitan conocer a sus destinatarios el objeto y consecuencias del acto procesal comunicado.

Cuadro de legislación (internacional, nacional y autonómico)

• Ley Orgánica del Derecho de Defensa Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre.
• Artículo 9. Derecho a un lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales.