Por qué las pymes rechazamos la reducción de jornada. ¡Así no!

Las pymes no nos oponemos a medidas que puedan mejorar nuestro mercado de trabajo y la calidad de vida de las personas trabajadoras si además ayudan al impulso de la competitividad de nuestras empresas, pero cuando se toman decisiones de tanto calado sin consenso, sin medir las consecuencias, sin procesos adaptativos y abocando a muchas pymes al cierre, no podemos mantenernos de brazos cruzados.

La propuesta de reducción de jornada que nos quiere imponer el Ministerio de Trabajo y Economía Social atenta a la libertad de empresa y contra el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, que establece el marco de la Carta Magna para la negociación colectiva, garantizando estos derechos.

La regulación legal de la jornada laboral con una reducción de esta, una vez cerrado un ciclo de negociación colectiva compleja para muchas pymes por el impacto en la misma de la tensión inflacionaria, y sin que en la misma haya existido reivindicaciones sindicales en materia de jornada, significa además una descompensación de los equilibrios de cualquier sistema de relaciones colectivas.

El hecho de que PP, VOX y Junts hagan decaer el proyecto de las 37,5 horas, debe entenderse dentro del marco de la normalidad de la democracia. Acusarles de ir en contra de los trabajadores si que es una anomalía, pues existe el riesgo, al querer reducir la jornada, que muchos trabajadores pasen de 40 horas a cero.

Debemos ser conscientes de las graves consecuencias que, para el Estado de Bienestar, en general, y para la vida cotidiana y personal de todos los ciudadanos, en particular, comporta esta medida que amenaza la supervivencia de miles de pymes y autónomos de nuestro país y la generación de empleo. Con esta medida, y el conjunto de medidas que plantea el Ministerio en ámbitos laborales, lo que está en juego es la supervivencia de nuestro tejido empresarial.

Las pymes representamos más del 62% del Valor Añadido Bruto generado por las empresas no financieras. Suponemos el 99,8% de las empresas y casi el 70% del empleo empresarial total y a pesar de eso no se nos tiene en cuenta en la toma de decisiones. Además, el 86% de las empresas en España, tienen menos de 10 trabajadores a su servicio. Somos país de pymes con una dimensión media por debajo de la mayoría de los países con los que competimos.

Estamos asistiendo a un menoscabo de la negociación colectica y el diálogo social, que es un pilar fundamental de la democracia y un componente esencial del modelo social europeo, donde no se tienen en cuenta las consecuencias negativas que tiene, para nosotros y para nuestro país, la implementación de políticas que afectan a nuestro futuro y viabilidad.

En el último Congreso Nacional de CONPYMES celebrado en Madrid, miembros de la patronal presentaron un manifiesto contra la reducción de la jornada laboral. (Imagen: CONPYMES)

Este cambio normativo no es solamente una reducción de la jornada hasta las 37,5 horas, sino que lo que pretende es: reducir la jornada; crear un nuevo registro de jornada, que supone una vulneración del derecho a la libertad de empresa, a la privacidad y, al mismo tiempo, conlleva una presunción implícita de incumplimiento empresarial en materia de jornada que es inadmisible; reforzar el derecho a la desconexión digital, con el derecho del trabajador a no estar localizable fuera de su horario de trabajo; y cambiar el régimen sancionador, multiplicando la cuantía de las sanciones.

No se ha tenido en cuenta ni el tipo de actividad, ni el diferente impacto en relación con la dimensión de las empresas o en los distintos sectores económicos, ni las nuevas formas de trabajo, como el empleo por objetivos, el teletrabajo o la distribución irregular del horario para favorecer la conciliación. Tampoco tiene en cuenta la flexibilidad con la que trabajan las empresas más pequeñas y los autónomos, en muchos casos negocios familiares, lo que dificultará la implantación del sistema de seguimiento de la jornada de 37,5 horas. No hacerlo llevará aparejadas multas muy elevadas de hasta 10.000€ por trabajador, una decisión que cambia radicalmente las sanciones que se aplican ahora, que son por empresa y no llegan a 7.500€. Estas medidas, junto a otras que está impulsando el Ministerio, consideramos además que menoscaban la negociación colectiva y, en cierto modo, la libertad de empresa, estigmatizan además a los empresarios y empresarias de nuestro país a partir de establecer una fiscalización de su actividad hasta límites poco razonables, partiéndose de la presunción de que éstos incumplen sistemáticamente la normativa laboral en vigor.

Tampoco se ha considerado el impacto en las empresas sujetas a instrumentos de colaboración pública y privada, sea contratación pública u otros instrumentos de provisión de bienes y servicios, en los que el incremento de costes asociado a la medida va a acarrear el desequilibrio económico del contrato. Y ello sin que haya sido resuelta la problemática de la necesaria desindexación de dichos contratos para poder aplicar los constantes incrementos de costes laborales que las regulaciones legales vienen imponiendo.

Las pymes y autónomos nos oponemos a la reducción de la jornada laboral impuesta por ley y fuera de la negociación colectiva, así como a cualquier medida que nos afecte que no sea consensuada en las mesas de negociación. La propuesta que pueda desarrollarse debe ser abierta a los equilibrios de la negociación colectiva y recoger los principios esenciales y compartidos, y debe abrirse a una sociedad plural, donde todos se integran, personas trabajadoras y empresarias.

Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, y que de hecho ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución, que establece el marco constitucional para la negociación colectiva, garantizando este derecho y la fuerza vinculante del convenio.

Así, la aprobación de esta norma eliminaría el marco de negociación colectiva que ha sido fundamental para mantener la paz social durante muchos años y aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que socava su capacidad de organización interna y su supervivencia.

Debemos insistir, además, que problemas estructurales de nuestro trabajo, del mercado de empleo, siguen sin resolverse. La sobrerregulación normativa, la baja productividad, un alto absentismo, un alto desempleo, en un país con la tasa de paro más alta de la UE y con falta de mano de obra en muchos sectores, y grandes dificultades para cubrir las vacantes, evidencian un conjunto de problemas que deberían añadirse al análisis del mejor escenario para abordar cuestiones como las que plantea la reforma propuesta en el marco de un diálogo social con participación de las pymes y con una mirada integral de los déficits, retos y oportunidades de nuestra economía y nuestro empleo.

Las pymes debemos exigir el que podamos ejercer dignamente y sin intervencionismo la libertad de empresa y el derecho a la negociación colectiva. No sigamos el ejemplo de Francia, cuyos gobiernos olvidaron que hay que crear riqueza para repartirla y se acostumbraron a hacer políticas para los que detraen olvidando a los que crean la riqueza.