La Segunda Oportunidad: una herramienta para reconstruir vidas que exige honestidad, transparencia y rigor profesional

En los últimos años, la Ley de Segunda Oportunidad se ha consolidado como una de las piezas clave del ordenamiento jurídico en materia de insolvencia personal. El número de personas físicas —particulares y autónomos— que recurren a este mecanismo se ha multiplicado por mucho, especialmente tras la reforma operada por el Texto Refundido de la Ley Concursal y la incorporación de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia.

La tendencia al alza es clara. La inestabilidad económica, el sobreendeudamiento de los hogares, la presión fiscal, los efectos acumulados de la pandemia, los tipos de interés elevados y la inflación han llevado a miles de personas a situaciones financieras insostenibles. En este contexto, la Segunda Oportunidad no es solo un remedio legal: es un instrumento de justicia social, de equidad económica y de eficiencia sistémica.

Según los últimos datos del Colegio de Registradores, publicados el 11 de agosto pasado, correspondientes al segundo trimestre de 2025, se iniciaron 12.149 procedimientos concursales, lo que supone un aumento interanual del 25,3 %. De ese total, 10.714 corresponden a personas físicas, es decir, un 88,2 % del total. Este dato evidencia el papel central de la Ley de Segunda Oportunidad dentro del sistema concursal actual.

De hecho, si comparamos con el segundo trimestre de 2019, es decir, antes de la pandemia, los concursos de personas físicas y autónomos se han multiplicado por más de 17 veces, con un crecimiento superior al 1.600 %. Según el REFOR, el número de concursos de personas físicas se ha incrementado en un 1.300 % entre 2019 y 2024. En lo que va de 2025, ya se han registrado más de 18.000 procedimientos, y el 92 % de ellos corresponden a personas físicas, según el Consejo General del Poder Judicial.

Titulares de prensa a los que nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos hacen eco de este incremento, como el publicado por El País en noviembre de 2024 que refleja esta evolución: más de 10.600 personas en Cataluña se acogieron a la Ley de Segunda Oportunidad en 2023, lo que representa el 25 % del total nacional y sitúa la tasa regional en 13 procedimientos por cada 10.000 habitantes, frente a una media nacional de 8.

Una vía legítima para reiniciar, no para escapar

El fundamento de esta figura reside en un principio sencillo, pero profundamente transformador: quien ha fracasado económicamente sin culpa o mala fe debe tener derecho a empezar de nuevo. El perdón de la deuda, bajo determinados requisitos, no es un privilegio, sino una medida de equilibrio que permite reinsertar al deudor en el circuito económico, es un derecho.

Este mecanismo ha permitido a personas atrapadas en el endeudamiento —por avales personales, negocios frustrados, separaciones, enfermedades o simplemente mala suerte— recuperar su vida económica y emocional. Además, ha dado una salida digna a autónomos y emprendedores que, tras el cierre de su actividad, cargaban con deudas que les perseguían indefinidamente.

Un beneficio personal con impacto en el sistema

No podemos olvidar que los efectos de la exoneración no se limitan a la esfera individual. Su impacto se extiende al conjunto del sistema económico: mejora la circulación del crédito, reduce la economía sumergida y favorece la reincorporación del deudor al sistema productivo y fiscal.

Un deudor que queda liberado de sus cargas puede volver a trabajar con normalidad, alquilar una vivienda, emprender un nuevo negocio o simplemente recuperar la estabilidad familiar. Estas decisiones, que parecen personales, tienen efectos estructurales: reactivan el consumo, generan ingresos fiscales y fortalecen la cohesión social.

Tal y como señala esta jurista en su artículo en ‘E&J’, la Segunda Oportunidad requiere de más control y de deudores de buena fe. (Imagen: E&J)

Una herramienta poderosa, pero no infalible

Una herramienta tan valiosa requiere también responsabilidad y compromiso por parte de todos los operadores jurídicos. En la práctica, estamos asistiendo a un fenómeno preocupante: el uso oportunista o poco riguroso de la ley, que amenaza con erosionar su credibilidad y legitimidad.

Se presentan expedientes incompletos, se omiten datos relevantes, se ocultan bienes o ingresos, en ocasiones, se plantean estrategias procesales que buscan la exoneración automática sin cumplir los principios de colaboración, información y buena fe.

Buena fe, transparencia y colaboración: son los pilares esenciales

La Ley de Segunda Oportunidad exige al deudor “buena fe” antes, durante y después del procedimiento. No basta con alegar insolvencia: es imprescindible demostrar un comportamiento ético, transparente y colaborador.

La figura del abogado que dirige el procedimiento, el papel del administrador concursal, el criterio de los jueces debe ajustarse a la finalidad de la norma: ofrecer una solución real, justa y equilibrada.

El reto: preservar la confianza en el sistema

El principal riesgo del aumento de procedimientos es que se banalice la exoneración. Si los profesionales no actuamos con rigor, corremos el riesgo de que una herramienta diseñada para reparar se convierta en una fuente de fraude o frustración colectiva.

Medidas necesarias: formación, control y sensibilización

Para preservar el valor de esta ley es urgente: reforzar los medios de los juzgados mercantiles, formar a profesionales, crear protocolos de actuación y códigos de “buenas prácticas”, supervisar a ciertos intermediarios o plataformas, y ofrecer información clara al ciudadano.

Una ley con alma: proteger su esencia, no solo su letra

La Ley de Segunda Oportunidad no es solo una norma técnica. Es una manifestación de humanidad dentro del sistema jurídico muy necesaria. Representa la posibilidad de que quien ha caído, se levante. Aplicarla con firmeza y empatía es nuestra responsabilidad.

En definitiva, podemos estar contentos, hemos logrado dar a conocer la Ley de Segunda Oportunidad y normalizar su aplicación. Pero ahora el reto es proteger su esencia. No todo el que solicita el perdón de sus deudas, lo merece. Y para que esa Segunda Oportunidad sea justa debe de ir acompañada de transparencia, colaboración y Buena fe.