El auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado: implicaciones jurídicas e institucionales
"La imagen proyectada a la ciudadanía es bochornosa"
(Imagen: Consejo de Estado)
El auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado: implicaciones jurídicas e institucionales
"La imagen proyectada a la ciudadanía es bochornosa"
(Imagen: Consejo de Estado)
La decisión del Tribunal Supremo de dictar auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, constituye un hecho de enorme relevancia jurídica e institucional. No se trata únicamente de un episodio procesal: afecta al vértice del Ministerio Fiscal, institución clave en el sistema de justicia penal español, cuya misión principal es velar por la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público.
La apertura de juicio oral supone el paso desde la fase de instrucción a la de enjuiciamiento, y lleva consigo una fuerte carga simbólica y práctica: implica que, a juicio del instructor, existen indicios racionales de criminalidad que justifican sentar al acusado en el banquillo.
Conforme a los arts. 649 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el auto de apertura de juicio oral no es una resolución de condena ni implica valoración definitiva de culpabilidad, pero sí conlleva una depuración previa: descarta la falta de tipicidad o la inexistencia de indicios.
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