La Fiscalía, a juicio

En unas semanas —posiblemente en el mes de noviembre— Álvaro García Ortiz, el actual fiscal general del Estado, se enfrentará en una vista oral a celebrar ante el Tribunal Supremo (TS) a un juicio acusado de un delito de revelación de secretos del artículo 417.2 del Código Penal, que castiga con una pena de dos a cuatro años de prisión, multa de 12 a 18 meses y suspensión de cargo público de uno a tres años a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de un particular de los que tenga conocimiento en razón de su oficio.

Se podrá estar más o menos de acuerdo en la existencia o no de indicios suficientes para juzgar al Sr. García Ortiz como autor de dicho ilícito, máxime teniendo en consideración el borrado de información de su cuenta de WhatsApp o, por qué no, en el muy oportuno cambio de su terminal de telefonía móvil cuando arrancó la investigación judicial. Pero, desde luego, en lo que va a resultar difícil discrepar es en el hecho de que ver sentado en el banquillo de los acusados al máximo representante del Ministerio Fiscal —a quien representa la Institución que tiene encomendada la promoción de la defensa de la legalidad y del interés público, tal y como se recoge en el artículo 1 de su Estatuto Orgánico— significará un antes y un después para el Ministerio Público.

Y no tanto porque en caso de condena Álvaro García Ortiz pudiera ser suspendido en su cargo de uno a tres años, ocurriendo que, además y por aplicación del artículo 32.4 del Reglamento del Ministerio Fiscal pudiera, incluso, perder sobrevenidamente su condición de fiscal. No, no es tanto por eso, que ya es bastante, sino, sobre todo, porque los ojos estarán puestos en cómo se desarrollen la sesiones del juicio oral y cuál sea la actitud procesal de quien sea designado para representar al Ministerio Fiscal en la Vista.

Todo juicio penal comienza con la lectura de derechos al acusado (derecho a guardar silencio, a no contestar a algunas o a alguna pregunta, a hacerlo sólo a las de alguna de las partes, etc.). Como un uso en la práctica forense nada extraordinario, muchos abogados penalistas recomiendan (recomendamos) que el cliente sólo conteste al juez o sólo a las de su abogado defensor. En realidad, las alternativas son múltiples en función del asunto, de cómo sea el cliente y su capacidad de comunicarse, de cuáles sean las pruebas de cargo y de descargo y de otros muchos elementos más.

En el caso de García Ortiz todo puede ser muy distinto.

Álvaro García Ortiz, en la imagen con la fiscal de Memoria Democrática, Dolores Delgado, podría contar con una doble defensa en su juicio. (Imagen: Poder Judicial)

En primer término, porque, recuérdese, que el fiscal general del Estado está siendo representado por un abogado del Estado, lo cual no es muy típico. Los abogados del Estado tienen como labor el asesoramiento y la representación y defensa en juicio, a la Administración General del Estado, a sus organismos autónomos, a los órganos constitucionales y, en su caso y a través de los oportunos convenios, a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales y a las restantes entidades que integran el sector público institucional. Por consiguiente, no parece adecuado que se utilicen los servicios de la Abogacía del Estado en la defensa de una conducta como de la que viene siendo acusado García Ortiz, teniendo que haber sido en su lugar lo correcto que tal labor la hubiera desplegado un abogado particular pagado con los recursos económicos del propio fiscal general del Estado, pero no con el peculio de todos los españoles.

La segunda circunstancia poco corriente, y dejando al margen lo anterior, es la posición que ha mantenido durante todo el proceso la propia Fiscalía, que ha cristalizado en que la número dos de la Fiscalía haya presentado hoy mismo un escrito de conclusiones provisionales ante el TS solicitando la libre absolución de García Ortiz, toda vez que, al parecer, no aprecia la existencia de ningún delito en su comportamiento. Además, pide en el mencionado escrito que declaren como testigos, entre otros, Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez.

Se entenderá, por tanto, que García Ortiz, aconsejado por su abogado —el del Estado—, conteste no sólo a sus preguntas, sino a las de la Fiscalía, de la que, en definitiva, es el cargo más importante.

En efecto, García Ortiz, como fiscal general del Estado, es el máximo representante de los fiscales y, por ende, el superior jerárquico de todos ellos, y en particular, de la número dos de la Fiscalía que ha decido que la conducta de su jefe es atípica y, por tanto, no merecedora de ningún reproche penal. Siendo esto así, a nadie puede escapársele (a nadie que crea que las cosas además de serlo tienen que parecerlo) que el fiscal general del Estado debería de haberse apartado voluntariamente de su puesto, para que, al menos, ninguna sombra de sospecha se posara sobre la Institución que representa.

Pero no lo hizo, y lo que empieza a quedar meridianamente claro es que el fiscal general del Estado contará con dos defensas técnicas de indudable excepción durante el juicio oral: con la Abogacía del Estado y con la número dos de la Fiscalía española. De esta manera, durante el juicio oral, ¿podría llegar a ocurrir que la Fiscalía termine defendiendo con más ahínco que la propia Abogacía del Estado a quien no es sino su jefe y máximo responsable? ¿Atacará sin piedad la Fiscalía a las acusaciones? ¿Le prestará algún tipo de ayuda intencionadamente?

Sea como tenga que ser, en la Sala del TS que juzgue en un par de meses a García Ortiz se producirá un hecho bastante insólito y atípico: la Fiscalía estará doblemente presente; como parte del proceso, sentada en los estrados. Y como parte acusada, sentada en el banquillo de los acusados. En definitiva, el prestigio de una de las instituciones pilares de la democracia en España estará en juego.

Por su parte, la reputación del cargo de fiscal general del Estado, me temo, ya ha quedado bastante dañada y se tardarán muchos años en que se recupere. Se requerirá tiempo para que la sociedad olvide aquello de: “Y la Fiscalía, ¿de quién depende? ¡Pues eso!” y vuelva a creer en que el fiscal general del Estado no es un apéndice más del Gobierno. Que no es al presidente del Ejecutivo a quien el fiscal general del Estado le debe rendir cuentas ni pleitesía, sino a los ciudadanos. A la ley, que es la base misma de su existencia.