La historia no contada del perjudicado: cómo la corrupción institucional beneficia a los primeros mientras invisibiliza a quienes merecen justicia

Este verano ha sido muy intenso y caliente para España. Y no me refiero a las altas temperaturas y los incendios, que han asolado el país y el Gobierno no ha sido capaz de gestionar, entre otras razones, por no haber aprobado los presupuestos y no admitir la existencia de una situación de excepcionalidad (art. 116 CE), sino a los continuos escándalos de corrupción institucional, que siguen saliendo a la luz. Hay que reconocer que este País tiene un índice de tolerancia y resistencia muy elevado, pues otro sistema ya hubiera colapsado, el gobierno hubiera caído y se hubiera convocado elecciones.

El estado de deterioro democrático, que se ha alcanzado y ha imbricado todas las estructuras de poder controladas por el Ejecutivo, ha conseguido normalizar la corrupción, convirtiéndola en una supernorma no escrita, una suerte de costumbre, que se ha puesto más allá y por encima no solo de la ley, sino de la Constitución, desestructurando el sistema de fuentes y los principios básicos del ordenamiento. ¿Por qué respetar esta supernorma? Muy sencillo, porque los integrantes del grupo, además de las ventajas que consiguen, saben que no tendrán consecuencias.

Uno de los últimos casos de corrupción, que ha interrumpido el intento de desconexión veraniega, es el del ya ex presidente del PSOE valenciano y ex comisionado especial del Gobierno central para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA, José María Ángel Batalla. ¿Qué ha hecho este señor presuntamente? Nada más y nada menos que falsificar su título universitario de Archivística y Biblioteconomía para ascender al puesto de funcionario en la Diputación. Ahora bien, la falsificación de documento oficial es un delito con arreglo al art. 390 y ss c.p. Ante las evidencias, el interesado no ha negado los hechos, se ha limitado a tergiversar y afirmar que no sabía nada de la diplomatura. Evidentemente, no se le ha ocurrido pedir perdón ¿Y para qué? si lo que ha hecho desde su perspectiva es algo normal.

Para colmo la falsificación de los títulos parece una costumbre en su familia puesto que tampoco su esposa acreditó el título universitario necesario para obtener el cargo de subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Como a él, tampoco a la mujer le ha pasado nada, simplemente el puesto, que ha desempeñado ilegalmente, será suprimido y se le concederá uno acorde a su titulación. Sin embargo, la historia no acaba aquí porque este señor, en lugar de ser reprochado por la opinión pública por su conducta delictiva, ha sido respaldado por la Ministra de Universidades, la máxima autoridad en la gestión y garantía de la calidad de los títulos universitarios y de la educación superior. Además de una afrenta a todos los ciudadanos y a sus familias, a quienes conseguir un título ha costado mucho esfuerzo y sacrificios personales y económicos, es una muestra evidente de que la corrupción institucional está perfectamente normalizada. Es suficiente tener la varita mágica del carné del partido y con esto se va a toda parte, quedando impune.

En una situación como es la reconstrucción de la Dana se ha colado también la corrupción política (Imagen: Generalitat de Valencia)

Por último, una cuestión, que hasta ahora ha sido soslayada, y que se debería tener en cuenta es la siguiente: ¿Y qué pasó con el segundo? Sí, con quién reunía todos los requisitos exigidos para ser funcionario y que no pudo serlo en aquel momento porque el preelegido era el Sr. Batalla. Nadie habla nunca del segundo, nadie hasta ahora se ha detenido en pensar qué habrá sido de esta persona. El segundo es el perjudicado, y es una persona que ha sufrido directamente los perjuicios de no haber sido seleccionado por el puesto que se merecía y que por lógicas perversas ha sido asignado a otra persona.

Del segundo no sabemos qué ha sido, pero podemos intuir que su vida no ha sido tan cómoda como la vida del primero y de su mujer. A lo mejor, tras haber recibido los resultados de la selección, pensó recurrir, pero desistió por miedo a posibles retorsiones. También es muy probable que se haya quedado un tiempo en el paro o haya tenido que aceptar un trabajo de menor categoría o incluso que finalmente no haya conseguido nunca el trabajo esperado. En todos estos escenarios, vemos al segundo luchar, sacrificarse y hacer renuncias de todo tipo, porque claro de aquel trabajo de funcionario dependía no solo su estabilidad profesional sino también económica, personal y familiar.

Estamos seguros de que, cuando el segundo haya escuchado las noticias, le habrá quedado un sabor muy amargo, no solo por recordar el puesto de trabajo que no consiguió injustamente, sino por pensar que el primero y su consorte siguen impunes. Al contrario, hacer aunque solo referencia a los segundos puede animar a todas las personas, que se encuentren en situaciones análogas, a reaccionar, denunciando estos abusos, para desmantelar estructuras de corruptelas consolidadas.