Una nota de Koldo y el dilema del prisionero

La publicación de un comunicado por parte de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, el pasado 1 de julio de 2025, ha reavivado el interés en el caso que lleva su nombre, una investigación judicial que indaga presuntas mordidas en la adjudicación de obras públicas y que implica a figuras destacadas del panorama político español, como el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En su nota, García niega categóricamente cualquier pacto con la Fiscalía Anticorrupción o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desmintiendo informaciones que sugerían su disposición a colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales, como la exclusión de su esposa, Patricia Úriz, y su hermano, Joseba, ambos investigados en la causa.

Este episodio, lejos de ser un simple desmentido, plantea un escenario que evoca el clásico dilema del prisionero, donde las decisiones individuales de los implicados, marcadas por la desconfianza y el cálculo estratégico, pueden determinar el rumbo de la investigación y sus consecuencias legales y políticas.

El caso Koldo, centrado en supuestas irregularidades en contratos públicos, se ha convertido en un símbolo de las tensiones inherentes a los procesos de corrupción en la esfera política. La nota de García, distribuida por su defensa y recogida por medios como El Independiente, busca frenar los rumores sobre un posible acuerdo con la Fiscalía para reducir las penas que podría enfrentar en un eventual juicio. En el comunicado, García insiste en que no ha realizado declaraciones públicas ni ha autorizado a su círculo cercano o equipo legal a hacerlo, calificando de «absolutamente falsas» las informaciones que le atribuyen intenciones de colaborar. Esta postura, que él mismo describe como un compromiso de respeto al procedimiento penal en curso, refleja una estrategia de defensa que prioriza el silencio y la negación frente a las acusaciones; un enfoque que contrasta con las decisiones de otros implicados, como Santos Cerdán, quien ha optado por presentarse como víctima política de la investigación.

(Imagen: RTVE)

El dilema del prisionero, un concepto clásico de la teoría de juegos, resulta particularmente pertinente para analizar las dinámicas de este caso. En este escenario, los implicados —García, Ábalos y Cerdán, entre otros— enfrentan la decisión de colaborar con la justicia o mantener su silencio, sabiendo que las acciones de cada uno pueden influir en los resultados de los demás. Si todos guardan silencio, podrían minimizar las pruebas en su contra, pero si uno decide colaborar, ofreciendo información a cambio de beneficios, podría obtener una reducción de pena mientras los demás enfrentan consecuencias más graves. La negativa de García a pactar, según su comunicado, sugiere que opta por la no cooperación, una elección que podría interpretarse como un intento de proteger a su entorno inmediato, incluyendo a su esposa y hermano, o como una apuesta por desacreditar las acusaciones en su conjunto. Sin embargo, esta decisión no elimina el riesgo de que otros implicados, enfrentados a la presión de una investigación liderada por el Tribunal Supremo, elijan un camino diferente.

La intervención del juez Leopoldo Puente, quien dictó la prisión provisional sin fianza para Cerdán tras encontrar «contundentes indicios de corrupción», añade un elemento de gravedad al caso. El auto judicial refleja la solidez de las pruebas recopiladas hasta el momento, que apuntan a un esquema de cobro de comisiones ilícitas a cambio de contratos públicos. La negativa de García a colaborar, en este contexto, podría interpretarse como una estrategia para evitar incriminar a otros implicados, pero también como un riesgo calculado, dado que la falta de cooperación podría agravar su situación si las pruebas en su contra son suficientemente sólidas. La mención en el comunicado de su intención de «continuar en esta postura» sugiere una apuesta por mantener la cohesión entre los investigados, un comportamiento típico en el dilema del prisionero cuando los actores confían en que el silencio colectivo minimizará los daños.

El contraste entre las posturas de García y Cerdán ilustra las tensiones inherentes a este tipo de investigaciones. Mientras García niega cualquier contacto con la Fiscalía y desmiente los rumores de un pacto, Cerdán ha optado por una defensa pública que lo posiciona como víctima de una persecución política. Esta divergencia estratégica pone de manifiesto la falta de coordinación entre los implicados, un factor que, en el marco del dilema del prisionero, puede beneficiar a la Fiscalía al generar incentivos para que alguno de los investigados rompa el silencio. La exclusión de Patricia Úriz y Joseba García de un eventual acuerdo, según las informaciones desmentidas por Koldo, añade una dimensión personal al dilema, donde las lealtades familiares podrían estar influyendo en su decisión de no colaborar, a pesar de los riesgos procesales que esto conlleva.

Desde una perspectiva jurídica, el caso plantea cuestiones relevantes sobre la colaboración con la justicia en investigaciones de corrupción. El artículo 21 del Código Penal permite la reducción de penas para aquellos que, habiendo participado en un delito, colaboren activamente con las autoridades, proporcionando información relevante para esclarecer los hechos o identificar a otros responsables, según la laxa interpretación pro reo que realizan resoluciones como la sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 574/2023, de 10 de julio. Sin embargo, la negativa de García a acogerse a este mecanismo sugiere que valora más los riesgos de incriminar a su entorno o de debilitar su defensa que los posibles beneficios de una colaboración. Esta decisión, aunque coherente con su narrativa de inocencia, podría complicar su posición si otros implicados optan por cooperar, aportando pruebas que refuercen las acusaciones en su contra.

(Imagen: E&J)

El impacto político del caso trasciende el ámbito judicial y pone en cuestión la confianza en las instituciones públicas. Las acusaciones de mordidas en la adjudicación de obras públicas, unidas a la implicación de figuras de alto perfil como Ábalos y Cerdán, alimentan la percepción de opacidad en la gestión gubernamental. La nota de García, al desmentir cualquier pacto, busca contrarrestar esta narrativa, pero su insistencia en el silencio público podría interpretarse como una admisión implícita de la gravedad de las acusaciones. En el dilema del prisionero, la desconfianza mutua entre los implicados es un factor clave, y la falta de una estrategia unificada entre García, Ábalos y Cerdán podría facilitar el avance de la investigación al exponer fisuras en su defensa colectiva.

La expectación en torno a las estrategias de defensa de los implicados refleja la complejidad de un caso que combina elementos legales, políticos y personales. La decisión de García de emitir un comunicado público, aunque limitado a desmentir rumores, rompe con su supuesto silencio mediático y sugiere una respuesta reactiva a la presión pública y judicial. En contraste, la postura de Cerdán, que niega las acusaciones desde una perspectiva de victimización, busca apelar a la opinión pública para mitigar el impacto político del caso. Ambas estrategias, sin embargo, enfrentan el desafío de un proceso judicial liderado por el Tribunal Supremo, cuya autoridad y rigor dificultan la posibilidad de eludir responsabilidades sin pruebas sólidas de inocencia.

El caso Koldo, en última instancia, pone de manifiesto la fragilidad de las dinámicas de confianza en contextos de alta presión judicial. El dilema del prisionero, aplicado a este escenario, ilustra cómo las decisiones individuales de los implicados pueden determinar el rumbo de la investigación, afectando no solo sus destinos personales, sino también la percepción pública de la integridad política. La nota de Koldo García, al negar cualquier pacto, reafirma su apuesta por el silencio, pero deja abierta la posibilidad de que otros implicados, enfrentados a la misma disyuntiva, opten por un camino diferente. La resolución del caso dependerá, en gran medida, de cómo los investigados gestionen este delicado equilibrio entre lealtad, estrategia y supervivencia en un entorno donde la verdad judicial y la percepción pública se entrelazan de manera inseparable.