Absolución en un proceso por violación: la importancia de la presunción de inocencia y el rigor probatorio

En Lealta Abogados sabemos que el Derecho penal se rige por principios esenciales que protegen a toda persona sometida a juicio. Uno de ellos, quizá el más importante, es la presunción de inocencia. Recientemente hemos defendido a un cliente acusado de un delito de violación ante la Audiencia Provincial de Barcelona y la sentencia ha sido absolutoria. El fallo es un buen ejemplo práctico para explicar cómo operan los principios de nuestro sistema penal, por qué se exige un rigor probatorio extremo y cuál es la función de un abogado penalista.

¿En qué consiste la presunción de inocencia?

La presunción de inocencia garantiza que nadie puede ser considerado culpable hasta que exista una sentencia firme basada en pruebas válidas. Este principio, consagrado en el artículo 24 de la Constitución y en tratados como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, protege tanto a los acusados como la legitimidad del sistema penal. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, una persona no puede ser condenada apoyándose en conjeturas o en información extraprocesal: solo las pruebas practicadas en juicio con todas las garantías tienen valor.

¿Qué hace falta para desvirtuar ese principio?

En el proceso penal español, la carga de la prueba recae en la acusación. La defensa no tiene que demostrar su inocencia, sino que corresponde al fiscal y a la acusación particular presentar pruebas suficientes y obtenidas legalmente. Si esas pruebas no superan el umbral de certeza exigido, debe dictarse la absolución. Además, las decisiones judiciales deben basarse exclusivamente en lo visto y oído en el plenario; las noticias de prensa o los rumores no tienen valor probatorio.

En delitos de agresión sexual, donde a menudo el único testimonio es el de la denunciante, nuestros tribunales exigen un test de credibilidad: coherencia, persistencia en la incriminación y ausencia de móvil espurio. Cuando existen contradicciones relevantes o el relato carece de corroboración externa, el derecho a la presunción de inocencia exige absolver.

Esa fue la clave en nuestro caso: la denunciante ofreció versiones dispares y no existía ningún informe médico ni testigo que avalara la acusación.

(Imagen: E&J)

El rigor probatorio en la práctica penal

El rigor probatorio implica que toda condena debe apoyarse en pruebas legítimas obtenidas con garantías. No basta con la sospecha o con indicios débiles; la sentencia debe explicar con claridad qué pruebas se consideran concluyentes y por qué.

El Tribunal Supremo ha insistido en que las condenas solo pueden basarse en medios de prueba practicados en contradicción (testificales, periciales, documentales) y que las autoridades deben justificar la valoración de las pruebas, descartando hipótesis alternativas razonables.

En la sentencia que nos ocupa, tras una defensa contundente la Audiencia Provincial de Barcelona constató que no había pruebas periciales que confirmasen la existencia de violencia o incapacidad de la supuesta víctima. Tampoco hubo testigos que pudieran avalar su versión, ni se hallaron pruebas materiales que incriminaran a nuestro cliente. Las contradicciones entre las distintas declaraciones de la denunciante, unidas a la inexistencia de evidencias objetivas, hicieron que el tribunal concluyera que no se había desvirtuado la presunción de inocencia.

¿Cuál es el papel de la defensa técnica?

Un abogado penalista no solo acompaña al acusado, sino que garantiza que se respeten todos sus derechos y que el juicio se desarrolle con las garantías legales. En nuestro caso, desde Lealta Abogados asumieron la defensa desde la fase de instrucción, se impugnaron diligencias defectuosas y exigieron la práctica de pruebas periciales que no se realizaron. Durante el juicio es importante:

• Señalar las contradicciones y cambios de versión de la acusación, explicando su relevancia jurídica.
• Recalcar la ausencia de pruebas o testificales independientes relevantes.
• Defender que no puede condenarse a alguien basándose exclusivamente en un testimonio inconsistente y pruebas débiles.

Ese trabajo técnico fue el que permitió convencer al tribunal de que la única resolución posible era la absolución. Un proceso penal justo necesita que la defensa pueda cuestionar las pruebas de cargo y presentar alternativas razonables; de lo contrario, la presunción de inocencia se vacía de contenido.

(Imagen: E&J)

Conclusión: una sentencia que refuerza las garantías

La absolución de nuestro cliente no debería ser una anomalía; es la aplicación correcta de principios elementales: presunción de inocencia, rigor probatorio y derecho de defensa.

Más allá del caso concreto, la sentencia invita a reflexionar sobre el papel de estos principios en un Estado de derecho. Ante cualquier acusación penal, es esencial contar con un abogado especializado que pueda analizar la causa con detalle, asesorar al cliente y garantizar que no se vulneren sus derechos. Solo así se hace efectivo el mandato constitucional de que nadie será condenado sin pruebas válidas que acrediten más allá de toda duda su culpabilidad.