¿Última llamada para la abogacía? IA o irrelevancia

Conforme entramos en la etapa final del 2025 y a tan sólo unos cuantos días de que se cumplieran 3 años del lanzamiento público de ChatGPT, resulta oportuno detenerse por un momento a reflexionar sobre el estado actual de esta revolución tecnológica y el efecto que ha tenido en uno de los sectores profesionales más dinámicos: el Derecho.

A estas alturas, no cabe duda de que la Inteligencia Artificial representa una de las mayores transformaciones tecnológicas de la historia. Desde el verano de 1956, cuando un grupo de investigadores de primer nivel sentó las bases de la IA, hasta hoy, se han producido innumerables descubrimientos y avances científicos en sectores tan diversos como la biología, la medicina y las ciencias ambientales, por mencionar algunos, donde la IA ha tenido un papel central.

Como no podría ser de otra manera, el sector legal también se ha visto impactado de forma transversal, tanto en la manera en que se gestan (día a día) las principales regulaciones y normas jurídicas a nivel global, como la forma en que el gremio ha integrado en su dinámica profesional estas tecnologías. Para muestra un botón: de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, 2025), entre las principales funciones para las cuales se estima una disminución dentro del próximo lustro, se encuentran dos roles administrativos y de apoyo esenciales dentro del ámbito legal: secretarios y oficiales legales. Esto significa que muchas de las actividades propias de este tipo de perfiles (como podría ser la búsqueda de jurisprudencia, leyes y normas aplicables a un caso concreto y la redacción de documentos legales de baja complejidad) ya están siendo realizadas por diversos modelos de IA Generativa (GenAI).

Ahora bien, ¿por qué la profesión jurídica es particularmente vulnerable a estos avances tecnológicos? La respuesta a esta interrogante es tan variable como multifactorial: de entrada, porque un porcentaje no menor de las labores cotidianas de un abogado (con independencia de la rama en la que se especialice) pueden ser automatizadas (y aquí la lista de ejemplos es tan amplia como la oferta de soluciones ya existentes en el mercado: gestión administrativa-documental, análisis predictivo en materia litigiosa, auditorías y gestión de riesgos, redacción y análisis de contratos y búsqueda legal, entre otros), lo cual se traduce en una reducción significativa de horas en tareas rutinarias y, como consecuencia, ese ahorro de tiempo permite a los profesionales del Derecho enfocarse en el asesoramiento estratégico y el trabajo de casos complejos.

El hecho de que se estime que hasta el 44% (Cooke & Barg, 2024) de las tareas realizadas por profesionistas legales puedan ser automatizadas por sistemas de Inteligencia Artificial, debería ser una poderosa llamada de atención, no sólo desde la perspectiva del alto grado de vulnerabilidad del foro ante las nuevas tecnologías, sino de la forma en la que interactuamos con ellas, las adaptamos a nuestra labor cotidiana y encontramos mecanismos para capacitarnos al respecto. Es decir, si bien aún estamos presenciando los albores del rediseño de la Abogacía como profesión, queda claro que en los próximos años veremos el surgimiento de perfiles híbridos como el de » Científico de datos legales» o » Tecnólogo jurídico» que -por mencionar un par de ellos- lo que llevará a la transmutación de todo el ecosistema legal: desde la actualización de los planes de estudio universitarios, la ampliación de la oferta académica y de capacitación para perfiles especializados y hasta el cambio en los modelos de negocio de las grandes firmas de abogados, estamos ante una transformación que no dejará indiferente a nadie.

(Imagen: E&J)

Así, la comunidad jurídica ha encontrado a un valioso aliado en la GenAI (que, a grandes rasgos, es aquella que permite la generación de contenido como texto, imágenes, audio y video) pues se trata de una herramienta de fácil acceso y uso, que no requiere de un gran expertise o de conocimientos muy técnicos. El uso de modelos populares (como Claude, NotebookLM, Perplexity o el propio ChatGPT) para tareas rutinarias y otros más especializados (como Harvey para el análisis de clausulado complejo y búsqueda de precedentes judiciales, Everlaw para litigios o Arena QMS para cumplimiento normativo) están teniendo un gran nivel de aceptación.

Tal como muestra una encuesta realizada por la Asociación Europea de Tecnología Legal (ELTA & LSG, 2024), el 84% de los profesionales jurídicos encuestados ya utiliza GenAI, y el 90% considera que esta herramienta potencia de manera significativa sus actividades profesionales.

El mismo reporte consultado arroja otras cifras de suyo interesantes: entre los usos principales se encuentran el resumen de documentos y el análisis y/o extracción de datos de documentos. Además, entre el sector legal permea una percepción positiva sobre el impacto que la IA tiene dentro de sus labores e identifican una mayor cantidad de pros que de contras. No obstante, es fundamental subrayar los riesgos y desventajas que trae aparejados esta ola tecnológica y que, en un primer acercamiento, identifico en dos grandes rubros: (i) ámbito profesional/académico; (ii) laboral/social.

En el ámbito profesional y académico, usar sistemas de IA implica una responsabilidad considerable para cualquier abogado. Estos mecanismos pueden producir respuestas incorrectas, imprecisas o directamente inventadas que, aunque suenen convincentes, no son reales. Un ejemplo claro es la base “AI Hallucination Cases” compilada por Damien Charlotin (2025), que recoge 620 casos en los que tribunales identificaron contenido generado por IA que resultó falso o fabricado.

A esto se suman otros riesgos relevantes: posibles violaciones a la privacidad por cargar documentos sensibles sin anonimizar, infracciones a derechos de autor al utilizar obras protegidas sin autorización y responsabilidades derivadas de sesgos o discriminación algorítmica presentes en los modelos.

A nivel académico, el riesgo central es usar la GenAI de manera poco ética, dejando que estas herramientas sustituyan el trabajo investigativo del estudiante. Por eso es clave que los futuros juristas conozcan desde su formación las normas éticas que regulan el uso de esta tecnología y que las instituciones educativas impulsen una verdadera alfabetización digital. Esto implica no sólo actualizar los planes de estudio, sino también revisar políticas internas y establecer criterios claros sobre el uso responsable de la IA por parte del alumnado.

(Imagen: E&J)

En el plano laboral y social estamos frente a dinámicas especialmente complejas. En el ámbito del trabajo, la automatización de un alto porcentaje de tareas rutinarias (como ocurre en muchas otras profesiones) reducirá las oportunidades para abogados recién egresados y, en varios casos, provocará recortes de personal. En lo social, también cambiará la forma en que se percibe al abogado y a la Abogacía como institución. Tendremos que asumir un nuevo perfil profesional: más habilidades técnicas, una formación continua real y permanente, y una sensibilidad mayor frente a los retos sociales que trae la IA.

Afortunadamente, ya existen esfuerzos relevantes en la materia, como los “Lineamientos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA) para el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ejercicio Profesional del Derecho”, en México, y la “Guía ICAM de Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Abogacía”, en España, que evidencian un compromiso real por fortalecer la práctica jurídica frente a estos nuevos desafíos.

En síntesis, nuestra profesión enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. El gremio debe replantear con seriedad la naturaleza de su labor para propiciar una verdadera transformación del Derecho. Ello exige modernizar la práctica jurídica sin abandonar sus fundamentos doctrinales, mantener una actualización constante y adoptar las herramientas que hoy definen el rumbo, con la Inteligencia Artificial como elemento fundamental.

El fortalecimiento de las habilidades técnicas y humanas permitirá no sólo adaptarse al acelerado ritmo del cambio tecnológico, sino también ocupar un papel relevante en el diseño de soluciones con impacto social, actuando siempre con sensibilidad y conciencia profesional.

Sólo mediante una visión integral de la función jurídica y un alto sentido de responsabilidad social ante esta transformación tecnológica, asumiendo la obligación de formarse y adaptarse a un entorno que evoluciona con rapidez, los abogados podremos convertirnos en un verdadero activo para la sociedad. Quienes se resistan a reconocer esta realidad, bajo una suerte de ideología neoludista, se arriesgan a quedar fuera de un sistema profesional que ya no admite la inercia y, por ende, a caer en la irrelevancia.