La Inspección de Trabajo podrá vigilar el comportamiento de los despachos de abogados con los becarios

El Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado el pasado 1 de marzo, la puesta en funcionamiento del “buzón de las personas becarias”, que organiza el Instituto de la Juventud (también conocido como Injuve) con el apoyo de la Inspección de Trabajo.

Este buzón de denuncias anónimas tiene, según el Ejecutivo, el objetivo de detectar malas prácticas en becas y prácticas profesionales. Pretende recoger experiencias sobre prácticas profesionales que puedan haberse utilizado de manera fraudulenta, sustituyendo trabajo estructural que debería ser remunerado.

El Instituto de la Juventud gestionará la información recopilada por medio de este mecanismo. Posteriormente, esta información será remitida a Inspección del Trabajo, que podrá realizar actuaciones específicas para comprobar el cumplimiento de la normativa social, especialmente en relación con las falsas prácticas no laborales.

Las denuncias anónimas cada vez tienen mayor predicamento en nuestro ordenamiento, pues sin dudad son muy efectivas para según qué tipo de procedimientos de investigación, pero también es cierto que en muchos casos provocan indefensión en el señalado. La denuncia anónima, es decir, la delación suele ser clandestina; mientras que la denuncia formal exige la identificación del denunciante.

(Imagen: E&J)

En España, desde el 1 de enero de 2024, es obligatorio dar de alta y cotizar a la Seguridad Social por todos los becarios (curriculares o extracurriculares).

Tradicionalmente en el sector de la abogacía, la formación práctica ha sido fundamental para la preparación de los nuevos letrados. Las tradicionales “pasantías” constituían una pieza clave para la formación jurídica. Hoy en día cada vez es más complicado y difícil encontrar despachos de abogados que de forma amplia admitan becarios, pues el tenerlos, además de representar un costo —por regla general sin contraprestación directa alguna— implica asumir una serie de riesgos en relación a una nueva normativa que en muchos casos parece nacer con la presunción de que el acogedor de becarios es un potencial explotador, cuando en profesiones como la abogacía, tener un becario implica estar continuamente atento a lo que hacen. Pues, en la abogacía, como en la medicina, cualquier error puede tener consecuencias muy graves.

Es positivo tratar de evitar fraudes, pero hay que hacerlo con plenas garantías para los implicados. Hay que premiar a los profesionales honrados que con una generosidad inmensa comparten su conocimiento con los más jóvenes de forma altruista.