De la notaría al juzgado: principales motivos de conflicto en las operaciones de M&A

En los dos últimos años el mercado español de fusiones y adquisiciones (M&A) ha experimentado un repunte muy significativo, principalmente en términos de valor, aunque también en cuanto al número de operaciones, impulsado por tickets medios crecientes y una intensa actividad del capital privado. Parece que 2026 va en la misma línea ascendente, aunque habrá que esperar a ver cómo evoluciona un mercado especialmente sensible a la situación política y económica mundial.

Este dinamismo transaccional viene acompañado de un fenómeno paralelo menos visible, como es el crecimiento sostenido de los conflictos posteriores al cierre, donde las disputas sobre los ajustes al precio y el cálculo del variable pactado (earn-out), el cumplimiento de las manifestaciones y garantías (R&W) y la defensa y responsabilidad frente a reclamaciones de terceros, se configuran como los principales puntos de fricción.

Hay que tener en cuenta, además, que la litigiosidad aflora con un desfase de, al menos, uno o dos años desde el cierre de la operación, lo que permite anticipar que el ciclo actual de crecimiento de las operaciones de M&A vendrá, con toda seguridad, acompañado de un incremento adicional de disputas en los próximos años.

En este contexto, la función preventiva que proporciona un asesoramiento jurídico adecuado cobra especial relevancia. Una due diligence rigurosa y bien dirigida, capaz de identificar los riesgos materiales de cada transacción y de traducirlos en un sistema de asignación de responsabilidades a medida —a través de manifestaciones y garantías, indemnidades específicas, límites de responsabilidad y mecanismos de resolución de controversias— se ha convertido en la herramienta más eficaz para mitigar esta litigiosidad futura.

Las principales fuentes de conflicto en las operaciones de M&A se concentran en tres grandes bloques: precio (ajustes y earn‑outs), declaraciones y garantías (incluidas las indemnidades específicas y las coberturas de seguros W&I) y régimen de responsabilidad (límites y procedimientos ante reclamaciones de terceros).

(Imagen: E&J)

La primera causa de disputa reside en los mecanismos de fijación y ajuste del precio. Las definiciones ambiguas de magnitudes o conceptos financieros, criterios contables insuficientemente precisos o la falta de reglas sobre el margen de maniobra del comprador en la gestión post‑cierre son terreno fértil para el litigio. De ahí la necesidad de establecer parámetros financieros claros, ejemplos numéricos y mecanismos ágiles de experto independiente para disputas puramente cuantitativas. Mención aparte merece la figura del earn‑out que, a menudo, es utilizado de forma incorrecta para regular pagos diferidos del precio fijo, en lugar de reservarlos a supuestos donde realmente aporte una alineación de intereses entre el comprador y el vendedor.

El segundo gran foco de controversia se sitúa en las manifestaciones y garantías del vendedor y en las indemnidades específicas para riesgos conocidos. Las reclamaciones típicas derivan de contingencias fiscales, laborales, regulatorias o comerciales que el comprador considera no reveladas o defectuosamente informadas. Aquí, la due diligence deja de ser un mero checklist para convertirse en el verdadero guion del contrato: lo que se identifica debe reflejarse como excepción a las garantías o como indemnidad específica con un tratamiento económico particular. Paralelamente, el seguro de manifestaciones y garantías (W&I) se va consolidando como instrumento eficaz para trasladar parte del riesgo a una aseguradora si bien, de su aplicación también se deriva una buena parte de las disputas entre comprador y vendedor y entre estos y las compañías aseguradoras.

El tercer bloque de litigiosidad guarda relación respecto de los límites de responsabilidad y del procedimiento de reclamación frente al vendedor: plazos, umbrales y caps, así como reglas de protección del comprador frente a reclamaciones de terceros. Son frecuentes, en la práctica, los procedimientos judiciales o arbitrajes que se dirimen por defectos en las notificaciones entre las partes, por el incumplimiento de un plazo específico o por la falta de coordinación entre quién soporta el riesgo y quién dirige la defensa frente a una reclamación de un tercero por hechos previos al cierre de la operación. Cobra especial relevancia aquí la claridad, simplicidad y coherencia en la redacción de las cláusulas contractuales que regulen los procesos y establezcan las responsabilidades asumidas por cada parte.

Finalmente, la elección entre arbitraje y jurisdicción ordinaria se ha convertido en un eje relevante en el diseño de las operaciones de M&A. La experiencia de los últimos años muestra un avance del arbitraje como mecanismo de resolución de disputas, si bien la sumisión a juzgados y tribunales sigue siendo mayoritaria, primando la (aparente) seguridad jurídica de la jurisdicción ordinaria sobre la flexibilidad y agilidad del proceso arbitral. Habrá que esperar para comprobar el efecto que tendrá en este reparto la introducción, relativamente reciente, de la figura de los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) como requisito de procedibilidad en los procedimientos judiciales.