El ICAM alerta de posibles inconstitucionalidades en la Ley 1/2025 por limitar el acceso a la justicia

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios sus dudas sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, al considerar que la obligatoriedad de los Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) podría vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

En un informe remitido a las instituciones, coincidiendo con el primer año de vigencia de la norma, el ICAM sostiene que la exigencia de acudir previamente a un intento de solución extrajudicial antes de presentar una demanda civil está funcionando en la práctica como una barrera de acceso a la jurisdicción. En particular, señala que los apartados 5.1 y 5.2 del artículo 5 configuran un auténtico requisito de procedibilidad que puede retrasar o incluso impedir que los ciudadanos obtengan una resolución judicial sobre el fondo del asunto.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha advertido de que “la eficiencia no puede construirse a costa de restringir el acceso a la justicia”, subrayando que la caída en el número de demandas no debe interpretarse automáticamente como un éxito si responde a obstáculos adicionales para acudir a los tribunales.

Un “peaje” previo para acudir al juez

Según el informe, el problema no radica en la existencia de mecanismos extrajudiciales, sino en su carácter obligatorio. El ICAM sostiene que el sistema convierte los MASC en una especie de “peaje” previo, desplazando el foco del litigio desde el fondo del conflicto hacia el cumplimiento de un requisito formal.

Esta situación, advierte la institución, está generando nuevas controversias procesales sobre la acreditación, suficiencia y alcance del intento de acuerdo, lo que provoca incidencias de admisión, subsanaciones y criterios dispares entre órganos judiciales. Lejos de reducir la carga del sistema, este fenómeno podría incrementarla y ralentizar la respuesta judicial.

Costes, complejidad y desigualdad

El Colegio identifica además varios déficits en el diseño del sistema, especialmente en términos de proporcionalidad e idoneidad. Entre los principales problemas destacan los costes económicos asociados al intento de acuerdo —como el envío de comunicaciones fehacientes—, la complejidad técnica del trámite y la falta de implantación homogénea en todo el territorio.

Estas circunstancias, según el ICAM, pueden generar desigualdades entre las partes y afectar especialmente a los colectivos más vulnerables. En este sentido, Juan Manuel Mayllo, responsable del Turno de Oficio, ha advertido de que el sistema introduce cargas que no siempre están cubiertas por la justicia gratuita, comprometiendo el carácter universal del acceso a la justicia.

(Imagen: E&J)

Rechazo mayoritario de la abogacía

Las conclusiones del informe se apoyan en una encuesta realizada a 1.164 abogados madrileños, que refleja un amplio rechazo a la reforma. El 84 % de los profesionales se muestra en contra de la obligatoriedad de los MASC, mientras que solo uno de cada diez intentos de acuerdo culmina con éxito.

Además, el 90 % considera que estos mecanismos están ralentizando los procedimientos, y el 71 % denuncia la falta de criterios homogéneos en los juzgados. Más de la mitad de los encuestados afirma haber tenido dificultades para acreditar el cumplimiento del requisito, lo que evidencia un aumento de la inseguridad jurídica.

Menos demandas, pero sin mejora del sistema

Los datos del Consejo General del Poder Judicial apuntan a una reducción de la litigiosidad en 2025, con un descenso del 7,7 % en el orden civil. Sin embargo, el ICAM advierte de que esta caída no se traduce en una mejora del funcionamiento del sistema, ya que la pendencia apenas disminuye y, en algunos casos, aumenta.

Para la institución, esto indica que el problema no se está resolviendo, sino desplazando a fases previas al proceso, lo que refuerza la idea de que el requisito obligatorio puede estar actuando como un obstáculo estructural.

Especial impacto en familia e internacional

El informe también pone el foco en ámbitos especialmente sensibles. En los procedimientos de familia con menores, el ICAM alerta de que los retrasos derivados del requisito previo pueden agravar los conflictos y afectar directamente a los menores.

En esta línea, la vicedecana Isabel Winkels subraya que imponer un trámite obligatorio en estos casos puede cronificar situaciones que requieren una respuesta judicial ágil.

Asimismo, en litigios internacionales, la institución advierte del riesgo de estrategias de forum shopping, permitiendo que una de las partes se adelante y acuda a tribunales de otro país.

Petición de revisión legislativa

Ante este escenario, el ICAM ha solicitado al Gobierno una revisión del diseño de la ley, al considerar que puede afectar al contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. La institución insiste en que los mecanismos extrajudiciales pueden ser útiles, pero advierte de que su imposición generalizada como requisito obligatorio puede convertirlos en un obstáculo para el acceso a la justicia.

El debate queda ahora abierto en el ámbito político y jurídico, con la posible necesidad de ajustes legislativos que permitan compatibilizar la eficiencia del sistema con las garantías constitucionales.