Tres años de prisión y más de 155.000 euros por grafitis en trenes: la Justicia endurece el castigo por daños al transporte público, sin pruebas directas solo indiciarias
El fallo evidencia la severidad frente a los daños al patrimonio público y reabre el debate sobre la exigencia de responsabilidades tras episodios como el accidente de Adamuz
(Imagen: E&J)
Tres años de prisión y más de 155.000 euros por grafitis en trenes: la Justicia endurece el castigo por daños al transporte público, sin pruebas directas solo indiciarias
El fallo evidencia la severidad frente a los daños al patrimonio público y reabre el debate sobre la exigencia de responsabilidades tras episodios como el accidente de Adamuz
(Imagen: E&J)
La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado la condena de tres años de prisión a un grafitero por realizar pintadas en trenes de Renfe durante varios años, obligándole además a indemnizar a la compañía pública con más de 155.000 euros por los daños causados.
La sentencia de 26 de febrero de 2026 refuerza la línea jurisprudencial que endurece la respuesta penal frente a este tipo de conductas cuando afectan a bienes públicos y generan un impacto económico significativo.
34 actos vandálicos y más de 1.300 metros cuadrados pintados
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2016 y 2018, durante el cual el acusado realizó grafitis de forma reiterada en trenes situados en estaciones y cocherones.
La resolución declara probados 34 actos vandálicos, con una superficie pintada superior a los 1.300 metros cuadrados, lo que obligó a retirar trenes del servicio para su reparación y generó un perjuicio económico cifrado en 155.487,30 euros.
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Sin pruebas directas, pero con una sólida prueba indiciaria
La defensa alegó vulneración de la presunción de inocencia al no existir grabaciones, testigos directos ni intervención del acusado en el momento de los hechos. Sin embargo, la Audiencia recuerda que este tipo de delitos se cometen de forma clandestina, por lo que es habitual que la autoría se acredite mediante prueba indiciaria.
En este caso, la condena se apoya en un conjunto de indicios “sólido y coherente”: atestados policiales, testifical de agentes especializados, informes periciales y, de forma especialmente relevante, el análisis de redes sociales. El acusado publicaba en sus perfiles imágenes de grafitis con las mismas firmas o “tags” que aparecían en los trenes, algunas coincidentes con los daños denunciados, lo que permitió vincularle con los hechos.
(Imagen: E&J)
No es un simple deslucimiento: es delito de daños
Uno de los aspectos clave del caso era determinar si las pintadas constituían un mero deslucimiento, un simple afeamiento sin relevancia penal, o un delito de daños.
La Audiencia es tajante: no se trataba de una alteración superficial. Según la prueba pericial, la eliminación de los grafitis exigía intervenciones técnicas complejas, incluyendo el uso de productos químicos agresivos, la reposición de protecciones anti grafiti y la reparación de elementos afectados del tren.
Esto supone un menoscabo patrimonial real, lo que encaja plenamente en el delito de daños del artículo 263 del Código Penal. La Sala aplica, además, el tipo agravado al tratarse de bienes destinados al transporte público, ya que no solo se daña el patrimonio de una entidad pública, sino que se afecta al funcionamiento de un servicio esencial, obligando a retirar trenes y alterando la operativa ferroviaria.
Tres años de prisión y una elevada responsabilidad civil
La Audiencia confirma íntegramente la condena impuesta en primera instancia: 3 años de prisión, multa de 24 meses e indemnización de 155.487,30 euros a Renfe.
El Tribunal rechaza reducir la cuantía de la responsabilidad civil, validando que incluya todos los costes necesarios para la reparación, como mano de obra o IVA, en aplicación del principio de reparación íntegra del daño y deja un mensaje claro: el coste económico marca la diferencia y las pintadas dejan de ser una cuestión estética o administrativa cuando generan un coste relevante. En esos casos, no se trata de “arte urbano”, sino de daños al patrimonio, con consecuencias penales y económicas muy severas.
La resolución consolida así una línea jurisprudencial cada vez más firme: quien daña bienes públicos, especialmente servicios esenciales como el transporte ferroviario, no solo se enfrenta a penas de prisión, sino también a indemnizaciones que pueden alcanzar cifras muy elevadas.
